Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa/Cimacnoticias Oaxaca.-Dominga González Martínez, mujer indígena y defensora del agua en el Estado de México (Edomex), fue sentenciada a la pena máxima de 50 años de prisión por el presunto homicidio y privación de la libertad de un empresario. La principal prueba contra ella es que es “una señora morena y chaparrita”; y el agravante es ser indígena y defensora. Así consta por escrito en la averiguación previa TOL/-ME/036/2003 y en la sentencia que el pasado 27 de noviembre de 2017, el Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca con residencia en Almoloya de Juárez, ordenó contra Dominga y cinco pobladores más de San Pedro Tlanixco, en Tenango del Valle, Edomex. Este Juzgado no sólo les dio la pena máxima, sino que tardó más de 10 años en dictar sentencia y les mantuvo en prisión preventiva. A la y los indígenas se les acusa de haber participado en el homicidio y privación de la libertad de Alejandro Isaak Basso, un empresario floricultor de Villa Guerrero (un pueblo vecino) con quien la comunidad de Tlanixco sostenía un litigio por el uso del agua del río Texcaltenco. Mientras los floricultores, la mayoría con inversión extranjera, querían el río para lucro privado, el pueblo de Tlanixco lo necesitaba para tareas domésticas y de siembra que realizan principalmente las mujeres. DOMINGA: 50 AÑOS DE CÁRCEL ES UNA VIDA ENTERA La sentencia por homicidio calificado y privación de la libertad (con la causa penal 32/2013) contra Dominga dilató en emitirse 11 años, durante los cuales ella permaneció encarcelada. De cumplir la condena, quedaría en libertad a la edad de 106 años. La apelación con número 113/ 201 que está en proceso en el Primer Tribunal del Distrito Judicial de Toluca es ahora su único recurso. La vida de Dominga y de la comunidad entera cambió un 1 de abril de 2003, cuando sonaron las campanas del pueblo nahua de Tlanixco, regido por usos y costumbres. El sonar de campanas es una práctica común entre los pueblos originarios para la resolución de conflictos, en este caso se usó para avisar que representantes de la Asociación de Floricultores de Villa Guerrero (ASFLORVI) –de la que Isaak Basso era presidente- ingresaron sin autorización a tierras de propiedad ejidal. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), que da acompañamiento legal a la y los defensores, y con el testimonio de las familias, el llamado congregó en una zona llamada “salto del río” a más de 300 personas. Ahí se concilió llevar a los floricultores ante la delegación del pueblo; no obstante, durante el trayecto Isaak Basso se desvaneció, cayó de un barranco y murió. El día de los hechos, Dominga no acudió al llamado de las campanas porque le tocó cuidar la iglesia junto a dos mujeres. A las seis de la tarde, después de los hechos, se fue cada una para su casa. Dominga continuó con su vida, pero tres años y medio después, la Procuraduría General de Justicia del Edomex decidió detenerla. El arresto se hizo el 9 de julio de 2007, sin aviso previo. Para su detención se utilizaron 30 patrullas ministeriales con al menos cinco policías cada una. Sin identificarse, encapuchados y con armas largas, los policías entraron durante la noche al domicilio de Dominga y la sacaron frente a sus hijas. La llevaron directamente al Centro Penitenciario y de Readaptación Social Santiago, en Almoloya, donde permanece hasta hoy. Alejandra Peña, abogada del CDHZL y defensora legal de las familias, dijo que en este caso se presentaron varias violaciones al debido proceso. En primer lugar, la mayor carga probatoria se le dio a uno de 11 testimonios en el que un testigo refirió haber visto entre las 300 personas a “una señora morena y chaparrita”. Peña precisó que el testigo señaló que fue la misma Secretaría de Gobernación de la entidad quien le ofreció videos, documentos y hasta una foto de Dominga para que después la señalara como la “señora morena y chaparrita” que habría participado en el homicidio. El testigo después se retractó de sus acusaciones y confesó que fue manipulado por las autoridades y la familia del empresario, pero esta nueva declaración fue omitida en la sentencia. De acuerdo con el CDHZL, durante el proceso tampoco se dio valor probatorio a las declaraciones de Dominga con el argumento de que los 3 años y medio que se tardó su aprehensión fueron suficientes para que ella preparara una coartada. De hecho, todo el caso por el que se juzga a las seis personas está repleto de irregularidades. Una de las más evidentes es que los testigos señalaron como responsables “sin temor a equivocarse” a 4 personas con nombre y apellido; sin embargo, se demostró que uno de los señalados había muerto un año antes de los hechos y otro más –quien según pateó reiteradamente al occiso- tiene una discapacidad que