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Oaxaca.-.- Tras señalar que del año 2000 a la fecha han sido privados de la libertad 140 periodistas, el ombudsperson nacional, Raúl González Pérez, indicó que es lamentable que se busque acallar a los periodistas con la intimidación, el hostigamiento, la desaparición y hasta la privación de la vida.

Al participar en el Seminario: “La Labor Periodística desde la Perspectiva de Derechos Humanos, Acceso a la información y la Protección de Datos Personales”, que se lleva a cabo en la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo que se busca acallar la libertad de expresión, por eso debemos alzar la voz para que los gobiernos, federal y de los estados, asuman la responsabilidad para no interferir y generar las condiciones seguras para que los periodistas ejerzan esa libertad.

Insistió, no importa de qué medio y de qué ideología se trate, hay que reprobar que no se afecte la libertad que ustedes ganaron, conquistaron, a través de esa intimidación de matar a comunicadores o desaparecerlos.

Ante los agravios a los periodistas expreso su más enérgica protesta y demando una efectiva respuesta del Estado.

Asimismo, indicó que la unión de todos los que estamos interesados y comprometidos en la protección de las libertades informativas fortalecerá nuestros reclamos desencadenará una dinámica social orientada a lograr un régimen de Estado que garantice y respete los derechos humanos de los periodistas.

No estamos en una auténtica libertad de expresión, cuando esta se puede perturbar, afirmó González Pérez, durante el seminario organizado en forma conjunta con el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Agregó que los datos duros y las estadísticas reflejan de manera abrumadora la violencia contra la prensa, circunstancia que no contribuye en absoluto a una idea de un gobierno abierto.

Se ha documentado que la violencia desatada contra los comunicadores es la relacionada principalmente con quienes informan sobre delincuencia organizada y contra la oposición política, la disidencia gubernamental o la protesta social.

La trasparencia y el acceso a la información constituyen la respuesta institucional y democrática para favorecer la rendición de cuentas, proyectar luz a las acciones del gobierno y fortalecer el Estado de Derecho.

Indicó que la función pública se tiene que documentar, la persona que tiene una posición política o de trascendencia pública debe recibir un tratamiento diferenciado, justamente al someterse de manera voluntaria al examen y la crítica colectiva.

Las críticas son parte de la vida democrática, esos motivos justifican salvaguardar la expresión, difusión y circulación amplia de ideas, datos y opiniones sobre los distintos asuntos públicos, especialmente porque previenen la corrupción.

A los periodistas, a los medios de comunicación, les compete la tarea de transmitir información e ideas sobre asuntos de interés general de forma oportuna, veraz y confiable. Una sociedad desinformada es, sin duda alguna, una sociedad menos democrática y menos transparente.

Por ello, los gobiernos deben garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, fomentar la transparencia y aumentar la rendición de cuentas, respetando también los datos personales.

María Patricia Kurcyn, comisionada del INAI y coordinadora del Seminario señaló que el objetivo es proporcionar a todos los interesados, periodistas y estudiantes información sobre derechos humanos, y como utilizar, como herramientas, los instrumentos de acceso a la información pública y protección de datos personales.

Por su parte, Juan Carlos Sánchez Magallan, académico de la Facultad de Derecho, señaló que informar con responsabilidad es una premisa fundamental, y que éstos deben informar aunque incomoden a los gobernantes, y no deben ser acallados ni hostigados.

Agregó que existe un sistema de protección a los derechos humanos a los periodistas y comunicadores, y que es lamentable que a pesar de esto se siga con este tema, ante los “apetitos insaciables de quienes detentan el poder”.

Los ciudadanos, los electores no dieron un cheque en blanco a los gobernantes, existe un andamiaje legal, sistemas autónomos, por lo que debemos alzar la voz ante los excesos de los gobernantes.

El director del a Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante, inauguró el Seminario, y también estuvieron presentes Mónica González Contró, abogada general de la UNAM.