Oaxaca.-La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, OXFAM México, la Fundación para el Debido Proceso, el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, así como Servicios para una Educación Alternativa A. C. (Educa A. C.) realizaron la presentación del informe sobre Implementación de la consulta y consentimiento previo libre e informado “Experiencias comparadas en América Latina y discusiones sobre una ley de consulta en México”, el 10 de octubre último en las instalaciones del organismo defensor ubicadas en Arteaga 414, en el centro histórico de la capital oaxaqueña.

En la presentación participaron Roberto Stefani, de OXFAM México; Daniel Cerqueira, de Fundación para el Debido Proceso; Carmen Santiago Alonso, de Flor y Canto A. C., y Ana María García, de Educa A. C.

El coordinador general de Fortalecimiento a la Cultura de los Derechos Humanos de la Defensoría, Mario Hernández Martínez, destacó que las organizaciones que participaron en esta actividad tienen una gran trayectoria de trabajo comunitario, perspectiva de derechos humanos de justicia y comparten el tema de la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Daniel Cerqueira, de Fundación para el Debido Proceso, señaló que el Informe surgió el año pasado, si bien se ha acompañado desde 2015 a las agrupaciones Flor y Canto y Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda) en la consulta que se sigue llevando a cabo en los valles centrales, y en otro proceso que fue el diseño del Plan Nacional de Derechos Humanos que se estaba diseñando en el país. Una de las propuestas de ese plan empezó con el debate de por qué incluir en el Plan Nacional una Ley de Consulta, abundó.

Cerqueira agregó que el documento del Informe fue construido en un contexto político latinoamericano en el cual se da una discusión que muchas veces es engañosa en cuanto a la opinión pública recabada e incluso en la actuación de operadores del derecho, sobre todo por parte del Poder Judicial y operadores políticos.

Posteriormente intervino el Consejero Ciudadano de la Defensoría Bernardo Rodríguez Alamilla, como moderador de la mesa, expuso que es importante que las diversas autoridades visualicen a las comunidades indígenas como verdaderos sujetos de derecho, pues uno de los grandes problemas de la mayoría de las legislaciones que existen en el país es que a estos pueblos se les ve como sujetos colectivos por los cuales hay que decidir y representar.

Rodríguez Alamilla destacó que el documento presentado este 10 de octubre da una visión muy clara de cómo ha sido el proceso de implementación de los procesos de consulta en Centro y Sudamérica, por lo cual puede servir de referente para los procesos que se inician en México.

El consejero Ciudadano resaltó algunos puntos importantes de la intervención del representante de la Fundación para el Debido Proceso, como la dificultad de establecer un proceso de consulta general, dada la diversidad de cosmovisiones de los pueblos y comunidades en nuestro país, y también, que cualquier proceso de Consulta tiene que nacer de esas propias comunidades.

En cuanto al contexto de la consulta previa y el desarrollo normativo de derechos fundamentales, señaló que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo fue creado en junio de 1989. México fue el segundo país que ratifico el Convenio, seguido por Noruega, subrayó.

Finalmente, e l representante de la Fundación para el Debido Proceso puntualizó que los pueblos indígenas no son personas o individuos que el Estado representa, sino colectividades que pueden ejercer directamente sus derechos.

Por su parte, la integrante de Flor y Canto A. C., Carmen Santiago, se refirió al proceso de la consulta que se está llevando a cabo en los Valles Centrales de Oaxaca desde agosto de 2015.

Reprochó que las instituciones de gobierno –en este caso, Conagua– han desobedecido a un tribunal que ordenó realizar la consulta, y expuso que si las instancias de gobierno desobedecen un mandato judicial, qué se puede esperar que hagan cuando una comunidad indígena zapoteca se organiza y demuestra sus capacidades para resolver un problema, que en este caso es la falta de agua para la agricultura y el uso diario

Recalcó que ese es el problema que agrupa a 16 comunidades de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua desde el año 2005, cuando a los agricultores de los Valles de Ocotlán y Zimatlán les llegó una carta de Conagua que les pedía pasar a liquidar una cantidad de agua que ellos no habían utilizado.

Finalmente, Ana María García, de Educa A. C., señaló las fallas que se han notado durante las consultas, como la falta de diseño institucional, así como la falta de diálogo entre sociedad civil y autoridad. La estructura de las instituciones –abundó– adolece de un mecanismo inoperante, falta comunicación entre las instancias oficiales, falta de respeto a las autoridades municipales y discriminación en las prácticas de funcionarios públicos.

El documento del Informe señala que el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y tribales es un componente esencial en la construcción de sociedades democráticas. Sin embargo, con frecuencia los Estados de la región adoptan decisiones inconsultas que afectan a los referidos pueblos, propiciando conflictos sociales y agudizando su desconfianza hacia sus gobiernos, producto de siglos de políticas públicas basadas en la asimilación cultural, violencia y discriminación. Ante la creciente conflictividad social derivada del avance de megaproyectos energéticos y de infraestructura, la consulta y el consentimiento previo, libre e informado (CPLI) se han convertido en una de las principales respuestas, en México y en otros países de América Latina, a la demanda de los pueblos indígenas para que se reconozca su libre determinación.

Este informe reconoce que no existe en México una ley general que regule el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y CPLI sobre decisiones estatales que puedan afectar los derechos sobre sus territorios y recursos naturales. Ante dicho vacío legal, los funcionarios estatales se han guiado, en general, por los lineamientos establecidos en un protocolo sobre consulta elaborado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Además, a raíz de la Reforma Energética de 2013, se han desarrollado protocolos específicos ad-hoc para procesos de consulta en relación con proyectos vinculados al sector energético. Los procesos de consulta que se han llevado a cabo en México emanan sobre todo de sentencias dictadas en acciones judiciales emprendidas por comunidades y pueblos indígenas.