Oaxaca.-Al participar en el Foro de discusión sobre el derecho a la identidad de género y la participación política de las personas trans, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la Universidad Iberoamericana, la sociedad civil y activistas trans reconocieron los avances en su derecho a la participación política, particularmente el protocolo aprobado por el INE que garantiza a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación, pero lamentaron que iniciativas como el reconocimiento jurídico de la identidad haya sido rechazada por partidos políticos.

 En la mesa sobre el análisis de la sentencia del TEPJF SUP-JDC-304/2018, mediante la cual la Sala Superior canceló 15 de las 17 candidaturas que correspondían a personas trans y habían sido ocupadas por hombres, la Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local de Oaxaca del INE, Luisa Rebeca Garza López, subrayó que el avance en la participación de las mujeres trans, se debe principalmente a la modificación del artículo 16 de los Lineamientos de paridad de género del IEEPCO que permitió el registro de candidaturas de personas transgénero, transexuales, intersexuales o muxes, y al protocolo “histórico” aprobado por el INE que les garantiza el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación, que, aunque significó un gran avance de pluralismo e inclusión, “es el piso mínimo de lo que se puede lograr para reconocer y ampliar derechos de las poblaciones de las diversidades sexuales y de género”.

 Diana Sánchez Barrios, presidenta de Prodiana A.C., señaló que la sentencia del TEPJF, “supone un serio llamado de atención a los partidos políticos que pretendieron violar el principio de paridad manipulando y lucrando con el derecho a la identidad de la población trans” y reconoció que aún debe trabajarse en el reconocimiento jurídico y la creación de políticas públicas que garanticen sus derechos e incentiven su participación política sin ser violentadas, discriminadas, ni excluidas.