Las escuelas serán seleccionadas con las autoridades educativas federales y estatales, de acuerdo con el censo y las prioridades que éstas establezcan, en beneficio de la población estudiantil que se ha visto afectada.
Asimismo, para dar certeza en el manejo de los recursos, se contará con la participación de la Firma EY, en calidad de auditor externo.
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