Autoridades no aplican protocolos de búsqueda en Veracruz

Cimacnoticias/AVCNoticias

Oaxaca.-Quizá si hubieran localizado el celular de Yureni para ubicar sus últimas llamadas, si en el caso de Esmeralda hubieran accedido a atender la denuncia inmediatamente, si hubieran seguido la pista de Noemí en el lugar donde había indicios de su ubicación, si las pistas se hubieran investigado, quizá ellas no estarían desaparecidas, dicen sus familias. 

Si los escenarios hubieran sido de legalidad, Yureni estaría con sus dos hijos,  Esmeralda iría ahora en secundaria, Nohemí cursaría la carrera de administración que soñaba. 

Pero ahora engrosan la lista de 709 mujeres desaparecidas en los últimos 6 años en Veracruz, según los datos oficiales. Las estadísticas para 2017 y 2018 son desconocidas, la fiscalía las ha negado en múltiples ocasiones. 

Entre 2010 y 2016, en promedio desaparecieron 130 mujeres sin dejar rastro, la mayoría entre 15 y 25 años, en los municipios de Xalapa, Córdoba, Veracruz, Coatzacoalcos y Poza Rica, según las estadísticas de la Fiscalía General del Estado. 

Aunque en Veracruz desde el 2011 existen lineamientos básicos para la atención de mujeres desaparecidas, que obligan a atender las denuncias de forma inmediata, y la Alerta de Violencia de Género por violencia feminicida ordena un Protocolo Alba de búsqueda, en la práctica nada se aplica, la situación a la que se enfrentan las familias es la misma cuando van a poner la denuncia: les piden esperar con el pretexto: “se fue con el novio, los amigos, seguro bebió. ¿ Ya para que la busca?”

NOEMÍ, 13 AÑOS DESAPARECIDA

El caso de Noemí Cortés, desparecida en 2005, es la muestra de la criminalización y el estigma con que se busca a las mujeres, opinó la acompañante del “Colectivo Nuestros desaparecidos y desaparecidas”, Anaís Palacios.

“Se criminaliza por una cuestión de género, a las mujeres se les busca con el estigma de que ellas se lo buscaron, son señaladas si son mujeres y son pobres, también la búsqueda depende de la calidad de víctima y el sexo”, señaló. 

Noemí tenía 17 años de edad cuando desapareció. Fue invitada a trabajar a Puebla, después las investigaciones revelaron que fue enganchada y entregada a los dueños de un bar, la familia logró una inspección, en el lugar había celdas con candados, pero el entonces ministerio público justificó que seguramente ella sabía y estaba por su voluntad. Así, dejaron de buscarla 8 años, contó Anaís. 

Hasta que la familia se topó con el “Colectivo por la paz” se reactivó la búsqueda y supieron que la carpeta de investigación había desaparecido. 

Fue en 2014, nueve años después de su desaparición, el 23 de septiembre de 2014, cuando la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UEBPD) dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (SDHPDSC) de esta Procuraduría, inició una investigación por los delitos de privación ilegal de la libertad y los que resulten, en agravio de Noemí Cortés Hernández.

Anaís adviritó que muchas de las desapariciones están ligadas a tema de trata de personas con fines de explotación sexual, pero las autoridades no buscan en esa línea, lo primero que dicen es que seguramente salían con chicos, bebían alcohol o estaban vinculadas con delincuentes, y eso justifica su desaparición. 

ESMERALDA, EL RASTRO QUE SE PIERDE

El 21 de febrero del 2014, Esmeralda Balverto Julián de 12 años de edad, desapareció cuando salió en su bicicleta a repartir chiles rellenos de la venta familiar, la última pista es que fue subida a una camioneta suburban blanca. Lo que siguió fue un infierno para la familia, la Ministerio Público en Tecolutla se negó a recibir la denuncia. 

La comunidad de Monte Gordo se organizó e hizo cuatro bloqueos para exigir la aparición de la niña, finalmente atrajeron la atención pública, la denuncia les fue aceptada tres días después. 

