Oaxaca.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena los actos de espionaje digital y acoso contra periodistas, activistas anticorrupción y personas defensoras de derechos humanos, incluidos integrantes de sus familias, hechos públicos el pasado lunes 19 de junio, tras una investigación de varias organizaciones sociales[1]. La ONU-DH recuerda que estos hechos y otros denunciados con anterioridad, como los realizados contra integrantes de la Alianza por la Salud Alimentaria, constituyen entre otras violaciones injerencias arbitrarias en la vida personal, prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos, que deben ser investigadas y los responsables rendir cuentas. “Los hechos denunciados son profundamente preocupantes. Comprendemos plenamente la indignación que sienten quienes han sido víctimas de estos actos, particularmente en el caso del menor de edad y la esposa de una de las víctimas. Además, el hecho de que periodistas, activistas y defensores sean objeto de estas acciones resulta especialmente grave por el esencial papel que juegan en un estado democrático de derecho, pues con su trabajo contribuyen a la fiscalización del poder, la difusión de información, la promoción y protección de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y por la justicia”, aseguró Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México. El uso de herramientas tecnológicas de vigilancia por parte de instituciones públicas debe estar sometido a estrictos controles que eviten cualquier utilización ilegal de las mismas. En este sentido, la ONU-DH recuerda que existe un amplio número de medidas señaladas por distintos órganos internacionales como esenciales para evitar injerencias arbitrarias e intervenciones ilegales de comunicaciones, que incluyen controles internos, judiciales, parlamentarios y por parte del ejecutivo, así como mecanismos para garantizar la rendición de cuentas de carácter público sobre el uso de estos sistemas. “Con independencia del avance de las investigaciones judiciales, desde mi Oficina exhortamos a las autoridades para que informen qué instituciones públicas cuentan con estos recursos tecnológicos, de qué manera los utilizan y, sobre todo, qué medidas se adoptaron para garantizar su control, deslindando las posibles responsabilidades administrativas por su uso ilegal”, resaltó el Sr. Jarab. La ONU-DH saluda la solicitud de medidas cautelares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigidas a Sedena, Semar, Segob y la PGR y hace un llamado para el cumplimiento de las acciones solicitadas. Asimismo, la ONU-DH toma nota del anuncio de la PGR de investigar estos hechos y alienta a que dicha investigación se realice de forma pronta, exhaustiva e imparcial, agotando todas las líneas de investigación e informando regularmente a la sociedad mexicana de los avances de la investigación, dada la trascendencia del caso. Adicionalmente, la ONU-DH exhorta a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para que en el marco de sus funciones cómo órgano de control y evaluación de las políticas y acciones en dicho campo, verifique de manera permanente que los servicios de inteligencia, tanto civiles como militares, cumplen las leyes vigentes, así como las normas de derechos humanos, y realizan un uso adecuado de los fondos públicos asignados. Finalmente, la ONU-DH reitera su solidaridad con todas las personas que han sido víctimas de este tipo de injerencia arbitraria en su vida personal.