Oaxaca.- Las mujeres con discapacidad enfrentan desventajas y discriminación múltiple, pues 72.3 por ciento no realiza ninguna actividad económica, lo que les impide contar con ingresos para adquirir bienes y servicios mínimos y deriva en dependencia, aislamiento y exclusión. De acuerdo con el Informe Sombra Sobre la Situación de las Mujeres con Discapacidad en México, sólo 27.6 por ciento de las mujeres con discapacidad en el país son económicamente activas, en comparación con 52.9 por ciento de los hombres con discapacidad. El estudio, elaborado por la organización civil Transversal Acción Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, detalla que las mujeres que consiguen un empleo lo hacen en puestos de baja calificación, con desprotección salarial y una importante brecha de ingresos laborales. En este sentido, el análisis destaca que de manera general las personas con discapacidad perciben apenas 66.5 por ciento de lo que ganan personas sin alguna discapacidad. Asimismo, explica que las personas con discapacidad tienen ciertas restricciones en cuanto a su capacidad jurídica, lo que resulta en segregación e imposibilidad de proveerse de servicios médicos con enfoque de consentimiento libre y de género. En el caso de las mujeres con discapacidad, lo anterior puede derivar en casos de esterilización forzada, tratamientos irreversibles y limitado acceso a salud reproductiva en igualdad. El informe, que considera datos emitidos por instancias gubernamentales como el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, señala que las mujeres con discapacidad no ejercen su derecho a la educación en igualdad de condiciones. Así, el promedio de escolaridad en mujeres con discapacidad de más de 15 años de edad es de 5.0 grados en comparación con los 5.7 grados de los hombres con esta condición y 9.8 de la población en general. Incluso, 25.8 por ciento de las mujeres con discapacidad son analfabetas, en relación con 19 por ciento de los hombres y 3.8 por ciento de la población sin discapacidad, lo que se suma a la falta de acciones para prevenir y combatir la discriminación interseccional, la ausencia de información al respecto y de datos actualizados.