Oaxaca.-En México persisten retos importantes en materia de paridad de género y violencia de género aseguraron 28 organizaciones civiles que hicieron un ejercicio de observación  al proceso electoral 2017-2018. En conferencia de prensa en la Ciudad de México, las organizaciones que forman parte del  Fondo de Apoyo a la Observación Electoral (FAOE), auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) aseguraron que fue constante la violación a los derechos políticos de las mujeres. Las organizaciones señalaron que si bien es cierto que los partidos políticos cumplieron con la inclusión de mujeres en sus planillas, falta indagar de qué manera fueron designadas y mantenerse vigilantes respecto a su permanencia en las candidaturas y en los cargos para los cuales fueron electas. [caption id="attachment_429553" align="aligncenter" width="390"] CIMACFoto: Anayeli García Martínez[/caption] Mencionaron que la violencia política hacia las mujeres es un tema que las autoridades deben priorizar y precisaron que los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero tuvieron la mayor cantidad de averiguaciones previas por conductas de violencia contra las mujeres, según el informe “Violencia Política por Género 2013-2016”, elaborado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). En este proceso electoral, dijeron que la violación a los derechos políticos de las mujeres se reflejó en el caso de las mujeres indígenas en Chiapas, donde la compra y coacción de voto a través de programas sociales como “Prospera” y “Salario Rosa” fueron una constante. Criticaron que la agenda de género fue casi inexistente en las plataformas electorales de los partidos políticos, de acuerdo con datos obtenidos por algunos proyectos del FAOE 2018. Es por ello que recomendaron que las autoridades electorales como el Instituto Nacional Electoral (INE) capacite a las mujeres militantes de los partidos políticos en temas relativos a sus derechos político-electorales. En este tema los partidos están obligados a destinar 3 por ciento de su financiamiento ordinario a la capacitación de liderazgos femeninos. En el caso de campañas, este año el INE informó que los partidos invertían dos de cada tres pesos de su gasto de campaña a candidatos varones y solo uno a mujeres candidatas. También llamaron a impulsar ante el Congreso de la Unión proyectos de ley que tipifiquen actos de violencia política en contra de las mujeres por razones de género y plantear un proyecto estadístico que registre de manera sistemática y periódica los actos de violencia política. Al respecto, el pasado 11 de septiembre las senadoras del Partido Acción Nacional (PAN) Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez Ruiz, así como legisladoras de diversos partidos políticos presentaron un punto de acuerdo que exhorta a las autoridades electorales, nacionales y locales, a tomar las medidas necesarias a efecto de no permitir la violencia política en razón de género contra mujeres en el estado de Chiapas, a quienes se les obligó a renunciar. Otros de los hallazgos de este ejercicio ciudadano fueron los retos para garantizar la participación de diversos grupos de la población en la jornada electoral como personas con discapacidad y personas adultas mayores. Por otro lado, en materia de juventudes, encontraron que las candidaturas de personas jóvenes -menores de 30 años- aumentaron en comparación de elecciones pasadas, aunque quienes alcanzaron cargos públicos siguen siendo una minoría. Solo 5.73 por ciento de los cargos electos en el Poder Legislativo federal fueron para personas jóvenes. Otro grupo en condiciones de vulnerabilidad, cuyos derechos políticos fueron transgredidos en este proceso electoral, fueron los pueblos originarios, como es el caso de Bochil en el estado de Chiapas, donde ex funcionarios de gobierno falsificaron actas de registro para hacerse pasar por indígenas y así obtener un cargo de elección popular. En este caso criticaron que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejó sin efecto la sentencia de la Sala Regional Xalapa, avalando las candidaturas de dichos ex funcionarios.