Oaxaca.-La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca exigió al Estado Mexicano respetar la labor que realiza en nuestro país el Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (Oacnudh), Jan Jarab, luego de que la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación y la de Relaciones Exteriores pretendieron descalificar los resultados del informe que Jarab presentó sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa. La Defensoría oaxaqueña reprobó que las instancias gubernamentales señaladas hayan difundido un comunicado oficial en el que se cuestiona el informe elaborado por la Oacnudh titulado “Doble injusticia: Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa”, difundido el 15 de marzo de 2018, el cual, a decir de las autoridades señaladas, incurrió en incumplimiento del acuerdo de colaboración y cooperación que contrajeron el gobierno mexicano y la Oficina del Alto Comisionado. La instancia defensora oaxaqueña señaló que las descalificaciones al trabajo de la Oficina para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México, contenidas en el documento oficial “Postura del gobierno de México con respecto al Informe: ‘Doble injusticia’ Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa. Publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México”, no abona para garantizar el respeto pleno a los derechos humanos en nuestra nación, ni para promover la colaboración de instancias internacionales en la materia a fin de lograr evitar que casos como el de Ayotzinapa se repitan en nuestro país. La Defensoría Oaxaqueña pidió que, lejos de agredir al mensajero, se haga caso al mensaje que contiene el Informe elaborado por la Oacnudh, pues dicho informe señala claras falencias en la investigación del caso Ayotzinapa, las cuales se han traducido en violaciones a derechos humanos y, en consecuencia, en una doble injusticia. En vista de que la falta de resultados concluyentes en la investigación del caso citado fomenta la impunidad y la ausencia de garantías para el respeto a los derechos humanos en nuestra nación, el organismo defensor oaxaqueño exhortó a las autoridades federales a redoblar esfuerzos para completar la investigación iniciada hace cuatro años, en septiembre de 2014, y cuya prolongada indefinición ha llevado a que los 43 estudiantes desaparecidos entre la noche y la mañana del 26 al 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, continúen, junto con sus familiares, sin tener acceso al derecho a la justicia y a la verdad que este caso exige. En tal sentido, el organismo defensor oaxaqueño señaló el primer deber de todo estado que se presuma democrático es el de garantizar la protección de los derechos humanos de toda su población, para lo cual el apoyo de las instancias internacionales resulta indispensable. Finalmente, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca manifestó su respaldo al trabajo desarrollado por el Relator Jan Jarab en la observación e investigación de lo ocurrido en Ayotzinapa y en otros casos graves de violaciones a derechos humanos, como el ataque policial a la población de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, ocurrido el 19 de junio de 2016.