le impide caminar por cuenta propia. Además, no hay un sólo testigo que señale haber visto directamente que se privara de la vida al empresario. La única prueba que presentó la parte acusadora fue que un “niño pastor” -cuya existencia no se ha comprobado- se acercó a unos policías preventivos y les dijo “vi que los de Tlanixco aventaron a alguien a la barranca”. A pesar de esto, el juzgado ordenó en la sentencia la pena máxima para los defensores porque el pueblo se apegó a sus usos y costumbres para resolver el conflicto y ejerció sus derechos indígenas, lo que fue “premeditación y ventaja”. La misma sentencia dice: “los usos y costumbres (…) revelan una falta de respeto a las normas que regulan la convivencia social y la seguridad de las personas”. La sentencia incluye un apartado sobre juzgar con perspectiva de género, pero en él el juez cuestiona que la y los acusados sean indígenas porque no hablan una lengua originaria y porque algunos tienen estudios de secundaria. Esto demuestra que la sentencia es racista y que el juez tiene una visión estigmatizada de cómo debería ser una persona indígena, observó la abogada Peña. En entrevista desde la cárcel, Dominga aseguró que es inocente. Sobre el día de los hechos, dijo “ya nos habíamos enterado que estaban los de Villa Guerrero, pero luego de salir de la iglesia lo que nosotras queríamos era llegar a nuestras casas y hacer de comer”. También relató que durante estos años que ha estado en la cárcel dejó de saber de su esposo migrante en Estados Unidos, sus hijas e hijos crecieron sin ella, y su mamá y su papá perdieron la vida. Antes de esta situación trabajaba como sembradora de verduras y hortalizas para pagar la escuela de sus hijas e hijos y poner un negocio. Dominga piensa que su encarcelamiento tiene que ver con que es indígena y con sus antecedentes en la defensa del agua, ya que años atrás fue integrante del comisariado ejidal y del Comité de Agua Potable del pueblo, y participó en diversas acciones para evitar que los floricultores extranjeros dejaran a la comunidad sin agua. “Yo participé para que nos dieran un poco de agua. Entonces se ganó una concesión. No teníamos nosotros agua, y sin en cambio los de Villa Guerrero se la estaban llevando para su negocio, y nosotros la queríamos para la cosecha de hortaliza y para tomar (..) Nos violaron muchas cosas y el juez no nos da la cara ni quiere hablar con nosotros. Yo estoy pagando un delito que no cometí porque la familia del señor tiene mucho poder, y el juez no quiso valer ninguna de nuestras pruebas porque somos indígenas”, dijo Dominga. Durante estos 11 años en la cárcel, Dominga ha requerido dos operaciones, una de ellas por problemas en los ovarios, pero sin que se le garantice una atención médica gratuita y de calidad. Por el contrario, ella pagó por todos sus estudios dentro de la cárcel, pero los médicos a veces no le daban sus medicamentos o se negaban a dejarla salir para que se le revisara. Sobre estar 50 años más en la cárcel, Dominga declaró: “he perdido todo estando en este lugar y ahora cómo voy a pagar un delito que no cometí con 50 años, eso es una vida. Somos inocentes. Sí somos inocentes, la verdad. Se siente muy triste, yo digo ‘50 años, voy a salir muerta de aquí”. Pese a todo, la defensora y sus compañeros –en acompañamiento del CDHZL- ya iniciaron el proceso de apelación de la sentencia. Sin embargo, este recurso legal también ha sido lento porque las autoridades no han podido notificar hasta España a la esposa del empresario muerto. “Yo tengo mucha fe de que sí tendré mi libertad. El juez nos debe respetar que pertenecemos a los pueblos indígenas. Si yo obtengo mi libertad planeo volver con mis hijas, poner un negocio, y cobrarle al gobierno todo el tiempo que yo estuve aquí porque de antemano el gobierno sabe que yo no hice nada ni maté a ninguno, que se haga guaje es muy diferente.”, dijo la defensora. LAS FAMILIAS Los otros acusados son el campesino Pedro Sánchez Berriozábal (integrante del Comité de Agua Potable); el albañil Teófilo Pérez González (nuevo integrante del Comité de Agua); el obrero Lorenzo Sánchez Berriozábal (del Comité de Agua potable); el también albañil Marco Antonio Pérez González; y el mecánico Rómulo Arias Mireles (tesorero del Comité de Agua). Su detención –ocurrida hace más de 10 años en diferentes momentos, y con uso excesivo de elementos policiales- trajo miedo, sobrecarga de trabajo, pobreza y cancelación de oportunidades a sus esposas, hijas y hermanas, quienes relataron en entrevista colectiva que al pasar del tiempo se transformaron en defensoras. Por ejemplo, Tomasa Estrada Zetino, esposa de Rómulo, se convirtió en trabajadora del hogar para pagar los gastos del proceso. “Cuando se lo llevaron dejó a mis hijos chiquitos y ellos ya ahora formaron sus familias. Ahora