Oaxaca.-En Coahuila se busca tipificar en el Código Penal el delito de “violencia obstétrica” con sanciones de seis meses a seis años de prisión en atención a la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) que tiene vigente. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, envío el pasado 22 de mayo un proyecto de legislación para incluir en el Artículo 250 del Código Penal de la entidad el delito de “violencia obstétrica”, definido en la propuesta como “quien altere el proceso natural del parto mediante el uso de técnicas de aceleración sin el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer; practique cesáreas cuando hay las posibilidad de un parto natural sin obtener el consentimiento”. Asimismo “a quien trate de maneras denigrantes a las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio, o imponga o niegue, el uso de métodos anticonceptivos sin el consentimiento informado y voluntario de la mujeres”. En los últimos cinco años (2011 a 2016) la Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (Endireh) expone que en Coahuila un 36 por cierto de las mujeres entre 15 a 49 años de edad que tuvieron un parto sufrió algún tipo de maltrato por quienes las atendieron. [caption id="attachment_418857" align="aligncenter" width="530"] CIMACFoto: César Martínez López[/caption] Entre las agresiones se encuentra la colocación de métodos anticonceptivos sin consentimiento, negativa para anestesiarlas, tratos humillantes, ofensivos, regaños y gritos,  las obligaron a permanecer en una posición incómoda o molesta, tardaron en atenderlas e ignoraban cuando pedían información sobre el parto o de su bebé. La Endireh de 2016 indica que Coahuila se encuentra por encima del porcentaje de prevalencia a nivel nacional de la violencia obstétrica, la cual es de 33.4 por cierto, colocándose como uno de los estados junto al Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Querétaro con el mayor número de casos por maltratos en la atención obstétrica registrados. Además de la pena de prisión que se determine, la propuesta de reforma -que fue turnada a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia del congreso de Coahuila- busca imponer una suspensión a quien cometa este tipo de violencia e incluso la inhabilitación para la prestación de servicios de salud, dependiendo del grado de afectación que tenga en la mujer. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud del estado hay 23 quejas sobre violaciones a Derechos Humanos relativos a la violencia obstétrica, muerte materna, derecho a la protección de la salud e inadecuada prestación de servicios del sector público de Coahuila. La propuesta del gobernador de Coahuila indica que se planteó como parte del cumplimiento de recomendaciones que emitió en enero de 2018 un grupo de expertas en materia de género que atendió la solitud de AVG, la cual tramitó en agosto de 2017 la “Red de Mujeres de la Laguna” únicamente para el municipio de Torreón. Otro de los temas de salud entregado por las expertas en su informe, es la despenalización del aborto en el Código Penal, no solo cuando está en peligro la vida de la mujer sino también cuando significa un grave daño a su salud. Cabe mencionar que la anterior administración de Coahuila, encabezada por Rubén Moreira Valdés (cuyo cargo terminó en diciembre de 2017) propuso derogar el límite de 90 días para interrumpir un embarazo en caso de violación, y también dejarlo sin límite para practicarlo, siempre y cuando, el producto tuviera malformaciones graves o cuando estuviera en riesgo la vida de la mujer, no obstante el congreso del estado desechó la propuesta en octubre de 2017. Tras recibir el informe con las recomendaciones para atender la situación de violencia contra las mujeres en Coahuila, el gobierno estatal tiene seis meses para cumplirlas, de lo contrario, al evaluarlo el grupo de expertas y la Secretaría de Gobernación, finalmente pude determinar decretar la AVG en Torreón.