Comunicado Oaxaca.- Un día como hoy, hace diez años, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) detuvo de forma arbitraria a Lorena González Hernández y la acusó de un delito que no cometió, basándose en pruebas falsas y fabricadas. Las violaciones a los derechos humanos de Lorena González continuaron durante toda la fase de investigación, en la que siempre estuvo privada de la libertad, hasta que la autoridad capitalina retiró la injusta acusación en su contra, después de casi siete años. A la fecha, ninguna autoridad se ha hecho responsable del daño causado, ni de la reparación a la víctima de esta injusticia. Lorena González fue detenida de forma arbitraria el 5 de septiembre de 2008 en las instalaciones de la Policía Federal Preventiva —donde trabajaba desde 1995—, acusada de estar relacionada con el secuestro y homicidio de Fernando Martí Haik, hijo del empresario Alejandro Martí. Con base en testimonios manipulados y de personas que incluso nunca existieron, Lorena González Hernández fue procesada y presentada públicamente ante medios de comunicación nacionales e internacionales —en violación a su derecho a la presunción de inocencia—, lo que le provocó una condena social y estigmatización que se ha mantenido hasta ahora. Las autoridades capitalinas, ignorando las reiteradas recomendaciones de mecanismos internacionales, ejecutaron una orden de arraigo en contra de Lorena González —figura que ha sido declara inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas ocasiones—. Posteriormente, fue recluida en una prisión local en condiciones que podrían calificarse como tratos crueles, inhumanos y degradantes. A pesar de que en el fuero federal una persona había sido acusada por los mismos hechos y procesada por el Poder Judicial, la PGJDF dolosamente mantuvo el proceso penal abierto en contra de Lorena González Hernández. Además, la autoridad ministerial de la Ciudad de México ilegalmente le fabricó otro delito para hacerlo valer en caso de que obtuviera la libertad en el primer proceso. Ante la falta de voluntad de diversas autoridades del Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones constitucionales de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos de Lorena González, en 2010 se tramitó una queja ante Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF); sin embargo, el organismo autónomo injustamente decidió cerrar la investigación, a pesar de la contundencia de las evidencias antes mencionadas, por lo que se tuvo que recurrir a la protección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). A diez años de la detención arbitraria de Lorena González Hernández y la fabricación de un delito que no cometió, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) confía en que la CNDH emita, a la brevedad, una recomendación que reconozca las violaciones a los derechos humanos por parte de la PGJDF y de la CDHDF, así como las medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición a las que tiene derecho en su calidad de víctima.