Por: Hazel Zamora Mendieta/Cimacnoticias 

Oaxaca.-El carácter de la Alerta de Violencia de Género (AVG) como un mecanismo de emergencia que mitiga una situación grave de violencia contra las mujeres se perdió en su implementación, su naturaleza no fue entendida y se carece de una infraestructura para implementarla.

Esta es una de las conclusiones de Francoise Roth y Bénédicte Lucas, ambas expertas internacionales en estudios de género que auspiciadas por el programa de la Unión Europea, EUROsociAL+, realizaron el “Informe de evaluación del funcionamiento del mecanismo de la AVG” presentado esta mañana en la Ciudad de México por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Después de 11 años que la AVG fue establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y funciona en diversos municipios de 12 entidades, era necesario hacer una evaluación del mecanismo.

Entonces las instituciones gubernamentales encargadas de su funcionamiento, el Inmujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) solicitaron a la Unión Europea asistencia técnica para realizar el balance de la AVG.

La maestra en derecho internacional Francoise Roth explicó esta mañana en la presentación de su informe, que aspiraban a tener una evaluación del impacto del mecanismo, pronto se percataron que  esto requería de una metodología compleja, determinaron que era más pertinente concentrarse en un balance de su funcionamiento hasta ahora.

Las expertas francesas comenzaron el estudio en febrero de 2018, seleccionaron 12 estados en los se ha solicitado la AVG (Estado de México, Guanajuato, Colima, Puebla, Tabasco, Zacatecas, Veracruz, Chiapas, Coahuila, Jalisco, Tlaxcala, Sonora), posteriormente entrevistaron a 97 personas involucradas en los procesos, así como expertas en la AVG.

En estas entrevistas se asomó el primer problema, al pedir a las personas dar una definición y especificar los objetivos de la AVG, las consultoras recibieron un abanico amplio de respuestas, “mostrando claramente la ausencia de una visión uniforme de lo que es la AVG y para que debería de servir”.

LA IDEA

Para entender cómo se ideó este mecanismo único en el mundo, las expertas recurrieron a entrevistar a una de las legisladoras creadoras de la AVG, la antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos. Ella les explicó que la finalidad de la AVG es ser una “llamada de atención a los estados a generar una reacción-acción inmediata y articulada entre los tres niveles de gobierno y los tres poderes estatales (ejecutivo, judicial y legislativo) para impulsar un plan de intervención a corto plazo”.

La idea está plasmada en la definición comprendida en la LGAMVLV, el artículo 22 establece que la AVG es un “conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la comunidad”.

Su funcionamiento, previsto en el reglamento de LGAMVLV, también está orientado a ser un mecanismo que responda de manera pronta a situaciones de emergencia por violencia feminicida: la petición que identifica debidamente el tipo de violencia contra las mujeres y el lugar, los 30 días que se dan a un grupo de expertas (llamado Grupo de Trabajo) para investigar los hechos denunciados, las recomendaciones que se le dan al gobierno para atender el problema en 6 meses, y finalmente el veredicto del poder Federal, la Secretaría de Gobernación, de emitir una AVG ante la falta de acciones.  

Sin embargo, las expertas confirman algo que las organizaciones involucradas en los proceso de Alerta ya han denunciado; en la práctica la AVG se apartó de su naturaleza de emergencia para volverse una herramienta utilizada por los gobiernos estatales para impulsar una agenda de género, rendir cuentas e incluso como instrumento de corte político.

EMPIEZAN FRICCIONES

De hecho, la situación en la que se enfrascó la AVG es comprensible, sentenciaron las consultoras, pues en primer lugar las autoridades locales responsables de atender la AVG se enfrentaron al dilema de cómo intervenir para erradicar la violencia contra las mujeres si son carentes de políticas públicas, bases legales, personal capaz e instituciones para hacerle frente.

La doctora Bénédicte Lucas también presente en la ponencia lo resumió en una analogía “¿Cómo apagar el incendio si no hay cuerpo de bomberos? Si el problema es la falta de investigaciones del feminicidio por parte de los agentes fiscales, es difícil recomendar una revisión sistemáticas de los casos si dichos agentes carecen de formación básica en materia de género”.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos en un informe que realizó también sobre el funcionamiento de la AVG concuerda con este análisis, en la práctica la AVG se volvió un instrumento de construcción de política pública para las autoridades, pues consideran pues “no se dispone de otra vía para pugnar la construcción de una agenda de género en las entidades y a nivel municipal”.

Hasta junio de 2018, 13 alertas han sido declaradas en 12 estados de México (dos alertas fueron activadas en Veracruz, una por feminicidio y otra por agravio comparado), sólo los estados de Chihuahua, Baja California Sur, Tamaulipas, Aguascalientes e Hidalgo no están sometidos a ningún proceso de alerta.

GRUPOS DE TRABAJO SIN ENTENDER AVG

Luego viene el segundo problema, en esta falta de comprensión de qué es la AVG algunas organizaciones civiles tienden a requerir el mecanismo por diversos tipos de violencia contra las mujeres.

Sobre esta misma premisa los Grupos de Trabajo investigan, hacen un análisis global de la violencia que enfrentan las mujeres en el estado señalado y no terminar por enfocar su análisis a un problema específico.

Lógicamente, resumen las autoras de la investigación, los Grupos de Trabajo tienen a recomendar a los gobiernos estatales política pública de tipo estructural que requiere plazos largos de implementación, alejándose de los objetivos de “emergencia” para los que fue creada la AVG.

También cada Grupo de Trabajo que se ha conformado para atender las peticiones de AVG tienen sus propios criterios para medir si los estados cumplieron o no con las recomendaciones, que les plantaron, las investigadoras al hacer un análisis de estos consideran que no son rigorosos, se basan en percepciones subjetivas sin que realmente midan el impacto que generaron en erradicar la violencia contra las mujeres.

Otra deficiencia es que no hay plazo estimado en la ley para levantar una Alerta de Género, las expertas consideran es necesario poner este límite y generar mecanismo de evaluación para ello.

HACER REFORMAS, REPENSAR AVG

Francoise Roth y Bénédicte Lucas concluyeron en invitar a las autoridades de gobierno y sociedad civil a terminar con la ambivalencia en torno a la AVG con el objetivo de hacerla eficaz y sostenible.

Consideran que es fundamental replantear el propio objetivo del instrumento; asumir que la AVG es un mecanismo de emergencia, o bien, un instrumento que interfiere en los programas integrales de la prevención de la violencia contra las mujeres a largo plazo.

De esta reflexión, dijeron las expertas, se tendrían que realizar las modificaciones correspondientes al reglamento de la AVG, a lo que la actual mandataria del Inmujeres, María Marcela  Eternod Arámburu, intervino para adelantar que con este informe ya se encuentran planteando las reformas a la Ley General de Acceso.

La presentación de este informe se hizo en presencia de las académicas que participan en los Grupos de Trabajo, representantes de ONU Mujeres, la Unión Europea, y las peticionarias de las Alertas de Género de diversos estados del país, quienes en su participación reafirmaron que son elementos que han denunciado a las autoridades encargadas de las Alertas.

También algunas reclamaron ausencia de integrantes de la Conavim, la institución encargada de la AVG, a lo que Eternod Arámburu dijo que como dependencia de la Secretaría de Gobernación estaban en reunión con el equipo de transición del próximo gobierno.