Oaxaca.- A través de la Comisión Permanente de Evaluación y Seguimiento de la Operatividad y Consolidación del Sistema Acusatorio en el estado, el Poder Judicial de Oaxaca mantiene una permanente supervisión del quehacer cotidiano de los jueces y del personal administrativo que labora en los juzgados de control y tribunales de enjuiciamiento, quienes se encuentran en constante actualización jurídica, no sólo en el ámbito penal y procesal penal, sino también de los derechos humanos.

En su reciente Informe de Actividades, el Magistrado Presidente, Raúl Bolaños Cacho señaló que después de que Oaxaca fue pionero en el sistema acusatorio y referente obligado a nivel nacional, en los últimos años se generaron una serie de problemas que en el entorno mexicano ubican a la entidad, entre los estados que no han tomado las mejores decisiones para afianzar dicho sistema.

De entre esta problemática destaca un rezago significativo en la culminación de las causas penales iniciadas y que conlleva, en consecuencia, a la violación de un debido acceso a la justicia y a una justicia pronta y expedita de imputados como de víctimas, indicó.

Por esa razón, el pleno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la presidencia nombró una Comisión  integrada por los magistrados Crescencio Modesto Martínez Geminiano, Arturo Lázaro León de la Vega y Gerardo Adelfo Carmona Castillo, con el fin de coadyuvar y subsanar las múltiples deficiencias en que se ha incurrido en la operatividad del nuevo modelo de enjuiciamiento penal.

Durante los primeros ocho meses de trabajo y después del diagnóstico respectivo, se han adoptado, entre otras medidas de trascendencia, la reestructuración del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y del personal administrativo e informático del sistema acusatorio, así como la creación de la coordinación administrativa del sistema acusatorio en el estado y el rescate de la figura de los administradores regionales, quienes son los encargados de apoyar administrativa e informáticamente a los órganos jurisdiccionales.

También, el reforzamiento de reuniones regionales de magistrados con jueces, agentes del ministerio público y defensores públicos que operan el sistema, y de otras instituciones afines como el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado, la Unidad de Medidas Cautelares dependiente de la Subsecretaria de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, A.C (CEPIADET), asociación civil integrada principalmente por abogados bilingües.