Por: Rosalinda Hernández Alarcón*/Cimacnoticias 

Guatemala, Gua.-Inculpar a las madres de las niñas y adolescentes, quienes estaban institucionalizadas en el gubernamental Hogar Virgen de la Asunción y fallecieron quemadas en un cuarto que estaba bajo llave, y no al Estado de Guatemala, muestra una visión deshumanizada de lo ocurrido el 8 de marzo pasado. Mientras continúan las audiencias de este caso, de nuevo se escuchan voces que estigmatizan a las niñas y adolescentes que estaban bajo resguardo del Estado en ese albergue, por decisión de los jueces respectivos. Hay que responder a esos comentarios porque representan una actitud discriminatoria contra quienes son pobres, viven múltiples violencias patriarcales y carecen de oportunidades, además porque reproducen prejuicios racistas, de género y de clase. Conforme sigue la etapa intermedia del proceso contra tres de los ocho inculpados, se conoce de la aceptación definitiva de la organización Mujeres Transformando el Mundo como querellante, misma que presentó el 4 de agosto una querella penal por el delito de tortura contra los imputados, misma que fue aceptada. Esto significa que se seguirán dos caminos en la búsqueda de la justicia. Uno conducido por el Ministerio Público que señala delitos culposos (son aquellos en los que se reconoce algún grado de acción lícita por el encierro de las y los jóvenes); otro que inicia, el cual vincula todos los hechos que dañaron a niñas, niños y adolescentes de los hogares Virgen de la Asunción y San Gabriel, en los que tuvo lugar una acción ilícita de castigo y llevó a la pérdida de 42 vidas. Han pasado cinco meses, en los que se ha conocido más detalles de los hechos ocurridos en un hogar bajo responsabilidad de la Presidencia de la República, en un país cuyo contexto se distingue por las relaciones jerarquizadas, y se va evidenciando -a partir del 2015- los tentáculos de la corrupción ejercida por funcionarios del Ejecutivo, diputados, grandes empresarios y sus empleados de confianza. En lugar de circunscribir el proceso judicial de manera fraccionada para demostrar si hubo o no negligencia por parte de los funcionarios públicos encargados del cuidado y protección de niñas y adolescentes; con la participación de Mujeres Transformando el Mundo se abre la posibilidad de analizar de manera integral si ocurrió una acción ilícita al encerrar en un auditorio a 43 jóvenes y en un cuarto con barrotes a 56 niñas y adolescentes con la clara intensión de reprimirlos. Cabe preguntar qué persiguen quienes siguen criminalizando a las personas menores de 18 años de edad que están bajo resguardo del Estado, debido a que en sus casas familiares no cuentan con condiciones dignas para vivir o carecen de un hogar, han sufrido violación sexual o amenazas por individuos vinculados a grupos delictivos, enfrentan otros tipos de violencia o son potenciales víctimas de los delitos de trata. Hay que refutar esa corriente de opinión, ya que al inculpar a las madres de niñas y adolescentes buscan descalificar que ellas merezcan una reparación digna o bien minimizar la pésima actuación de funcionarios públicos que avalaron el uso excesivo de la fuerza, desconocieron las denuncias presentadas e ignoraron las causas que originan la institucionalización de niñas, niños y adolescentes en el Hogar Virgen de la Asunción.