Al finalizar el séptimo encuentro de la Red Nacional de Periodistas que se realizó este 13 y 14 de octubre en la ciudad de Oaxaca, las comunicadoras que laboran en 78 medios nacionales, exigieron el cumplimiento de la Recomendación general 25 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) referente a protección de mujeres periodistas. En un pronunciamiento, las informadoras llamaron a las autoridades mexicanas de todos los niveles de gobierno a investigar y esclarecer los asesinatos y agresiones de mujeres periodistas, toda vez, que desde 2006 y hasta 2017, Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC) ha documentado 430 agresiones contra mujeres periodistas. Las integrantes de la Red repudiaron el contexto de violencia y censura generalizada en el país en contra de quienes ejercen y defienden el derecho a la libertad de expresión y el periodismo desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), periodo en el que se han registrado 19 asesinatos y dos desapariciones de mujeres periodistas. En este contexto, el Programa de Libertad de Expresión de CIMAC, organización que ha documentado la violencia específica contra mujeres periodistas en el país en 3 informes, señala que 56 por ciento de las agresiones cometidas contra mujeres periodistas son cometidas por parte de agentes del Estado, ya sea del gobierno federal, estatal o municipal. Las comunicadoras rechazaron las leyes que simulan la protección para periodistas y mecanismos (como la llamada ley Borge en Quintana Roo o las leyes de Hidalgo y Morelos) porque no garantizan la seguridad de las periodistas ni protegen la libertad de expresión, y pidieron que se fortalezcan las instancias de protección que funcionan y son reconocidas por periodistas. Durante los dos días de trabajo las participantes coincidieron en que las agresiones contra mujeres periodistas tienen una evidente carga de género: amenazas a ellas y a sus familias; acoso, abuso y hostigamiento sexual; difamación y calumnia con cargas sexistas; así como un impacto en su vida profesional y personal. La Red, una iniciativa que desde 1995 promueve la igualdad de género en y a través de los medios de comunicación, hizo evidente la necesidad de denunciar las condiciones laborales precarias, largas jornadas de trabajo, la falta de derechos laborales, brechas salariales de género y diferentes tipos de violencia al interior de las redacciones, condiciones que, dijeron, vulneran el ejercicio periodístico. Recordaron que el Monitoreo Global de Medios 2015 (realizado cada cinco años por la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, WACC, por sus siglas en inglés) encontró que sólo 24 por ciento de los contenidos mediáticos contemplan a las mujeres como fuentes de información y cuando lo hacen, son representadas desde el sexismo, la discriminación y la revictimización. Ante esta situación, consideraron que las acciones que ha implementado el Estado mexicano han sido una simulación, son ineficaces, indolentes, omisas e insuficientes para garantizar el Derecho Humano a la libertad de expresión, a la información, a la comunicación y a una vida libre de violencias. Las mujeres periodistas también exigieron al Estado mexicano cumplir la Ley Federal del Trabajo en las empresas de los medios de comunicación; que el Congreso de la Unión legisle la violencia mediática en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y expida la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional en materia de la regulación de la publicidad oficial, y políticas públicas claras y efectivas para la protección del trabajo periodístico.