ONU-DH demanda a López Obrador romper historia de dolor por las desapariciones en México

Ciudad de México.- Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, conmemorado a nivel mundial cada 30 de agosto, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) alienta al próximo gobierno de México a marcar un punto de quiebre y romper la trágica historia de dolor que ha acompañado a las víctimas de desaparición en México. Jan Jarab, representante de ONU-DH en México sostuvo que, “México tiene que superar la pesada herencia de decenios de negación, falta de reconocimiento de la dimensión del problema, ausencia de voluntad, ineficacia y revictimización. Es momento de que México inicie una nueva etapa y ponga fin a la angustia sin tregua que han enfrentado las miles de víctimas de desaparición en el país”. “Combatir la desaparición de personas deberá ser una prioridad para el próximo gobierno federal. Saludamos las señales que así lo anticipan. La implementación efectiva de la Ley general en la materia tiene que ser la principal directriz de la próxima administración para erradicar las desapariciones, buscar de manera apropiada a las personas desaparecidas, garantizar la atención y reparación a las víctimas, adoptar medidas efectivas de no repetición y desarrollar políticas contra el olvido. En la aplicación de la Ley debe garantizarse la participación efectiva, real y constante de las familias que buscan con tenacidad a sus seres queridos”, añadió el Sr. Jarab. México precisa que el gobierno adopte un plan de implementación de la Ley general, dote de recursos suficientes a las instancias encargadas de su cumplimiento y fortalezca las capacidades de investigación criminal, la prestación de servicios periciales y forenses y la asistencia a las víctimas. Dado el carácter continuo e imprescriptible del delito de desaparición y la prohibición del derecho internacional de adoptar cualquier medida legislativa o administrativa que inhiba el deber imperativo del Estado de perseguirlo, las autoridades deben investigar de forma diligente a los perpetradores y sancionarlos con penas apropiadas que atiendan la extrema gravedad del delito a fin de erradicar la impunidad. Asimismo, México debe profundizar su apertura al escrutinio y asistencia internacionales. Para ello, se alienta al Estado a aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU para recibir comunicaciones individuales; permitir la visita al país del Comité, solicitada desde 2013; desarrollar un plan de acción para la implementación de las Acciones Urgentes emitidas por el Comité; y participar en el diálogo de seguimiento al que el Comité ha invitado al Estado mexicano sobre la implementación de las Observaciones Finales adoptadas en 2015. De igual forma, se exhorta al Estado mexicano a fortalecer su relación con el sistema interamericano de derechos humanos, favorecer el trabajo del mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cumplir plenamente con las sentencias de la Corte Interamericana en materia de desaparición. “Pero el reto no solamente es de la Federación. Los estados y los municipios también tienen que comprometerse, reconocer el problema, su trágica incidencia y el dolor causado a las víctimas, así como abrir espacios de participación auténticos para las familias”, subrayó Jan Jarab. El combate a la desaparición forzada de personas también debe incluir aquellas que se iniciaron en el contexto de la denominada “Guerra Sucia”. Son estas desapariciones por las que justo en estos días, hace 40 años, más de 80 mujeres protestaban en el atrio de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. La ONU-DH recuerda con admiración su digno empeño, así como el de quienes mantienen vigentes sus demandas. Finalmente, la ONU-DH reafirma su voluntad de seguir acompañando a las víctimas de desaparición en México en la búsqueda de justica, verdad, reparación, construcción de memoria y garantías de no repetición. La ONU-DH refrenda su plena disposición para seguir brindando su asesoría y cooperación técnicas al Estado mexicano para combatir este crimen atroz.