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Oaxaca.-.- Nulo impacto, fallas, opacidad, criterios cuestionables prevalecen en las Declaraciones de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) emitidas por la Secretaría de Gobernación en 16 estados del país, reveló organización que ha dado seguimiento al mecanismo contra la violencia feminicida implementado desde 2015 en México.

Integrantes de la organización Articulación Ciudadana para la Equidad y el Desarrollo (ACED) presentaron en Puebla los resultados del Observatorio de Violencia de Género realizado en Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit, las seis entidades de la república con AVG declarada en 2017.

Laura Pedraza explicó que la SEGOB, a través del Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), ha negado la AVG a estados y municipios cuyos índices de feminicidios, trata de personas y desaparición de mujeres, va al alza.

En el análisis expuesto destacó el caso de Colima, cuya declaratoria de AVG lograda en 2017, la SEGOB excluyó al municipio de Manzanillo pese a que concentra el 40 por ciento de los feminicidios que ocurren en la entidad.

A pesar de las evidencias de que Manzanillo encabeza la incidencia de asesinatos de mujeres, 30 meses después de que fue solicitada, la AVG fue declarada únicamente para cinco de los diez municipios solicitados: Coquimatlán, Colima, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Álvarez.

“Por razones inexplicables Manzanillo quedó fuera de AVG a pesar de que organizaciones habían centrado en esa entidad la solicitud del mecanismo”, reclamó.

La negativa y el regateo de la AVG

“En Puebla y Tlaxcala, pese a las cifras de violencia contra las mujeres y a las solicitudes realizadas, no se ha declarado la AVG, lo que hace cuestionar los criterios con los cuales se declara o no el mecanismo” sostuvo Pedraza durante su informe.

Advirtió que la negativa para declarar la AVG en Puebla ha sido significativa, pues es la única entidad que a la fecha ha acumulado cinco solicitudes de declaratoria de Alerta de Violencia de Género, entre ellas una realizada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y otra por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La reticencia para echar a andar el mecanismo se ha dado a pesar de que Puebla también es el segundo estado con más desapariciones de mujeres en el país, sólo después del Estado de México, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

En Puebla las cifras de feminicidios son de alarma. Durante el periodo 2014-2017 ocurrieron un total de 422 homicidios de mujeres (INEGI). En 2014 se registraron 91 casos, en 2015 94, en 2016 96 y en 2017 141. Es decir, es de los estados donde la cifra se incrementó un 54.9 por ciento.

La media nacional de 10.6 por ciento de mujeres víctimas de homicidios es superada en Puebla que registra el 13.2 por ciento.

Negativa de AVG en “El Corredor de la Trata”

La AVG también fue negada para Tlaxcala y Puebla, a pesar de que en las entidades se conoce internacionalmente la zona “El corredor de la Trata”.

Luego de la solicitud de AVG, en Tlaxcala el gobierno federal consideró que la administración local realizó acciones suficientes para revertir las agresiones contra mujeres por lo que negaron la AVG a pesar de que organizaciones probaron que en el estado hay suficientes evidencias para ser considerado “la cuna de la explotación sexual” en el país.

Todos para Todos solicitó explícitamente la AVG por existir prácticas de Trata Sexual de Personas. Argumentaron que el 80 por ciento de los explotadores sexuales de mujeres a los que se les ha iniciado proceso judicial procede de Tlaxcala o realizan sus actividades delictivas en ese estado.

Tlaxcala además es el quinto estado con más víctimas de trata de personas. En el informe 2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció 194 casos.

La solicitud de AVG de Todos para Todos fue para 13 municipios, pero el Centro Fray Julián Garcés detectó en un estudio de 2014 que la trata de mujeres está presente en al menos 35 de los 60 municipios tlaxcaltecas donde viven y trabajan reconocidas familias dedicadas a la explotación, víctimas de trata, e incluso existen lugares y centros en evidente práctica de explotación sexual de mujeres.

En cuanto al delito de trata de personas, Puebla reportó 83 víctimas mujeres de 117 víctimas en total entre 2015 y 2017, documenta la investigación presentada.

Ampliación inexplicable de plazos a autoridades incumplidas

La representante de ACED AC informó que durante el monitoreo de la situación de la violencia feminicida en las entidades del país con declaratoria de AVG en el 2017 fueron halladas graves violaciones de la CONAVIN a su propio protocolo lo que impide efectividad en la AVG.

