Oaxaca.-En México, la defensa de los derechos humanos es una actividad de alto riesgo. De 2006 a la fecha 36 personas han sido asesinadas por su activismo, y las autoridades estatales no están a la altura de la responsabilidad de proteger la integridad física de los humanistas, ni de investigar y procurar justicia en los casos de agresiones y de homicidios, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

De acuerdo con un estudio de seguimiento sobre agresiones a personas defensoras de los derechos humanos, presentado en la sede de la CNDH, los focos rojos se han encendido en Chihuahua, entidad que concentra 13 de los homicidios registrados en todo el país. Le sigue Guerrero, con seis casos, y Oaxaca con cinco.

"Tiene que haber una responsabilidad de las entidades federativas", manifestó Edgar Corzo Sosa, quinto visitador general de la CNDH, e hizo un llamado a los gobiernos estatales a poner en marcha las recomendaciones emitidas por la institución que representa, para reducir la "preocupante" situación.

El nivel de impunidad es altísimo y en eso no hemos caminado".Edgar Corzo Sosa.

Para la especialista en temas de protección, Pilar Tavera Gómez, una de las situaciones de mayor gravedad es que cerca del 50 por ciento de las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos son cometidas por funcionarios públicos.

Las comisiones estatales de derechos humanos tienen que transformarse y dejar de ser elefantes blancos".Pilar Tavera Gómez

La guerra contra las drogas, emprendida por el presidente Felipe Calderón, y continuada durante la administración de Enrique Peña Nieto, ha generado condiciones elevadas de riesgo para los activistas, al punto en que las violaciones a los derechos humanos son una situación cotidiana en el país.

Hay que cambiar el enfoque de la política de seguridad nacional hacia un enfoque de derechos humanos", sostuvo.

Tavera reconoció la labor de denuncia que realizar la CNDH, pues, al menos, atrae los reflectores hacia casos en los que nunca se hará justicia.

Va a ser el único recordatorio de que estas violaciones, aunque queden impunes, no son invisibles".Pilar Tavera Gómez

Carolina Espinoza Luna, catedrática de la UNAM y responsable de la coordinación de la investigación, destacó una serie de deficiencias legislativas e institucionales que disminuyen la capacidad de los gobiernos locales de atender los casos de violencia de personas defensoras de los derechos humanos:

• Leyes que no reconocen la vulnerabilidad de los defensores de los derechos humanos.
• Falta de capacitación de los servidores públicos.
• Mecanismos locales de protección inadecuados.
• Vínculos débiles con las organizaciones de la sociedad civil.
• Falta de integración de las víctimas a la búsqueda de soluciones.

Con información de HuffPost