Agencia Oaxaca.-Desde 2002 recorrió kilómetros para tocar puertas de oficinas gubernamentales cargando a su pequeña hija en brazos. Le dijeron mentirosa y la expulsaron de su comunidad por haber denunciado a soldados del 41 Batallón de Infantería del Ejército mexicano. Han sido 16 años de buscar una justicia que por fin parece asomarse. Su lucha no fue fácil y no fue corta. Comenzó cuando denunció que el 16 de febrero de 2002 en la comunidad de Caxitepec, en el municipio de Acatepec en el estado de Guerrero, fue interrogada, golpeada, violada y torturada sexualmente por dos miembros del Ejército mexicano, mientras otros seis militares observaban. Desde entonces, Valentina Rosendo Cantú tuvo que enfrentar al Ejército, declarar frente a los militares, tocar las puertas de instancias nacionales y llegar a organismos internacionales para que la justicia le devolviera lo que perdió aquel día. Aunque pudo abandonar la denuncia no lo hizo, continuó en su empeño de demostrar que su palabra era verdad. Hoy, la niña de 17 años que sobrevivió a la tortura sexual en un pueblo de la Montaña de Guerrero, es una mujer que empieza a reacomodar las piezas movidas de su vida. Cada vez que se acerca a la justicia una pieza encuentra su lugar y este año el rompecabezas de su historia está a punto de encajar. El pasado 1 de junio el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Guerrero, a cargo de la jueza Iliana Fabricia Contreras Perales, condenó a 19 años, cinco meses y un día de prisión, al cabo de infantería Nemesio Sierra García y al exsoldado Armando Pérez Abarca, quienes en 2002 violaron y torturaron sexualmente a la indígena. ROMPER LA CADENA DE LA IMPUNIDAD A pesar de que Valentina denunció a los militares un par de días después de la agresión y de que el 41 Batallón de Infantería tenía los nombres de los elementos de las fuerzas armadas que en febrero de 2002 estaban realizando tareas de seguridad en Acatepec para destruir plantíos de amapola, la denuncia de la joven encontró múltiples obstáculos para llegar a una conclusión de los hechos ocurridos aquella tarde, cuando ella lavaba ropa en un arroyo cercano a su hogar y al pueblo de Barranca Bejuco y cuando los varones vestidos de camisola verde, pantalón verde y botas negras que portaban armas largas, la agredieron. Aunque su vida dio un vuelco, durante todos estos años logró reconstruirse. Hoy la pequeña niña que llevó a todos lados en brazos en su búsqueda de justicia, es una joven estudiante de preparatoria. A Valentina no la derrumbaron, aún cuando las autoridades mexicanas, primero las militares y luego las civiles, apostaron para que ella desistiera la denuncia y su demanda ante instancias internacionales donde sí fue escuchada. Su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), quien en agosto de 2010 ordenó al Estado mexicano investigar los hechos y sancionar a los responsables. Como parte de esa sentencia el 15 de diciembre de 2011, el Gobierno mexicano, en voz del entonces secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, le ofreció una disculpa pública por no protegerla ni garantizarle justicia, Valentina afirmó: “lo que sigue es la investigación”. Desde entonces su interés ha sido lograr que sus agresores estén tras las rejas, donde ya están recluidos. Luego de conocer la sentencia en su contra, uno de sus agresores, Armando Pérez Abarca interpuso un recurso de apelación en contra del fallo y aun no se sabe si Nemesio Sierra García, el otro agresor, hará lo mismo. Aun así, los abogados de Valentina, Vidulfo Rosales Sierra e Isidoro Vicario, quienes forman parte del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, deberán presentar sus argumentos para que la apelación no favorezca a los acusados y la sentencia quede firme. 