Oaxaca.-Frente a los inacabables actos de corrupción entre los funcionarios del sistema político mexicano, COPARMEX CDMX propone como ya se ha realizado en la República del Perú, la Ley de Muerte Civil (aquí la podríamos llamar Muerte Política) para aquellos corruptos que hayan sido vinculados a proceso y sentenciados. De acuerdo con cifras de Forbes, la corrupción le cuesta a México 347 mil millones de pesos anuales, lo que significa el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y de acuerdo con el índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2015, de Transparencia Internacional (IT), nuestro país ocupa el lugar 95 de 168 países. Eventos como los recientes sismos ocurridos el mes pasado han puesto en tela de juicio la actuación de funcionarios públicos a nivel nacional, quienes por acción u omisión, podrían tener responsabilidades en las afectaciones de los movimientos telúricos. Hoy se encuentran en proceso el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales a los que los grupos en el poder buscan construir “a modo”, pero tampoco existe una ley que inhabilite de por vida a un funcionario que cometa actos de corrupción, de manera que no pueda ni postularse a cargos de elección popular para evitar que consiga tener fuero ni pasar a otro encargo en la función pública. México necesita una reacción social frente a quienes aprovechan la laxitud de un sistema construido para los vivos que en base a acciones ilegales logran poder, frente a la mayoría de los ciudadanos que respetan las leyes y son presa de ellas. En la actualidad, el corrupto afronta la vergüenza temporal y hasta se ríe en público de sus captores y sus detractores porque sabe que la pena no pasará del desprestigio público que remediará, posteriormente, con el dinero obtenido de forma ilegal y un electorado “comprado” o el compadrazgo. El pacto social que nos dio una forma de organizarnos en comunidad fue para bien administrar nuestros recursos y potenciar cada una de las fuerzas individuales con el fin de crecer colectivamente hacia un mejor estado de cosas. Hoy ese pacto social está roto y sólo unos cuántos, que ejercen el poder, se benefician de los bienes colectivos y faltan al pacto primigenio. Por este motivo, COPARMEX CDMX solicita a los actuales legisladores federales, de los estados y de la Ciudad de México a que asuman su compromiso social y que en sus próximos periodos ordinarios le den cabida a una ley que restrinja de todos sus derechos para ser votado y a participar en la administración pública a todo aquel ciudadano que haya cometido actos de corrupción y haya sido vinculado a proceso y sentenciado. Y a la sociedad en general, se le convoca a impulsar una ley de esta magnitud con el fin de regresar el estado de cosas a la vertiente original del pacto social, con el fin de lograr una sociedad bien organizada, mejor administrada y con el estado de satisfacción y bienestar que nos merecemos.