Bogotá, Colombia. Durante la primera audiencia del segundo año de funcionamiento del Mecanismo Especial de Seguimiento (MES) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa, las y los comisionados exhortaron al Estado mexicano a que acepte el cronograma de diligencias y la declaratoria de intención de atención victimal presentada por la representación de las familias de los 43 normalistas desaparecidos, al considerarlas propuestas muy respetuosas y atendibles. Al tiempo en que pidieron un minuto de silencio por Minerva Bello, quien falleció por un cáncer agravado por el sufrimiento de no conocer el paradero de su hijo Everardo, las familias alertaron sobre indicios que señalan que el Gobierno federal está buscando cerrar el caso por así convenir a sus intereses electorales. Advirtieron que el Estado pretende que se suspenda la audiencia programada para mayo y señalaron que en la reunión de trabajo de la noche previa se negaron a tomar cualquier compromiso concreto, por lo cual es indispensable que siga la supervisión internacional. Las y los comisionados recordaron que el objetivo de las medidas cautelares es dar con el paradero de los 43 estudiantes y asegurar verdad y justicia en el caso, por lo cual pidieron que se aclarase cuáles son los obstáculos que lo impiden a más de 3 años de emitido el acuerdo. Aunque los representantes del Estado afirmaron en distintas ocasiones que hay avances en la investigación, que este año presentarán conclusiones y que tienen compromiso para resolver el caso, rechazaron las propuestas de las familias, que tienen el papel de coadyuvantes en el caso, alegando que éstas pretenden evadir controles legales y de seguridad y advirtiendo que la investigación se retrasaría. Al respecto, los representantes de las familias demostraron que nunca han pedido nada fuera de la ley; señalaron que los incentivos para que personas detenidas puedan proporcionar información relevante se encuentran contemplados dentro del artículo 25 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y recordaron que las visitas a penales para entrevistar a probables responsables se han dado a lo largo de toda la investigación, por lo cual no se trata de una solicitud nueva ni se están pidiendo condiciones diferentes. La representación legal de las familias advirtió que el Estado mexicano ha incumplido los compromisos adquiridos para la investigación en los plazos que él mismo se adscribió, entre ellos el esclarecimiento y fincamiento de responsabilidades a autoridades del estado de Guerrero, a elementos de la Policía Federal y de las policías locales de otros municipios. Señalaron su sorpresa porque Estado diga que la propuesta de cronograma podría retardar la resolución de temas tangenciales, cuando lleva 3 años 5 meses sin dar con el paradero de los jóvenes. Además, aclararon a pregunta expresa de las y los comisionados a los representantes del Estado, durante el último año no ha habido nuevas detenciones ni obtención de información relevante derivada de ellos; tampoco se han fincado nuevas acusaciones desde diciembre de 2014 y tampoco hay una sola persona procesada por desaparición forzada. Con respecto a la declaración de intención de cumplir el plan de atención victimal –a lo cual es Estado alegó que sería un “insumo” para sus acciones-, la representación de las víctimas señaló que hasta ahora las acciones del Estado en el tema han sido aisladas, descoordinadas y dirigidas incluso a inhibir la denuncia, por lo cual se deben establecer reglas básicas contenidas en el acuerdo. Las madres y padres presentes en la audiencia señalaron que todos los elementos confirman que el Gobierno federal está “administrando el caso” y lamentaron haber ido hasta Bogotá solamente para atestiguar cómo se niega a cumplir su trabajo y a asumir compromisos, lo que pone en entredicho su compromiso real con el Mecanismo Especial de Seguimiento.