Oaxaca.-Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), afirmó que “el 2016 no fue un buen año para los derechos humanos en México; la corrupción, la impunidad y la falta de una efectiva rendición de cuentas hizo patente la falta de ética y valores en diversas autoridades e instituciones”. Enfatizó que a pesar de la voluntad expresada por autoridades, las acciones y los recursos, 2016 fue un año en el que no se garantizó la vigencia de los derechos humanos en varias regiones de México. Mencionó la falta de capacitación y coordinación que ha debilitado el estado de Derecho y que ha permitido la ineficacia administrativa. Luis Raúl González Pérez señaló que 2016 fue un año en el que en varias partes de México no hubo condiciones mínimas de seguridad para la convivencia social pacífica: la violencia de género, el desplazamiento forzado de personas, el ejercicio de la justicia por propia mano han contribuido a que se perciba como parte de la normalidad, el secuestro, la extorsión y las desapariciones. Destacó que los familiares de miles de desaparecidos, ante la falta de respuesta de las autoridades, emprendieron por cuenta propia la búsqueda de sus seres queridos y se ha puesto en evidencia la existencia de fosas clandestinas e irregulares, revelando una ‘geografía del dolor’. Afirmó que no se puede asegurar que las fosas descubiertas hasta hoy sean las únicas. El ombudsman pidió atender las denuncias de los familiares de desaparecidos en posibles hallazgos futuros y solicitó que en las fosas ubicadas se realicen trabajos con conocimientos técnicos y especializados. González Pérez afirmó que 2016 tampoco fue favorable para miles de niños, niñas y adolescentes en México, que cruzaron solos nuestro territorio con intención de ingresar en Estados Unidos, sin que sus derechos fueran debidamente garantizados. Denunció que no hay registros confiables para saber si esos menores fueron objeto de abusos, víctimas de trata de personas o fueron captados por organizaciones criminales. Afirmó que es un problema que no se ha visualizado debidamente y hacen falta protocolos que garanticen su integridad y sus derechos. Del mismo modo, dijo, a pesar de contar con una ley de avanzada en materia de niñas, niños y adolescentes, el 2016 termina son una armonización legal para establecer los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio. En 10 entidades, por vía de dispensas, adultos pueden contraer matrimonio con menores de edad. En 2016, tampoco hubo mejoras sustantivas en el ámbito penitenciario; el hacinamiento y los obstáculos para reinserción efectiva ocasionaron fugas inexplicables y motines en los que la pérdida de vidas puso en evidencia la falta de capacidad institucional. Además, se hizo claro que en México el solo hecho de ser mujer es razón suficiente para sufrir violencia que llega a la privación de la vida. En 22 entidades se han iniciado procedimientos de feminicidio por violencia de género y hay varios municipios de Chiapas, el Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Veracruz y Morelos donde se activó la alerta de género. El delito de feminicidio aún no se reconoce en todo el país y la violencia por cuestiones de género se presenta de manera cotidiana y no hay acciones para revertir esa tendencia. El presidente de la CNDH también sentenció que no contamos con un débil sistema de atención a víctimas para que dejen de ser revictimizadas por una operación burocrática ineficaz, que ha minimizado la vigencia de sus derechos. Señaló que desde el inicio de su gestión se planteó un mejor esquema de atención a víctimas, para que los problemas que motivan que las personas recurran a la CNDH se subsanen en la mejor forma y en el menor tiempo posible. 2016, dijo, fue un año en el que ser defensor de los derechos humanos o ser periodista siguió siendo una ocupación de riesgo. Hubo 13 periodistas asesinados en 2016 y este año continúa con homicidios y agresiones. Condenó aquellas voces que, sin fundamento, señalaron a los defensores de derechos humanos como responsables de que las autoridades no pudieran cumplir con sus responsabilidades, quienes han promovido acciones legales para inhibir sus acciones o para callar sus voces. Las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos no pueden permanecer impunes, demandamos investigaciones prontas, exhaustivas e integrales. Luis Raúl González Pérez aseguró que es necesario procurar la recomposición del tejido social a la par del desarrollo de capacidades y recursos, porque los enfoques parciales solo producirán soluciones parciales que no resolverán las cuestiones de fondo. Afirmó que la normalidad en la convivencia social solo es posible cuando hay paz y para ello es indispensable la seguridad, “sin paz no hay justicia”, la paz se opone a la violencia y al recurso de la fuerza. Por eso, dijo, “la participación de las Fuerza Armadas en tareas vinculadas a la seguridad de las personas no es lo más deseable, como tampoco lo es la ley que se ha planteado”. Señaló que la necesidad de analizar la conveniencia de la Ley de Seguridad Interior requiere una discusión amplia e incluyente, donde se aborden las consecuencias positivas y negativas de las acciones de las Fuerzas Armadas y se escuche a la sociedad. Para determinar la hoja de ruta para que nuestro país supere esta problemática, la seguridad de las personas debe estar a cargo de instituciones de carácter civil. “El carácter extraordinario en su interacción con la población civil no debe asumirse como algo permanente, ni promoverse que así sea”. Agregó que si se determina la pertinencia de una Ley de Seguridad Interior, se debe tomar como premisa el reconocimiento del respeto a las personas.