La Alerta Ámber de búsqueda de menores de edad no pudo ser activada en el estado porque este mecanismo de búsqueda emergente de menores de edad no estaba vigente en ese momento, pues no se había hecho la firma de documentos correspondiente. Solo el 23 de febrero se activó a nivel nacional. 
 

La presión de la familia logró la detención de Ana María Susana Contreras Patiño alias “La Güera”, y una menor de edad, que supuestamente fungía como víctima y victimaria del delito de trata de personas. Ambas formaban parte de una red de trata que operaba en esta zona de Costa Esmeralda, según lo informado por la fiscalía entonces. 

Las investigaciones también revelaron que la niña fue entregada a cambio de dinero a un trailero que pasó por la carretera. 

En este entonces el secretario de seguridad pública, Arturo Bermúdez – hoy  preso por desaparición de personas y tráfico de influencia- se reunió con la familia, prometió avances, nunca más lo volvieron a ver. A cuatro años de la desaparición, nadie sabe del paradero de la menor ni de las líneas de investigación que siguieron y que reveló que en la región operaba una red de trata de personas.

La omisión de la fiscalía se repite en los demás casos, Yuneri Citlalli Hernández Delgadillo desapareció el 28 de noviembre del 2011 junto a las 12 jóvenes más. 

La carpeta ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), con el número de expediente PGR/SEIDO/UEIDMS/AC/039/2014, da cuenta la de la desaparición de  Luz Abril Landa Ávila, Teresita del Rocío Vázquez, Yuneri Citlalli Hernández Delgadillo, Nancy Hernández Moreno, Adriana Sarahí Ceballos Vázquez, María de Jesús Landa Martínez, Mayra Salas Durán, Berenice Guevara Gómez, Roxana Retureta, Luisa Itzel Quintana, Lizbeth Yetsil Amores Roldán, Ana Laura Hernández y Karla Nallely Saldaña Hernández.

La última pista de su paradero es que iban al rancho el Jícaro en Actopan a una fiesta donde trabajarían como edecanes, su caso es famoso, las líneas que hay abiertas de investigación las ha conseguido su madre, Victoria Delgadillo, a quien de inicio tampoco le recibieron la denuncia.   

Victoria no puede evitar hablar sin que el recuerdo le quiebre la voz, a veces de tristeza y muchas más de impotencia, piensa que han pasado 7 años y no se ha mandado a llamar al único testigo del caso – la mujer que invitó a su hija a trabajar en esa fiesta-. 

Cuenta que pasó un año y medio antes de que la Fiscalía General del Estado pudiera rastrear la sábana de llamadas del celular y la última ubicación de su hija, y apenas el año pasado logró un permiso para inspeccionar el rancho escenario de la fiesta. 

“Cuando Yureni desapareció no sabía qué puertas tocar, yo llegué a poner la denuncia y me dijeron que tenía que esperar 72 horas porque probablemente se había ido con algún novio, que había bebido, cuando ese tiempo es clave en una búsqueda para una persona desaparecida”. 

“Si todas las evidencias que hemos presentando se hubieran seguido en el momento de la desaparición, hubieran podido localizarlas, pero ya después de tantos año se pierden”, reconoce. 

A las omisiones en la investigación del caso de su hija se suman las amenazas. Un día al salir de su casa encontró un papel en el parabrisas del auto, la instrucción era no seguir investigando. “Calladita te ves más bonita, no vas a encontrar nada”, pero esto no frenó a Victoria. 

Está consciente que en el caso de su hija, está vinculado el narcotráfico y altos funcionarios de gobierno “nos han frenado la investigación varias veces, pensamos que ellas oyeron o vieron algo que no tenía que ver, quizá negociaciones que había con funcionarios de gobierno”. 

