Oaxaca.- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNODC) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos (ONU-DH) condenan los violentos hechos ocurridos el 9 y el 10 de octubre en el Centro de Reinserción Social Cadereyta, Nuevo León, donde, de acuerdo a la información difundida por las autoridades de Nuevo León, al menos 16 personas habrían fallecido y 30 resultado heridas. UNODC y ONU-DH llaman a las autoridades de Nuevo León a conducir una investigación pronta, diligente y respetuosa del debido proceso, que esclarezca la tragedia ocurrida y otorgue justicia a las víctimas y a sus familiares. Una medida fundamental de prevención para que hechos similares no vuelvan a suceder es una completa y exhaustiva investigación, así como la sanción de quienes resultaran responsables. Asimismo, resulta imprescindible que se ponga fin a los brotes de violencia al interior de los centros de privación de libertad de Nuevo León, investigando de manera efectiva los hechos sucedidos con anterioridad en los penales de Topo Chico, Apodaca y en el propio CERESO de Cadereyta. Las agencias de Naciones Unidas recuerdan que recae en las autoridades la responsabilidad de acreditar, mediante una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, si se llevó a cabo un uso de la fuerza ajustado a la ley. Las agencias de Naciones Unidas firmantes hacen un respetuoso recordatorio a las autoridades respecto a las obligaciones especiales que tiene el Estado mexicano en su posición de garante frente a las personas privadas de la libertad, teniendo presente lo dispuesto en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como las “Reglas Mandela”. En este sentido, resultan de suma preocupación las conclusiones de diferentes estudios sobre la situación en el centro de Cadereyta y en el conjunto del sistema penitenciario mexicano. Así, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos[1], muestra graves deficiencias sobre la situación del centro, mientras que en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)[2], se estableció que en el caso del estado de Nuevo León 40.5% de las personas privadas de libertad se sentían inseguras en el centro penitenciario y 28.9% en su celda. UNODC y ONU-DH llaman a las autoridades federales y estatales, a adoptar las medidas necesarias para garantizar la no repetición de hechos trágicos como los ocurridos. Las agencias reiteran su compromiso de brindar cooperación y asistencia técnica a las autoridades mexicanas con el fin de fortalecer las capacidades institucionales del sistema penitenciario en el país. Finalmente, ambas Oficinas expresan sus condolencias y solidaridad con los familiares de las víctimas en estos difíciles momentos.