trabajo. Tuve que vender unos carros y terrenos para pagar todo, pero lo que queremos es su libertad.” Al respecto, Maricela Molina González, esposa de Pedro Sánchez Berriozábal, aseguró que este proceso judicial está violentando sus usos y costumbres, y que con él el gobierno está dando un escarmiento a la comunidad para que no se organice ni defienda lo que por ley les corresponde. Ella es comerciante y sostiene económicamente a toda su familia. “Tuve que deshacerme de dos terrenos para llevar el proceso de mi esposo. Los abogados que tuvimos en el pasado nos pidieron fuertes cantidades del dinero y con la ilusión de que iban a salir en su momento lo dimos. “Yo tuve que tomar el cargo de ser padre y madre para mis hijos, de hacerme cargo de mi misma y de mi esposo. Yo sigo luchando hasta las últimas consecuencias y hasta que los dejen libres porque no son las personas que el gobierno hizo creer ante la sociedad. Ellos sí lidereaban un pueblo, pero para sacarlo adelante y defender el agua. No vamos a parar hasta verlos libres”, enfatizó. Por su parte, Tomasa Pérez González, hermana de Marco Antonio, aseguró que la forma en que los policías entraron a las viviendas fue traumatizante: “ahora estamos con temor porque fue algo que nunca en nuestra vida habíamos visto. No vivimos con la calma de antes. Ir al penal era algo que también me daba miedo porque había mucho judicial, pero a través de eso me di un valor para decir que no me tengo que dejar rendir por ese gobierno. En lugar de hacerme dócil me hice más fuerte. Vean la injusticia del Edomex con nuestros familiares porque ellos no son delincuentes, defendían nuestros derechos al agua y a la tierra.” Esto también cambió su vida. “Yo soy mamá soltera y tengo a mi familia, y ahora también tengo que ver lo de mi hermano. Yo trabajo en la siembra, pero cuando tengo que ir a la audiencia e ir al penal mis patrones se molestan. Ya he cambiado muchos trabajos por eso. En mi caso, nosotros teníamos unos dos o tres terrenitos, pero nos tuvimos que deshacer de esas tierras por la ilusión de sacar a mi hermano, de pagar un abogado, pero a la fecha mi hermano está en la cárcel”, declaró. Roberto González Martínez, hermano de Dominga, contó que su madre murió de depresión, y los hijos de la defensora prácticamente se quedaron huérfanos. “Dominga ahora está muy delgada por la mala alimentación y los malos tratos. Sólo una justicia tan vil, tan corrupta, ha hecho que esas personas estén ahí por defender el recurso de la comunidad Ha habido una mano negra por parte del gobierno, un manejo muy desequilibrado de fuerzas donde la gente de arriba y de poder cree que la justicia es para ellos. No hay elementos para dictar una sentencia tan absurda.” Además de esto, las mujeres coincidieron en que algunas personas del mismo pueblo las han estigmatizado y las critican porque sus esposos están en la cárcel y por defenderlos; las mismas autoridades llamaron a sus familiares “terroristas”. ANTECEDENTE: CONAGUA CONCESIONÓ DOS VECES UN RÍO El antecedente a estos hechos es que en la década de los 80 llegaron al municipio de Villa Guerrero (vecino de San Pedro Tlanixco) grandes empresas floricultoras, con las que, desde el 2002, la comunidad mantuvo una disputa por el uso y disfrute del río Texcaltenco, que nace en Tlanixco. La disputa se intensificó porque la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) concesionó el río a los empresarios a pesar de que años atrás ya había otorgado la concesión a la población de Tlanixco. “Las personas que hoy están sentenciadas son víctimas de la falta de responsabilidad del Estado por no resolver mediante los canales del diálogo y del respeto el conflicto del agua. Lejos de realizar investigaciones, los floricultores en alianza con la Procuraduría tuvieron el pretexto perfecto para perseguir y encarcelar a los liderazgos del pueblo.”, aseguró el CDHZL. Y agregó: “los daños que se les ha causado a estas seis personas son incalculables, no sólo en una cifra económica sino por el daño psicológico que para ellos ha sido profundo. El mensaje de terror que se proyecta hacia el resto de la comunidad de Tlanixco. Dentro de las repercusiones indirectas encontramos también los impactos ambientales y a la salud que se han generado del aumento en la producción de los floricultores de Villa Guerrero. Al final, la privatización del río Texcaltengo se concretó”. Ahora, Dominga y las familias de los otros presos esperan que el proceso de apelación sea diligente y que se les reconozca su inocencia. Luego de 15 años de exigir sus derechos, este sábado las familias recibirán en Morelos el XXVI Premio Nacional de Derechos Humanos “Sergio Méndez Arceo”, que otorgan diferentes organizaciones de la sociedad civil como reconocimiento para quienes promueven la defensa de los derechos humanos.