Condena DDHPO agresión a caravana migrante

Oaxaca.-El titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, anunció este domingo 21 de octubre que el organismo a su cargo emitió una solicitud de medidas cautelares para proteger los derechos humanos de la caravana de migrantes centroamericanos que en los próximos días cruzará el territorio oaxaqueño.

El ombudsman precisó que mediante el expediente DDHPO/CA/947/(01)/OAX/2018 la Defensoría oaxaqueña señaló que el Estado mexicano debe respetar los derechos de quienes integran la caravana migrante procedente de naciones centroamericanas.

Asimismo, Peimbert Calvo condenó el posible uso excesivo de la fuerza con que autoridades mexicanas actuaron al intentar detener a los integrantes de dicha caravana el viernes 18 de octubre último en la frontera de Guatemala con nuestro país.

Por ello, añadió, la medida cautelar de la Defensoría oaxaqueña busca proteger  derechos humanos de las personas migrantes, entre ellos, el derecho al libre tránsito que toda persona, independientemente de su origen étnico o nacional, tiene de circular libremente por territorio mexicano, y el Derecho a la seguridad jurídica de las personas migrantes en el sentido de que la verificación migratoria sólo podrá ser realizada exclusivamente por el personal del Instituto Nacional de Migración.

La medida cautelar de la Defensoría de los Derecho Humanos del Pueblo de Oaxaca señala con claridad que la condición de migrante no le resta valía a ningún ser humano, y por tanto, ni autoridades ni civiles tienen derecho a dar un trato diferenciado y excluyente a estas personas, pues su paso y estadía por territorio mexicano no debería significar un riesgo latente de abuso de sus derechos o posibles afectaciones a su integridad patrimonial y su libertad, puntualizó Peimbert Calvo.

La Defensoría de los Derechos Humanos permanecerá vigilante de que los derechos humanos de estas y estos migrantes centroamericanos en tránsito por nuestro país sean efectivamente respetados por las autoridades estatales, concluyó el ombudsman oaxaqueño.