Agencias

Oaxaca.-En el marco de la XL Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, los procuradores y fiscales del país aprobaron el "Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión".

Lo anterior fue acordado durante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que se realizó en el estado de Oaxaca.

A través de un comunicado, se informó que el documento fue elaborado por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (PGR).

En el marco de la XL Asamblea Plenaria de la #CNPJ2018, los procuradores y fiscales del pas aprobaron el Protocolo Homologado de Investigacin de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresin, elaborado por la #FEADLE de la #PGR https://t.co/m0Qur1kHEfpic.twitter.com/OJm25BJ6HE

— PGR Mxico (@PGR_mx) October 14, 2018

Se detalló que el protocolo será de aplicación para todas las investigaciones relacionadas con agresiones a periodistas con motivo de su actividad.

Para su elaboración, se solicitó la participación y consulta de organismos nacionales e internacionales en materia de protección a los derechos humanos, así como con especialistas de la sociedad civil.

Dicho instrumento servirá a las fiscalías y procuradurías de todo el país, en particular a la FEADLE, para que desde el inicio de la investigación se considere la especialización en este tipo de delitos y determinar la probable existencia del vínculo entre la libertad de expresión y el delito investigado.

El protocolo incluye la metodología necesaria para que cualquier autoridad investigadora pueda contar con herramientas analíticas sobre el entorno relacionado con la agresión y el trabajo periodístico de las víctimas.

Alfonso Durazo, próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, señaló en septiembre pasado que durante la administración de Enrique Peña Nieto han sido asesinados 118 periodistas y 106 defensores de derechos humanos, por lo que urgió en conjunto con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, a revisar profundamente el mecanismo de protección.