Oaxaca.-El 22 de agosto de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría hacer historia al decidir si comunidades pueden participar en asuntos que afectan el medio ambiente. Específicamente lo hará sobre la participación de comunidades en la cuenca del río Sonora, respecto a la ampliación de la presa de jales que la Mina de Buenavista del Cobrepretende construir en Cananea, donde ya hay una –incluso más grande que la propia ciudad- y próxima a la comunidad de Bacanuchi, al sur. El origen de la controversia es una queja interpuesta por habitantes del río Sonora para tener voz sobre la ampliación de la presa.

                                       La presa de jales es la que se observa a la derecha de Cananea.

"Este es el primer caso que se resuelve de fondo en la Suprema Corte de Justicia. No es un caso que directamente tenga que ver con el derrame en el Río Sonora, sino con todo lo que tiene que ver con Buenavista del Cobre y las comunidades afectadas", explica Luis Miguel Cano, abogado de PODER, la cual representa a los Comités de Cuenca Río Sonora, quienes hace dos años impulsaron el juicio de amparo que se resolverá el próximo miércoles. Aunque la resolución de la Corte será específica para este caso, con él se busca sentar precedente para "cuestionar una forma en que funcionan las cosas, hoy cualquier empresa que quiere realizar un proyecto, solo tiene que dialogar con el gobierno y el gobierno la única obligación legal que tiene es publicar en la Gaceta Ecológica de la Semarnat", abunda el abogado en entrevista con el HuffPost.

Lo que la Corte va a determinar es si la población de Bacanuchi tiene el derecho a participar en este asunto de interés público de corte medio ambiental."Luis Miguel Cano

En la Gaceta Ecológica se publica el listado de proyectos ingresados y resueltos en Oficinas Centrales y Delegaciones Federales de la Semarnat, consultas públicas y reuniones públicas de información de los trámites sometidos al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA). En la Gaceta, explica el abogado de PODER, se presentan los distintos proyectos para queautoricen un informe preventivo o una manifestación de impacto ambiental y "si la gente no está a las vivas y no capta que hay un proyecto cerca de su comunidad que le pudiera llegar a afectar y no promueve una consulta, entonces no se abre una consulta, según la ley." En este sentido, la Segunda Sala de la SCJN determinará si se reconoce plenamente la existencia del derecho a participar en asuntos de interés público de tipo medioambiental,y si ese derecho supone la obligación de las autoridades de informar, consultar y dejar participar a las comunidades antes del proceso para autorizar dichos proyectos, en tanto que las leyes secundarias no garantizan una participación efectiva. Tanto las comunidades del río Sonora como todas aquellas afectadas por proyectos con impactos ambientales negativos se beneficiarían de un precedente favorable a este derecho por parte de la Suprema Corte, incluidas las comunidades rurales y urbanas que han emprendido luchas en México contra grandes proyectos. "Lo peor que podría pasar es que nos digan que el momento para participar fue cuando pasaron la Norma Oficial. Te imaginas eso, la gente de Bacanuchi tendría que haber sabido en 2003 que iban a aprobar una norma oficial de presa de jales, intuir que la Minera Buenavista del Cobre iba a expandir eventualmente sus operaciones, pedir ahí la participación para la creación de la norma oficial para la construcción de la presa de jales para que, en 2013 -- que la empresa pidió la autorización para la presa de jales--, se hubiera tomado en cuenta su participación. Las personas tendrían que haber sido videntes", acusa el abogado. Al conocer de este juicio, Business and Human Rights Resource Centre, Greenpeacce, Oxfam, Serapaz, PODER, Cemda, Prodesc, Fundar y AIDA, organizaciones civiles expertas en la defensa del territorio y el medio ambiente, instan a la SCJN a que dé un paso a favor del derecho de participación de las comunidades en materia ambiental, ya que éste impulsaría la participación misma, y fortalecería los derechos al desarrollo sostenible y a la protección del medio ambiente. "La Corte tiene la obligación de reconocer el derecho a participar en asuntos medio ambientales, porque demás sería incongruente con que México ha sido uno de los promotores de la firma del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Por ello tiene una trascendencia sin igual para otras comunidades", concluye Cano. Con información de HuffPost