16 años después, Valentina lo logró y demostró que su dicho era verdad. Hoy más que nunca las palabras que mencionó el día que aceptó las disculpas públicas del Estado mexicano se mantienen con fuerza: “Sigo con la frente en alto, con dignidad de mujer indígena. Estoy orgullosa de mí por ser quien soy. Mujeres, luchar es seguir adelante, es romper la cadena de la impunidad”. TESTIMONIO PARADIGMÁTICO La indígena tlapaneca logró lo que pocas mujeres víctimas de violencia sexual, lo que no ha conseguido Miriam López, detenida y torturada sexualmente en Baja California; Denise Blanco, Korina Utrera y Wendy Hernández, torturadas en Veracruz; Cristel Piña, violentada en Chihuahua; Yecenia Armenta en Sinaloa; Belinda Garza en Torreón y otras tantas sobrevivientes que esperan castigo para los soldados, marinos o policías que las violentaron. En un primer momento en 2013, y tras la sentencia de la CoIDH, la Fiscalía para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) consignó la averiguación previa por los delitos de tortura, abuso de autoridad y violación sexual, los dos agresores fueron juzgados y sancionados por tortura y violación sexual ya que el abuso de autoridad quedó integrado en la descripción de estas conductas. El valor de Valentina es un precedente para otros casos no sólo por el mensaje que manda al alzar la voz contra la impunidad militar sino por la sentencia que emitió la jueza Contreras Perales, quien actuó siguiendo la resolución de la Corte Interamericana y los preceptos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre juzgar con perspectiva de género los casos de violencia sexual. En la sentencia a favor de la indígena, dada a conocer por los abogados este lunes 18, la jueza dio valor preponderante a las declaraciones de la joven, dio carácter probatorio a los testimonios de su entonces pareja y de la cuñada de la víctima, quienes a pesar de no estar en el momento de los hechos sí pudieron darse cuenta del estado en el que se encontraba la sobreviviente una vez que pudo llegar a su casa. Y no sólo eso, la jueza utilizó el término de “asimetría de poder” al señalar la especial vulnerabilidad en la que se encontraba la entonces niña de 17 años en relación con sus ocho agresores, seis que la observaron y dos más que la violaron, es decir hombres que pertenecían a las fuerzas armadas. Las amenazas en su contra, el abandono de su pareja y el ser exiliada de su comunidad no logró rendir a Valentina; por el contrario, su testimonio según se dejó en claro en la sentencia, hizo ver las consecuencias de una agresión sexual en una comunidad indígena y los efectos en el círculo familiar, consecuencias que convierten a la violación en tortura. A pesar de que los dos agresores trataron de desestimar los dichos de la joven porque su testimonio, declarado en tres ocasiones, tuvo variaciones que ellos consideraron “inconsistencias en el proceso”, la jueza dijo que su palabra se debía valorar considerando que su lengua materna no era el español y que los hechos en sí tienen una naturaleza traumática. Los dos acusados quisieron echar abajo la denuncia argumentando que no había constancia médica que acreditara semen en la víctima, algo que para el Juzgado no era admisible considerando la falta de servicios médicos en la zona montañosa de Guerrero que dificultó la obtención de un examen ginecológico. Aunque hay que decir que ella acudió a una clínica donde se le negó el servicio porque el personal no quería problemas con los militares. EXHIBIR LA IMPUNIDAD Este lunes 18 Valentina Rosendo Cantú, acompañada del director de Tlachinollan, Abel Barrera; del representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab; de la subdirectora del Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (Cejil), Marcia Aguiluz; y de la representante Amnistía Internacional, México, Tania Reneaum, hablará de los alcances de esta sentencia. Hablará de su batalla para exhibir la impunidad militar y de otros elementos encargados de la seguridad pública, de cómo la indígena tlapaneca Inés Fernández Ortega, también fue violada sexualmente por militares en 2002, en el estado de Guerrero, y continúa con una lucha similar a la suya para que los soldados que la violentaron estén en prisión. Desde mayo de 2015 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó hacer un análisis a profundidad sobre los estándares que estableció la CoIDH en materia de género, etnicidad y tortura sexual en las sentencias dictadas por los casos de Valentina e Inés, ellas mostraron que su tenacidad no cesaría hasta poner su dignidad en alto. (Anayeli García Martínez)