Oaxaca.- El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, y el ombusman nacional, Luis Raúl González Pérez, coincidieron en la demanda de que se legisle para crear una Fiscalía General independiente, autónoma y eficaz. El alto comisionado de la ONU pidió al Senado que antes de designar el Fiscal General primero se lleve a cabo una reforma constitucional para darle autonomía e independencia, que habrá de sustituir a la PGR, ya que es lo que requiere el país. Durante la presentación del informe de labores de la Comisión de Derechos Humanos, Jarab resaltó que “primero tienen que ver los cómos, antes de ver quién va hacer el fiscal”. Se requiere, insistió, una reforma para ajustarla a la demanda de la sociedad de que sea un fiscal autónomo e independiente. Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) coincidió en que el país requiere una fiscal independiente y autónoma. Advirtió que el cambio a fiscal general, la atención de los problemas de inseguridad y falta de justicia  que vive el país no puede subordinarse a intereses particulares o coyunturas políticas, pues requiere visión integral. González Pérez afirmó que el cambio institucional de Procuraduría General de la Republica a Fiscalía General, debe formar parte de una revisión integral de la procuración e impartición de justicia y para mejorar la seguridad de los ciudadanos. “Deberemos tratar los temas (de seguridad y justicia) en un esquema amplio para tratar de manera conjunta y estructurada las partes trascendentales de la justicia penal, junto con el esquema y estructura de impartición y justicia para completar el cambio de la actual Procuraduría General a una Fiscalía General autónoma, independiente y eficaz”, dijo. Asimismo, resaltó que como parte de esta agenda integral de cambios para mejorar la justicia y la seguridad en México, se requiere determinar el tipo de autoridad que asumirá sustantivamente las tareas de la seguridad pública, así como los modelos bajo los cuales se daría su operación, la que, insistió, debe recaer en la autoridad civil.