La búsqueda de Victoria ha sido difícil y dolorosa, porque es ella quien ha tenido que seguir las pistas, entrar a los ranchos, ligar pistas sobre los cárteles que operaban en la región, hacer la liga con funcionarios, buscar en penales, semefos y fosas.  

La investigación del caso está integrada por 36 tomos, pero las escasas pistas no han llevado a encontrar las jóvenes. Este 28 de noviembre, Yureni cumple 7 años de desaparecida, y Victoria la busca cada vez con más fuerza, impulsada por su nietos de 15 y 11 años. 

“Yo saco el dolor cuando marcho, cuando grito, cuando busco, pero ellos su dolor está ahí y es bien difícil ver el dolor en su carita y en su rostro y eso me sigue empujando a seguir buscando a mi hija, un día les voy a decir, encontré a su madre”. 

Acompañante de otros casos de desaparecidos en el “Colectivo Enlaces Xalapa”, dijo que las cosas poco han cambiado desde el 2011. “Las autoridades no ha hecho su trabajo, aún siguen teniendo los mismos errores, nos siguen diciendo se fue con el novio, siguen pidiendo 72 horas, cuando eso ya no debe ser”. 
 

LA NUEVA BÚSQUEDA

A raíz de la aprobación de la Ley General en materia de desaparición de personas, las tareas de investigación y búsqueda se dividieron, explicó Anaís Palacios. 

Mientras no hay en Veracruz una comisión estatal de búsqueda, la alerta de una desaparición se notifica a la secretaría de gobierno, quien debe notificar de inmediato a la Secretaría de Seguridad Pública para que inicie la búsqueda. 

A su vez, si en 48 horas no hay resultados de la búsqueda se notificará a la fiscalía para que formalmente se interponga una denuncia. 

Para Anaís este procedimiento hace que las investigaciones se estanquen en Veracruz, “ La búsqueda real no se hace por parte de la Secretaría de Seguridad Pública porque no tiene personal suficiente, entonces el reporte se queda estacionado ahí por lo menos 48 horas, antes de hacer una denuncia formal”. 

Los protocolos de acuerdo a la ley, tienen que ceñirse al Protocolo Homologado de Investigación de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas vigente a julio del 2018, pero que se presentó con fallas que están siendo corregidas porque el tiempo en que se busca a una persona y se ponen las denuncias es largo, y dan tiempo suficiente para sacar a la víctima del estado, incluso del país, consideró. 

https://aplicaciones.pgr.gob.mx/normatecasustantiva/Normateca%20Sustantiva/Protocolo%20de%20Desaparici%C3%B3n%20Forzada.pdf
 

PROTOCOLO ALBA, 2 AÑOS DE RETRASO EN SU ARRANQUE

La Alerta por violencia feminicida en Veracruz, decretada por el gobierno federal el 23 de noviembre del 2016, obligaba entre otras cosas, a que en Veracruz se active un sistema de búsqueda rápida para mujeres mayores de 18 años: el “Protocolo Alba”. 

El Protocolo Alba es un mecanismo que permite la coordinación de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno comprometidos en la promoción y ejecución de actividades conducentes para la localización de mujeres con reporte de extravío.

Has pasado dos años desde entonces, y el protocolo de búsqueda no ha podido ser activado. 

Mientras se integraba, se ordenaba emitir un “Decreto Administrativo” para que se proporcionara atención inmediata en los casos de desapariciones y violencia de género, pero hasta ahora tampoco existe.

Anaís Palacios advirtió que las desapariciones de mujeres en Veracruz no han parado, y los problemas para interponer las denuncias siguen siendo los mismos. 

En su opinión es necesario armonizar la ley de tal forma que quepan todos los protocolos de búsqueda, la Alerta Ámber para menores de 18 años, el Protocolo Alba para la búsqueda de mujeres y el Protocolo de búsqueda de la Ley General en materia de desaparición de personas.

“Pareciera que son distintos y no están integrados, y hemos encontrado un argumento en las autoridades, y es ceñirse a la ley y usar los protocolos a su conveniencia”.