Oaxaca.-El pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) determinó que cinco empresas, así como 11 personas físicas tienen que pagar 257 millones 610 mil pesos por cometer prácticas monopólicas en el mercado de la producción, distribución y comercialización de guantes de látex para el sector salud.
A través de un comunicado, el órgano informó que Dentilab, Ambiderm, Degasa, Productos Galeno y Holiday de México se coludieron para establecer, concertar o coordinar posturas, en términos de precios y descuentos, o abstenerse de hacerlas, para repartirse el volumen de compra de estos productos que realizó el sector salud de marzo de 2009 a abril de 2015.
“Afectaron los resultados de diversos procesos de adquisición, principalmente aquellos que se realizaron bajo el modelo de compras consolidadas convocadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para adquirir guantes de látex para cirugía y para exploración destinados a este organismo, así como al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a la Secretaría de la Defensa Nacional, PEMEX y a la Secretaría de Salud”.
Las empresas coludidas implementaron estos acuerdos mediante reuniones y comunicaciones en las que pactaban quién se quedaría con la adjudicación de determinadas zonas y claves de una licitación en particular, explicó la Cofece.
Dentilab y Ambiderm se repartieron las licitaciones de compra de guantes de látex para exploración.
Ambiderm participaba en las licitaciones de guantes de látex para cirugía o participaba con un precio elevado para no ser susceptible de asignación, de tal forma que ese mercado quedaba distribuido solamente entre Dentilab y Degasa.
Por otro lado, a Galeno y Holiday le asignaron aproximadamente un cinco por ciento del mercado de guantes de látex para exploración.
“Esta práctica se tradujo en sobreprecios para la compra de guantes de látex, que, multiplicados por el número mínimo de unidades solicitadas en cada una de las licitaciones en cuestión, suma un daño estimado al erario público de 174 millones 80 mil pesos; recursos que hubieran podido destinarse a cubrir otras necesidades o para adquirir una cantidad mayor de productos médicos requeridos por el sector salud”, señaló la Cofece.
Una vez que se ha notificado a las partes, la Ley otorga el derecho a las empresas sancionadas de acudir al Poder Judicial de la Federación para que sea revisada la legalidad de la actuación de la Cofece.