Oaxaca.-El horror de ser implicada en un proceso de ataque al honor por estar defendiendo los Derechos Humanos de las mujeres, no ha terminado para Lucero Circe López Riofrio, de Michoacán. La defensora fue notificada esta semana que el profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que la acusa de este delito se amparó ante un juez de garantías.
El profesor argumentó que no se respetaron sus Derechos Humanos cuando la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Michoacán revocó el auto de vinculación a proceso contra la defensora en marzo. La línea de sus argumentos es que la autoridad responsable no valoró de forma adecuada las pruebas que se presentaron y que por eso no cumplió con las garantías del debido proceso.
El profesor enseguida volvió a presentar todos los hechos que a su punto de vista comprobarían que Circe López cometió un ataque al honor, e insistió en que el honor forma parte de sus Derechos Humanos.
El caso es complicado. Todo empezó cuando López Riofrio, directora de la organización “Humanas contra la Violencia”, fue invitada al grupo de trabajo que debía decidir sobre la Alerta de Violencia de Género (AVG) en el estado de Michoacán. En este grupo, había sido incluido el profesor como experto.
Pero a la defensora le habían llegado dos correos electrónicos donde dos mujeres expusieron que el profesor las acosó sexualmente. Ninguna de ellas había recurrido a un proceso penal, sólo una de ellas había apelado ante instancias universitarias- sin respuesta. Sin embargo, Circe López consideró natural informar a las y los miembros del grupo de trabajo sobre las acusaciones puesto que su temática principal era la AVG.
En una reunión en enero de 2015 la defensora presentó una carta firmada por organizaciones y feministas que exigieron la destitución del profesor del grupo de expertos. Como resultado, en diciembre de ese año, ella fue denunciada por dañar la imagen del académico.
Desde entonces, ha seguido un largo proceso jurídico, que culminó en la decisión del juez Ariel Montoya Romero, en febrero de este año, de vincularla a proceso por el delito contra el honor.
Pero en marzo, la defensora ganó la apelación ante la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Michoacán, y es esa sentencia contra la que el profesor interpuso su amparo.
Ahora, Circe López y sus defensores tienen hasta el 23 de abril para brindar sus argumentos al juez de distrito. Uno de sus abogados, Javier Cruz Angulo, opinó en entrevista con Cimacnoticias que el amparo no tiene sustento, porque sólo presenta argumentos legales, que la o el juez de amparo no revisa: “En mi opinión, no tiene argumentos constitucionales de peso que pudieran hacer que el juez modificara la resolución.”
Cruz Angulo consideró que la audiencia podría ser en un plazo de uno o dos meses. Después, habría dos posibilidades: si la o el juez dice que el acusador tiene razón, reenvía la decisión al magistrado de la Séptima Sala. Si dice que no tiene razón, o que la solicitud es improcedente, todavía quedan otras vías legales que el académico puede usar.
Actualmente el artículo 193 del Código Penal del estado de Michoacán penaliza con tres a cinco años de prisión y una multa de cien a trescientos días de salario mínimo general vigente a quien cometa este delito.
Las acusaciones legales son una práctica que restringe la defensa de los Derechos Humanos, según el Registro mesoamericano de agresiones a mujeres defensoras de Derechos Humanos. En México, entre 2012 y 2014, las defensoras más agredidas fueron las que defienden el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Asimismo es una práctica para inhibir la libertad de expresión.