Piden liberar defensores criminalizados durante este sexenio

Oaxaca.-Front Line Defenders es una organización internacional con sede en Dublín, Irlanda, especializada en protección a personas defensoras de derechos humanos. 

México es uno de los países al que se da seguimiento puntual debido a la grave situación de ataques que enfrentan quienes defienden los derechos humanos, principalmente actos de criminalización, amenazas, ataques físicos, asesinatos, entre otros. Como parte de este seguimiento, una delegación de la organización realizó una visita de trabajo a México durante la tercera semana de octubre, misma que fue integrada por  Andrea Rocca,  Director Adjunto;  Ivi Oliveira y Sandra Patargo, las Coordinadoras de Protección para las Américas.

El día de ayer 19 de octubre, la delegación de Front Line Defenders visitó a los defensores Damián Gallardo Martínez y Enrique Guerrero Aviña, quienes permanecen recluidos desde mayo 2013 en el CEFERESO Nº2 de Puente Grande, Jalisco,  a pesar de las múltiples resoluciones y recomendaciones internacionales[1] y nacionales[2] que evidencian el carácter arbitrario de su detención, las graves violaciones a sus derechos y exigen su liberación. 

Durante la visita se pudo documentar los impactos a la salud que han generado la tortura y otras violaciones sistemáticas a sus derechos.  

Damián Gallardo sufre de una lesión en el pie provocada por la tortura en el momento de la detención; hasta el momento no ha recibido la atención necesaria y las secuelas siguen visibles. Presenta asimismo síntomas graves de carnosidad en el ojo, debidos a la dilación para realizar una intervención quirúrgica y a la ausencia de atención post operatoria.

Enrique Guerrero sufre a su vez de cervicalgia y de daños en la  mano provocados por la tortura que sufrió en el momento de su detención misma que impactó en la dislocación de su dedo pulgar.

En ambos casos, Front Line Defenders expresa profunda preocupación que les haya sido negada la atención psicológica especializada para afrontamiento de los impactos de la tortura. A pesar de que Front Line Defenders haya gestionado fondos para sufragar estas intervenciones, el ingreso de especialistas ha sido sistemáticamente negado. 

Front Line Defenders acompaña con preocupación en México un patrón de criminalización de las personas defensoras de derechos humanos que no cesa, y que se hace particularmente notable para quienes desempeñan su labor en el estado de Oaxaca. Desde  el año 2013, Front Line Defenders ha seguido cercanamente a los casos de  Damián Gallardo Martínez, Enrique Guerrero Aviña y Librado Baños Rodríguez, entre otros.

Este patrón se materializa en numerosos casos de detención arbitraria y fabricación de expedientes con la intención de paralizar o deslegitimar la labor de defensa. Dicho patrón también ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de su Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, el cual se ha pronunciado en los últimos cuatro años sobre ocho casos de detención arbitraria de personas defensoras, seis de ellos en Oaxaca.

En una visita realizada en el año 2017, Front Line Defenders tuvo la oportunidad de visitar a los defensores Librado Baños Rodríguez y Pablo López Alavés, quienes también han enfrentado injustos procesos judiciales y detención prolongada.

En el caso de Librado Baños Rodríguez, Front Line Defenders celebra la noticia de su reciente liberación; sin embargo denuncia los graves impactos que han implicado cinco años de detención arbitraria que han significado, entre otros aspectos, la perdida total de la vista. Este caso ilustra de manera particularmente grave, los irreparables impactos de la prisión como método de represión política.

En el caso del defensor Pablo López Alavéz, preocupan las reiteradas violaciones a su derecho a un debido proceso, así como la falta de garantías para la seguridad de su esposa y defensora de derechos humanos Yolanda Pérez Cruz, misma que ha sufrido múltiples ataques por la exigencia de justicia en el caso de su esposo y que en reiteradas ocasiones ha sufrido maltrato y le ha sido negado el ingreso al penal.

Front Line Defenders recuerda al Estado Mexicano que defender derechos humanos es un derecho y reitera que, en cumplimiento a las recomendaciones y resoluciones internacionales, se debe poner fin a este grave patrón documentado en Oaxaca. Es necesario sancionar a los responsable de la utilización del sistema de procuración y administración de Justicia para criminalizar la protesta social y la defensa de los derechos humanos.

Front Line Defenders urge a que, en coherencia con el principio de control de convencionalidad, se proceda a  la inmediata liberación de las personas defensoras de derechos humanos criminalizadas y en consecuencia diseñe procesos para la debida reparación del daño. 

Front Line Defenders considera que ante la coyuntura política del país frente al  gobierno entrante se abre una oportunidad única para erradicar la criminalización a personas defensoras de derechos humanos,  con respeto y aplicación de recomendaciones internacionales. La Organización refrenda su compromiso con defensoras y defensores del país.