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Oaxaca.-En el informe “Bajo ataque. Los derechos humanos en Oaxaca 2013-2018” indica que los ataques  relacionados con las reformas energética, educativa, minera y de telecomunicaciones, y vinculados con megaproyectos, aumentaron y además creció el nivel de violencia empleado.

El balance, coordinado por el Comité de Defensa Integral de los Derechos Humanos Gobixha,  Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Espiral por la Vida y Servicios para una Educación Alternativa, registra al menos 124 actos de violencia contra al menos 76 defensoras y defensores, cometidos de enero a septiembre de 2016.

Así lo señalaron después de hacer un recuento de los casos de criminalización de la protesta social, tortura, ataques a periodistas y la libertad de expresión; agresiones a defensores de la tierra, territorio y derechos de los pueblos indígenas; y de las violaciones a derechos de niñas, niños y adolescentes y la violencia feminicida en el estado.

En este análisis se menciona que de enero a octubre de 2017, se conocieron 166 violaciones a Derechos Humanos. En 18 de estas agresiones hubo presencia de armas de fuego y se supo de nueve detenciones ilegales contra personas defensoras durante 2017; también  conocieron 64 casos de agresiones verbales, amenazas e intimidación, y 51 casos de agresiones físicas.

El recuento oficial, explica el documento, no da cuenta de la grave dimensión que han tenido estos últimos años allanamientos a oficinas y viviendas de defensoras y defensores.

En este contexto las organizaciones denunciaron que la impunidad da cuenta de cómo el gobierno estatal permite los ataques a personas defensoras ya que de 2013 a la fecha ha sido sistemática la negativa del Estado para investigar y sancionar a los agresores tanto en el sistema jurisdiccional como en el no jurisdiccional.

Las cifras de la Fiscalía General del estado menciona que se investigaron 46 agravios a defensoras y defensores de Derechos Humanos cometidos entre 2015 y 2017, de los cuales sólo tres fueron judicializados, y solo en un caso existe una orden de aprehensión, de la que no se informó si fue o no ejecutada.

Además señalaron que la violencia feminicida es una constante creciente en Oaxaca. De 2013 a 2017 se cometieron 475 casos de  feminicidio.

Es por ello que hicieron una serie de recomendaciones como abrogar la reforma educativa y abrir un proceso amplio de consulta con diversos actores de la academia y trabajadores; sancionar a los responsables de violaciones a Derechos Humanos señalados en el informe de la Comisión de la Verdad de Oaxaca y garantizar el ejercicio libre del derecho a defender los Derechos Humanos, incluyendo la protesta social, entre otras.