En sus hallazgos destaca la inconcebible ampliación de plazos de tiempo que concedió la Segob a autoridades poblanas para llevar a cabo las medidas que den cumplimiento a las recomendaciones de grupo de expertas, luego que la solicitud de AVG, que según el protocolo no deben exceder los seis meses.

“A pesar de que las autoridades poblanas no cumplieron en esos seis meses de plazo las acciones para revertir la violencia contra las mujeres, no sólo no declararon la AVG – como lo marca el protocolo— sino que les fue concedido un plazo extraordinario de ocho meses más, situación fuera de ley. Como no se cumplieron los pendientes, el plazo se extendió nuevamente.  El resultado es que a la fecha pese al tiempo concedido, las recomendaciones continúan sin cumplirse y la Alerta de Violencia sin emitirse”.

“Es fundamental que la declaratoria de AVG sea vinculante, que no dependa de la voluntad de las autoridades en turno. Urge establecer un mecanismo que sancione a quienes no cumplan con las obligaciones derivadas de las declaratorias de AVG”, sostuvo Pedroza.

Un mismo traje. Un modelo de Alerta para las diferentes entidades

A la fecha se encuentran declaradas 17 Alertas en 16 entidades del país. Veracruz es la entidad con dos AVG: una por violencia y otra por agravio comparado.

El estudio encontró que las medidas establecidas en las Alertas son generales e incluso con recomendaciones similares entre las entidades, como si Grupos de Trabajo usaran el clásico “copy”, con sus pares, sin el mínimo racionamiento de sus señalamientos.

Pedraza llamó a la SEGOB a considerar de manera particular las condiciones de las entidades e incluso de los municipios, pues las mismas medidas pueden no funcionar de la misma forma en contextos múltiples.

La investigadora relató el caso de San Luis Potosí, entre cuyas recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo de la AVG constaba el uso de una Aplicación para teléfonos celulares, pese a que el territorio donde se solicitaba la Alerta implicaba regiones indígenas donde ni siquiera llega la señal de internet.

Fallas y falta mecanismos para reportar el impacto de AVG

En rueda de prensa, la organización mencionó múltiples fallas halladas, entre ellas la tipificación del feminicidio, en Sinaloa todos los homicidios de mujeres son identificados como tal. Sin embargo, esto también impide un análisis adecuado de la dinámica de la violencia contra las mujeres.

La investigadora también señaló la falta de indicadores de proceso y de cumplimiento para dar seguimiento a las medidas implementadas en las entidades en el marco de la AVG.

“Son acciones urgentes indicadores de resultado y de impacto, que permitan ver los avances en cuanto a las acciones realizadas, los resultados, y finalmente, si es que el problema está siendo resuelto a través de estas acciones”, señaló.

Pese a que las autoridades reportan acciones, se desconoce si son las adecuadas para abordar la problemática en cada entidad.

La ACED aseguró que la AVG no ha fracasado del todo, pues finalmente ha sido útil a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para hacer visible la violencia feminicida en México y se ha reconocido la problemática no atendida e incluso negada.

Señalaron que este tema en agenda mediática revela la gravedad de una problemática normalizada y ha provocado movilización porque pone en la mesa los pendientes de las autoridades en materia de prevención y erradicación de la violencia feminicida.

Hasta el mes de agosto de 2017, de acuerdo con las estimaciones de la CONAPO actualmente 14 millones 153 mil mujeres viven en territorio con AVG, es decir el 22.36 por ciento de la población femenina del país.

En Sinaloa, aproximadamente 4 de 5 mujeres viven en un municipio con AVG. Para Morelos la proporción es de 3 de cada 5.

El Estado de México cuenta con la mayor cantidad de mujeres habitando un municipio con AVG con más de 4 millones.

Feminicidios al Alza pese a la AVG

En los dos estados con declaratorias de AVG 2015, la tendencia ha sido al alza. En Morelos el número de feminicidios se incrementó de 2015 a 2016 en un 66 por ciento. El Estado de México fue la entidad que registró más feminicidios en 2016 con 263 casos y en la primera mitad del 2017 se contaron 126 feminicidios.