Por: Por Anayeli García Martínez/Cimacnoticias

La semana pasada en la Cámara de Diputados se avivó el debate sobre la despenalización del aborto en toda la República mexicana, sin embargo, entre las y los diputados persiste la idea de que las mujeres que abortan deben recibir una sanción, sin importar si la interrupción del embarazo fue provocada o fortuita.

En esta Legislatura, la primera con 48.2 por ciento de mujeres, se han presentado tres propuestas relacionadas con el aborto; sin embargo ninguna busca eliminar o derogar el delito de “aborto”.

Todas las propuestas: una del grupo parlamentario de Partido de la Revolución Democrática (PRD), apoyada por sus 20 legisladores; y dos de diputados de Morena: Lorena Villavicencio Ayala y Porfirio Muñoz Ledo, dejarían en la ley sanciones para las mujeres que aborten.  

De acuerdo con una revisión de Cimacnoticias sobre el contenido de las propuestas, sólo una sigue el modelo parlamentario que se planteó en 2007 en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALDF), cuando el 24 de abril de ese año se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

Hace 11 años, la entonces ALDF reformó el Código Penal y la Ley de Salud capitalina. La modificación a la norma penal hizo que el aborto se castigara con una sanción de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, siempre y cuando fuera después de las 12 semanas de gestación.

La reforma en materia de salud incluyó la obligación de las instituciones públicas de salud del gobierno capitalino de atender las solicitudes de interrupción del embarazo y dio carácter prioritario a la atención de la salud sexual y reproductiva.

Desde entonces hubo intentos por despenalizar el aborto a nivel federal ante la falta de apoyo parlamentario las propuestas no prosperaron. Ahora el debate resurgió tras la intención de las y los legisladores federales de Morena por aprobar una reforma que deje bases para que el aborto sea legal en todo el territorio mexicano.

No obstante, ninguna de las tres propuestas de reforma que ya se presentaron en la Cámara de Diputados hace referencia a modificar la Ley General de Salud para para garantizar la oferta de la interrupción del embarazo en los servicios de salud de todo el país, como sucede en la Ciudad de México.

La iniciativa más publicitada es la de la diputada morenista Lorena Villavicencio Ayala, quien el pasado 23 de octubre presentó la propuesta para reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La legisladora propuso un cambio normativo similar al de la Ciudad de México. Se trata de modificar el Artículo 330 del Código Penal Federal para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y reducir la pena, que actualmente es de uno a tres años de prisión, y pasarla a una condena de tres a seis meses.

En esta propuesta plantea que el Artículo 332 de dicha norma diga que otras excluyentes de responsabilidad penal serán si el embarazo sea resultado de una violación; si corre peligro la salud de la mujer; si dos médicos especialistas diagnostican malformaciones del feto; y si es “resultado de una conducta culposa de la embarazada”.

Actualmente el Código Penal Federal dice que se puede reducir la pena por aborto si la mujer no tenía mala fama, si logró ocultar su embarazo y si éste fue fruto de una unión ilegítima.

Con el objetivo de marcar una ruta legislativa a los Congresos estatales, la diputada Villavicencio Ayala también propuso reformar el Artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para considerar violencia institucional, el embarazo forzado, y la tipificación del aborto como delito.

La iniciativa no considera que de acuerdo con organizaciones civiles muchas mujeres que tuvieron un aborto, incluso espontáneo, fueron sido acusadas y sentenciadas por los delitos de homicidio en razón de parentesco o infanticidio y no por aborto.

La propuesta de la legisladora tampoco considera modificar la Ley General de Salud por lo que no habría acceso gratuito a servicios de interrupción legal del embarazo en instancias de salud federales.

La iniciativa de la diputada morenista no es la única. La primera propuesta en la Cámara de Diputados se presentó el 6 de septiembre de 2018 por el grupo parlamentario del PRD, la cual busca una modificación a nivel constitucional.

La iniciativa del partido, avalada por todos sus legisladores, es señalar en el Artículo 4 constitucional que “se garantizará este derecho (decidir el número de hijos), estableciendo la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la interrupción del embarazo cuando la mujer interesada así lo solicite o lo necesite, como una obligación institucional”.

En este caso, la propuesta no busca cambios en materia penal ni de salud, aun cuando esos cambios en la capital del país han salvado la vida de 202 mil 698 mujeres que en los últimos 11 años (hasta octubre de 2018) recurrieron al servicio de interrupción legal del embarazo, una política exitosa que incluso cobija a las mujeres que radican en otras entidades.

Por otro lado, el 23 de octubre de 2018 el diputado de Morena y presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo propuso una reforma que también busca modificar el Artículo 4 de la Constitución federal para garantizar el “derecho a decidir sobre tener hijos o no” y la “autonomía reproductiva”.

Aunque la propuesta no hace cambios penales la agenda parlamentaria de Morena plantea en su punto 22 el objetivo de impulsar reformas a la Constitución federal y al Código Penal federal para despenalizar el aborto e incluirlo en los servicios de salud pública en todas las entidades del país, garantizando el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

A estas propuestas se podría sumar una más de la diputada, también de Morena, Miroslava Sánchez Galván, quien ha dicho a los medios de comunicación que buscará modificar la Ley General de Salud para legalizar el aborto, aunque esta iniciativa aún está en elaboración.

Las propuestas de Morena podrían ser impulsadas y aprobadas porque su bancada es mayoría, con 51.2 por ciento de diputaciones, y porque el grupo perredista suma 20 legisladores a favor de la despenalización, además de dos independientes, Ana Lucía Riojas Martínez y Carlos Alberto Morales Vázquez, quienes como integrantes del movimiento “Ahora” se dijeron a favor del aborto.

Además porque la ex ministra y futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, es una promotora del derecho a decidir de las mujeres y si bien el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no está a favor del aborto sí buscaría una consulta ciudadana en la materia.