Oaxaca. El pasado 10 de septiembre los colectivos #FiscalíaQueSirva y Investigaciones Jurídicas de la UNAM, junto con el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, #VamosPormás, el CIDE y el Instituto de y la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentamos un proyecto de Ley Orgánica para crear una nueva Fiscalía autónoma e independiente, que fue el resultado de 15 mesas de trabajo entre organizaciones civiles, académicos, legisladores e integrantes del equipo de transición del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
 
Sin embargo, en días pasados, legisladores de la coalición con mayoría en ambas Cámaras han informado que esta semana se iniciará el proceso de dictaminación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, distinto al proyecto trabajado y presentado hace dos meses.
 
Desde #FiscalíaQueSirva advertimos que, de aprobarse el proyecto de dictamen que ha trascendido, implicaría serios retrocesos con respecto al modelo de Fiscalía que se construyó previamente, y que ponía en el centro a las víctimas, los ciudadanos y el combate a la impunidad.
 
La iniciativa que estaría por aprobarse, presenta, entre otros, los siguientes problemas:
 
1. No garantiza un proceso de transición adecuado que rompa con la ineficiencia y malas prácticas de la actual Procuraduría General de la República.
 
2. No garantiza la independencia de los fiscales para investigar.
 
3. Posterga el plazo previsto para que la persona que ejerza el cargo de Fiscal General de la República desarrolle el proceso de consulta ciudadana orientado a promover cambios estructurales en la procuración de justicia.
 
4. Reduce el derecho de acceso a la justicia de las víctimas que viven en el extranjero.
 
5. No brinda garantías suficientes para que la Fiscalía General de la República cuente con el
presupuesto necesario para contribuir a reducir los niveles de impunidad en el país.
 
6. Duplica las funciones de investigación al otorgarle a la Coordinación General funciones que son propias de la Coordinación de Investigación y de Persecución Penal, generando así estructuras que tornarán ineficiente el funcionamiento de la Fiscalía General de la República.
 
7. Limita la transparencia y auditoría social sobre el funcionamiento y cumplimiento de metas
institucionales.
 
8. Desnaturaliza el Plan de Persecución Penal al suprimir su categoría de instrumento público, eficaz para la rendición de cuentas de la Fiscalía.
 
En respuesta a estas preocupaciones, hicimos llegar varias propuestas en una carta entregada tanto a líderes de bancada como al equipo de transición, y refrendamos que la construcción de una Fiscalía que sea verdaderamente independiente de todo poder político y económico ha sido un trabajo colectivo en el que se han escuchado todas las voces y se han creado espacios propicios para el debate y los acuerdos.
 
Además, consideramos que el proceso legislativo debe llevarse a cabo en el formato de Parlamento abierto, sin dejar fuera a las víctimas y a la ciudadanía que han trabajado por transformar el actual sistema de justicia, por lo que hacemos un exhorto a los legisladores y al próximo gobierno a continuar con el diálogo para construir las instituciones que el país necesita.