En 2016, la comisión presentó el Informe especial sobre desplazamiento forzado interno en México, que da cuenta de esta realidad en el país, entre 2015 y hasta mayo de 2016. Se trata de una muestra de 35 mil 433 víctimas (todos son casos documentados) de esta problemática en al menos 11 entidades del país, debido sobre todo a la violencia. Éste es el primer informe sobre el tema hecho por una institución del Estado. En entrevista, el quinto visitador general de la CNDH, Edgar Corzo Sosa, señaló que de 2016 a la fecha el desplazamiento forzoso se ha incrementado, y las autoridades no lo reconocen, lo atienden de manera aislada y carecen de cifras para conocer su magnitud. Lo que hicimos fue dar una cifra, aunque conservadora, pero que nos llevará a un acercamiento al desplazamiento. No somos el Inegi, no nos dedicamos a sacar estadísticas, nuestro número es una muestra de la posible realidad. Y con base en ella concluimos que el problema existe. Es de señalar que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos presentó el año pasado un informe en el que reportó que de 2009 a enero de 2017, un total de 310 mil 527 personas habían sido víctimas de desplazamiento forzado.

Combatir el fenómeno, prioridad

La CNDH hizo varias propuestas para comenzar a enfrentar el fenómeno; sin embargo, hasta ahora las autoridades de todos los niveles de gobierno no han atendido esos llamados. Corzo Sosa dijo que en primer lugar se necesita reconocer que el desplazamiento forzado existe y cada vez es mayor; se requiere de un diagnóstico o encuesta oficial que muestre su magnitud y hay que enfrentarlo de manera multifactorial al atender sus causas, sobre todo la violencia, e impulsar una normativa al respecto.

Los más de 35 mil casos documentados por la CNDH se dieron en Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, aunque el quinto visitador advirtió que se trata de una crisis que se da en todo el país: ¿En qué estado no hay violencia? [caption id="attachment_400417" align="aligncenter" width="428"]                                             Foto/El Universal[/caption] Es un fenómeno colectivo, en el que cientos o hasta miles de familias ven afectados sus derechos humanos. Lo pierden todo. En ocasiones se van hasta sin documentos porque su vida e integridad están en riesgo. Las garantías que se les violentan van desde el riesgo a perder la vida, a la integridad física y psicológica, educación, salud, vivienda, alimentación, a la libertad de residencia y al derecho a la propiedad. La CNDH documentó de manera reciente dos casos: el de los 2 mil 38 pobladores en la sierra de Sinaloa que en 2011 se vieron obligados a dejar sus tierras por la violencia del narcotráfico en la zona, que mereció una recomendación del organismo, la cual fue rechazada por el municipio de Choix. También se detalla el de más de 5 mil personas, de las cuales 4 mil han regresado a sus lugares de origen, por el violento conflicto agrario entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, en Chiapas, a finales del año pasado, por el solamente que se emitieron medidas cautelares.