Agencias Oaxaca.-La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó las acusaciones que en enero de este año hizo el entonces titular de de Salud de Oaxaca (SSO): la institución realizó pagos ilegalmente a aviadores o personal que no demostró su asistencia a los centros de trabajo. Sólo en 2017 el monto fue de más de 116.8 millones de pesos. Además, los SSO incurrieron en evasión fiscal y otras irregularidades que ascendieron a más 591.3 millones de pesos, según los resultados de las auditorías realizadas a la Cuenta Pública 2017. De acuerdo con el diagnóstico presentado entre 2013 y 2017 el desvío de recursos fue de 2 mil 450 millones de pesos, sólo de evasión fiscal; además, otros mil 700 millones que debieron usarse para pagar a terceros institucionales y no institucionales se usaron para cubrir salarios de aviadores, trabajadores contratados ilegalmente y comisionados sindicales. Evasión fiscal para pagar nómina Según las observaciones que realiza el órgano fiscalizador en la auditoría con número 2017-A-20000-15-1176-06-005, sólo el año pasado los SSO retuvieron 845.6 millones de pesos a los trabajadores por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), monto que debió ser entregado al Servicio de Administración Tributaria (SAT); no obstante, la institución no entregó más de 474.5 millones. Por ello, la ASF pidió al SAT realizar una investigación a la dependencia, que ese año estuvo a cargo de Gabriela Velásquez y Celestino Alonso Álvarez. Aunque la auditoría no específica en qué se gastó ese monto, una parte pudo destinarse al pago de una “nómina inflada” de 18 mil empleados, pues la ASF también detectó que en 2017 los SSO pagaron al menos 116.8 millones de pesos a personal que no validó su asistencia laboral y a personal comisionado al sindicato, entre otros. Según el extitular, unos mil trabajadores entraban en esta categoría y otros 2 mil 300 fueron contratados irregularmente. De esos 116.8 millones, 29.2 se destinaron a pagos de 129 personas que no se encontraban laborando y que tampoco justificaron sus ausencias. Otros 9.4 millones se pagaron a personal que ya había sido dado de baja de la nómina y de la que no se presentó evidencia del reintegro. Mientras que a 12 comisionados al sindicato, sin autorización, les entregó un millón 407 mil pesos; 641 mil pesos más se destinaron a pagos de personal eventual sin contrato. Además, 67.4 millones están pendientes de aclaración, pues se dispusieron para el salario de los trabajadores que no se validaron en el sistema informático. En los 116.8 millones que se pagaron a aviadores también se incluyen 6.8 que cobró personal que no validó su asistencia o que fue comisionado al sindicato, y otros 2 millones 89 mil pesos de salarios a personal que no asiste a su centro laboral. Estos montos se destacan porque pertenecen a “Recursos Federales Transferidos”, a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud (Ssa) y el gobierno estatal, y que al no ser comprobado su gasto constituyen un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 9.2 millones, pues a los sueldos de aviadores se suman 318 mil 100 pesos mdp a financieras;15 son ilegales La Condusef determinó que 42% de las 35 empresas que prestaban servicios financieros no contaban con registro ni autorización para operar pagados a un servidor público que no acreditó el perfil y 65 mil pesos con el que se compró combustible de vehículos que no corresponden al Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS). Investiga Fiscalía si desvíos en SSO abarcan otros sexenios “No existe daño al erario” Pero las referentes a la nómina no son las únicas irregularidades que la auditoría encontró en el ejercicio de los recursos en los SSO. El órgano especifica que los titulares de la dependencia durante 2017 no pudieron acreditar en qué gastaron más de 264 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa), por lo que señala que la entidad no dispone de un “adecuado sistema de control interno” que le permita “el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos”. Sobre estas irregularidades millonarias, el encargado del despacho de los SSO, Donato Casas Escamilla, reconoció que la ASF en su informe preliminar hizo 18 observaciones a las fuentes de financiamiento del ejercicio 2017 del Fassa, pero asegura que ya se han comprobado 11, quedando pendientes siete por registrar contablemente. También indica que aún se está en los tiempos establecidos para hacerlo. Según el funcionario, estas observaciones se deben a que hasta el 31 de diciembre del 2017 el reporte presupuestal contemplaba un monto devengado (comprometido) de 4 mil 108 millones de pesos, de los cuales sólo se pagó de 3 mil 844 millones. La diferencia de 264 millones corresponde al monto observado, asegura. Fue de esta cantidad, agrega, de la que no fue posible hacer la comprobación, dado que a inicios de 2018 el conflicto sindical que estalló en la institución impidió el acceso a las oficinas; no obstante, señala que de esos 264 millones existe toda la documentación para solventar los recursos, para lo cual “se está en tiempo y forma”. Para Casas Escamilla, estos elementos comprobatorios bastan para señalar que no existe daño alguno al erario.