- Organismo defensor solicitó colaboración de la Fiscalía estatal y la SSP Oaxaca.-La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicitó la colaboración de la Fiscalía General del estado y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para lograr la liberación de una persona, quien fue detenida por el alcalde y habitantes de San Juan Mazatlán, Mixe, cuando transitaba por esa comunidad. La Defensoría informó que el 31 de agosto inició el expediente de queja DDHPO/1737/(01)/OAX/2018 tras recibir la petición del ciudadano V. G. M., quien refirió violaciones a los derechos humanos del joven J. O. V. atribuibles al alcalde municipal de San Juan Mazatlán, Mixe. El peticionario detalló que el joven J. O. V. fue detenido el 28 de agosto, cuando transitaba como pasajero, por el alcalde municipal y habitantes de esa comunidad, debido al problema político que hay entre la cabecera y sus agencias, pues para llegar a Santiago Malacatepec (de donde es originario J. O. V.), es forzoso pasar por la cabecera de San Juan Mazatlán, pues el único camino para trasladarse en vehículo atraviesa esa comunidad. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo de Oaxaca solicitó a la Fiscalía General del estado y a la SSP la adopción de una medida cautelar, consistente en instruir a quien corresponda, para que personal dependiente de esa Fiscalía se constituya en los separos municipales de San Juan Mazatlán, Mixe, y de encontrarse detenido J. O. V., lo ponga enseguida a disposición de la autoridad ministerial en caso de que hubiese cometido un hecho probablemente constitutivo de delito, o de lo contrario, lo ponga en inmediata libertad. La Defensoría también solicitó al presidente municipal de San Juan Mazatlán, Mixe, instruir a quien corresponda para que rinda un informe detallado y completo en relación a los sucesos narrados por el agraviado, a fin de que el organismo defensor pueda dar seguimiento al caso. Asimismo, el organismo defensor solicitó que, en caso de encontrar alternativas que permitan solucionar el problema existente entre la parte agraviada y esa autoridad, o bien llegar a un acuerdo o convenio dentro del marco del respeto a los derechos humanos que se reclaman, lo haga del conocimiento del organismo defensor. El peticionario agregó que al agraviado le piden una multa de treinta mil pesos para dejarlo en libertad. Agregó que el detenido no cuenta con el recurso para pagar dicha multa, además de que es ajeno al problema político. Finalmente, la Defensoría puntualizó a la autoridad que la falta de rendición de informe, así como el retraso injustificado en su presentación, tendrá el efecto de que se tengan por ciertos los hechos materia de la queja, salvo prueba en contrario.