Reforma contra radiodifusoras no autorizadas amenaza la libertad de expresión

R3D* La Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados aprobó la imposición de sanciones penales a quienes operen radiodifusoras que no cuenten con una autorización o un título de concesión. Las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) y al Código Penal Federal implican sanciones de dos a seis años de prisión, y una multa de 100 a 300 unidades de medida, además de inhabilitación por 5 años para obtener un título de concesión, a través de una persona o por sí solo. Quienes promueven la reforma la justifican como una forma de combatir a las denominadas “radios pirata”, informó el diario El Economista. De acuerdo con Benjamín Medrano (PRI), secretario de la Comisión de Radio y Televisión, estas radios dejaron de pagar alrededor de 11 millones 801 mil 507 pesos por derechos anuales, entre 2013 y 2015. A pesar de que los diputados han asegurado que la reforma no representa un riesgo contra las radios comunitarias, debido a que estas están tipificadas en la LFTR, la realidad es que esta medida es desproporcionada y regresiva contra la libertad de expresión. Las redes que se instalan sin permiso, en su mayoría, no generan ningún daño o interferencia y, en el caso de algunas comunidades, pueden ser las únicas redes de comunicación, especialmente útiles en casos de emergencia, como en los recientes sismos de septiembre. El tipo penal no considera estas circunstancias, ni la demostración de un daño, por lo que es contrario al derecho a la libertad de expresión. “Por vivencia propia, conozco lo que representa para una comunidad tener su propio medio de comunicación que proviene, precisamente, de la ausencia del interés de los medios comerciales para atender la cultura, la lengua, las ideas y los problemas de ese sector de la población”, explicó el diputado Virgilio Caballero, citado por El Economista. El dictamen pasó al pleno de la Cámara de Diputados, donde sería votada esta semana. *Red en Defensa de los Derechos Digitales