Oaxaca.-Contrario a lo que algunas personas piensan, los embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años no son resultado de un ejercicio irresponsable de la sexualidad, un error de ellas, “por no cuidarse” o “no darse a respetar”. Las niñas no quieren, desean o deciden embarazarse. La violencia sexual es una causa que encontramos constantemente en los embarazos en niñas y adolescentes. Se trata de niñas que no pudieron oponerse a la relación sexual, pues suceden bajo amenaza, chantaje, presión y violencia presentes lo largo de su vida sexual. En México, de cada 10 mujeres, 5 han enfrentado violencia emocional, 4 violencia sexual y 3 violencia física. Solo 3.5 por ciento de las mujeres casadas o unidas deciden si se usa o no algún método anticonceptivo y solo 4 por ciento decide cuándo y cuántos hijas e hijos tener. (Inegi, 2017) En estos contextos de violencia estructural se dan prácticas nocivas como las uniones tempranas: en el mundo, 9 de cada 10 embarazos en adolescentes ocurren entre mujeres casadas o unidas (UNFPA, 2013); en México, 11.7 por ciento de las menores de edad que se unieron entre los 10 y 14 años reconocen que no dieron su consentimiento para dicha unión y que fueron obligadas por estar embarazadas, las robaron o fue mediante un arreglo monetario (ENDIREH, 2016). Estos embarazos pueden ser resultado de violencia sexual que se concreta a través de: a) coerción sexual, es decir, sin uso de violencia física pero con amenazas, aislamiento, control financiero y/o abuso emocional; b) abuso sexual infantil: cuando se involucra a la niña o adolescente en una actividad sexual que no comprende o no es capaz de consentir, ocurre con manipulación; o c) violación: relación sexual forzada por medio de violencia física o moral. Un 93 por ciento de las niñas y adolescentes tuvieron su primera relación sexual entre los 5 y los 9 años, pero solo 2.8 por ciento reconoce este hecho como violencia sexual, el resto no tiene los elementos para reconocerlo. (ENDIREH, 2016) Cuando hablamos de violación sexual, encontramos que 8 de cada 10 agresores son conocidos de las víctimas; 67 por ciento son familiares (ENDIREH, 2016), pero sólo 10 por ciento de las agresiones son denunciadas (Ipas, 2018). ¿Quiénes son los responsables de los embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años? Datos de las actas del registro civil arrojan que 70 por ciento de las niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años que tuvieron una hija/o, el padre tendría entre 18 y 78 años. Se trata entonces de casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes que tienen como consecuencia un embarazo donde los padres y agresores les triplican la edad y que son conocidos cercanos a las víctimas. Un 95 por ciento de los nacimientos de madres adolescentes ocurren en países de bajos y medianos ingresos. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, 2013), América Latina y el Caribe es la única región del mundo en la que los partos en menores de 15 años de edad se han incrementado. Los riesgos durante el embarazo para la salud de las niñas y adolescentes son mayores que en otros rangos de edad: las complicaciones relacionadas con el embarazo, el parto o el puerperio son dos veces mayor entre mujeres de 15 y 19 años que entre aquellas que se embarazan después de los 20 años; tienen más probabilidades de sufrir padecimientos como la eclampsia, anemia, hemorragia postparto y endometritis puerperal que las adolescentes mayores de 15 y el riesgo de mortalidad infantil es 50 por ciento mayor para hijos de madres adolescentes en comparación con mujeres mayores de 20 años (OMS, 2014). Además de implicaciones emocionales y sociales e impactos en sus proyectos de vida como: rezago educativo, desigual acceso a oportunidades de desarrollo, barreras para obtener un empleo que implique mayor formación académica y experiencia. A pesar de que en México, la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) proporciona directrices para ofertar anticoncepción de emergencia a mujeres víctimas de violación, así como la consejería y servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazado en todo el país, es más probable que niñas y adolescentes retrasen la búsqueda de atención, por lo que es frecuente que interrumpan el embarazo en etapas más avanzadas, que recurran a personas no calificadas, que empleen métodos inseguros y que pospongan la búsqueda de atención médica en caso de complicaciones que suelen ser más frecuentes y severas. Así, el embarazo en  niñas y adolescentes constituye violencia de género que conlleva otras violaciones a sus Derechos Humanos como como el derecho a la integridad, a la salud, a la información, a la autonomía, al acceso a la justicia y a una vida libre de violencia. Existen barreras para que niñas y adolescentes, personal de salud e impartidores de justicia reconozcan la violencia estructural y sexual en la que se dan muchos de los embarazos infantiles, que faciliten el acceso a servicios de salud y de procuración de justicia. Se requieren acciones para prevenir, detectar y atender la violencia sexual y prevenir embarazos en niñas y adolescentes. Elaborado a partir de “Violencia sexual y embarazo infantil en México: Un problema de salud pública y Derechos Humanos”, Ipas México, 2018. Consulta la investigación completa aquí *Coordinadora de política y abogacía de Ipas México **Coordinadora del Observatorio de Medios de Comunicación e Información de la Mujer A.C, CIMAC. La Coalición por la Salud de las Mujeres es una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.