Por: Anayeli García Martínez, Sonja Gerth y Hazel Zamora Mendieta/Cimacnoticias 

Oaxaca.-En 2007 el movimiento feminista diseñó la Alerta de Violencia de Género (AVG) como un mecanismo de emergencia para que los gobiernos que no lograron prevenir la violencia feminicida y en consecuencia incrementó la estadística de feminicidio a situaciones alarmantes, pudieran implementar acciones en territorios determinados para enfrentarla y erradicarla.

La AVG se describe en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como última medida cuando no están funcionando las medidas de prevención como las órdenes de protección o los refugios para las víctimas y sus hijas e hijos.

A propósito del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Cimacnoticias revisó los 30 procesos de AVG desarrollados en 28 entidades de México, observó que las medidas de prevención, sanción y erradicación de la violencia que son demandadas a los gobiernos estatales son idénticas a pesar de las especificidades de la violencia feminicida en cada municipio o estado; y que su enfoque no se ajusta a acciones de emergencia.

Por ejemplo, el grupo de Trabajo que solicitó la AVG en Quintana Roo, el 4 de diciembre 2015, encontró “índices considerables de violencia” en el este y noreste de la ciudad de Cancún, y sugirió una medida muy concreta: restringir la venta de bebidas alcohólicas en dichas zonas. Sin embargo, esta sugerencia no se encuentra en la declaratoria de AVG, publicada el 7 de julio, 2017 por la Secretaría de Gobernación (Segob). El documento final repite muchas de las medidas que aparecen en las AVG de otros estados, como publicar la naturaleza de las AVG, recuperar espacios públicos, y crear agrupaciones de seguridad pública.

LAS MISMAS RECOMENDACIONES PARA TODOS

Expertas en el proceso de AVG consultadas por Cimacnoticias, como la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, señaló que la mayoría de las organizaciones civiles al pedir una AVG requieren intervenciones de las autoridades en problemáticas y territorios específicos pero las medidas que determinan los Grupos de Trabajo son de carácter general y a lo largo de los procesos han visto que son  “un copia y pega” en cada informe de AVG.

O bien, cuando un Grupo de Trabajo intenta hacer un análisis de la situación demandada por las organizaciones y entrega medidas congruentes, al final si la Segob emite la AVG termina por emitir medidas generales.

En la revisión de las 30 solicitudes y 17 declaratorias que hay hasta el 23 de noviembre de 2018, Cimacnoticias observó que la mayoría de las medidas previstas no tienen un carácter de emergencia y que no son focalizadas a la situación de cada entidad.

En las 17 declaratorias de AVG que ha hecho la Segob por medio de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) se repiten las recomendaciones: capacitar a servidoras y servidores públicos, fortalecer el Banco de Datos sobre violencia de género, fomentar una cultura de no violencia en el sector educativo y hacer campañas de comunicación.

Como medidas de justicia y reparación, compromisos frecuentes fueron revisar casos archivados, fortalecer la Fiscalía o crear unidades especializadas en la investigación del feminicidio, crear y monitorear protocolos de investigación y atención a víctimas, sancionar a servidoras y servidores públicos por actos de omisión, y la reparación del daño para feminicidio.

En Puebla cuando el OCNF solicitó por segunda ocasión la AVG en 2017 lo hizo puntualmente por desapariciones de mujeres. Sin embargo, las recomendaciones que entregó el Grupo de Trabajo al gobierno poblano solo tuvieron una medida acorde a la petición: crear el Protocolo Alba especializado en la localización de mujeres y niñas reportadas como desaparecidas. El Observatorio tuvo que impulsar un proceso judicial mediante un amparo para que se vuelva a investigar las desapariciones.

PROCESO COMPLICADO DE SOLICITUD

En parte, las fallas en las recomendaciones de las AVG tiene que ver con una academia que no tienen la suficiente capacidad para hacer estudios con recomendaciones precisas, acordes al contexto y con indicadores claros de seguimiento, por tanto, para evaluar se basan en suposiciones y no en evidencias, por lo que las acciones que recomiendan no son políticas integrales que trasciendan, dijo la directora de Equifonía, organización veracruzana que solicitó dos declaratorias de Alerta, una por violencia feminicida y otra por violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, Araceli González Saavedra.

A su vez, Andrea Medina Rosas, experta independiente en violencia de género, agregó que el tiempo que un grupo de trabajo tiene para analizar una solicitud - 30 días - es demasiado corto comparado con el tiempo que los gobiernos tienen para responder que es de seis meses.

El análisis de 17 AVG muestra que el tiempo que transcurrió entre la fecha en que se presentó la solicitud, y el día que finalmente se declaró osciló entre 11 meses y 30 días (Guerrero), y 4 años, 7 meses y 23 días (Estado de México), aunque el promedio fue de 1 año 8 meses, aproximadamente.

Las organizaciones no se aventuran a desacreditar del todo el proceso de la AVG pero sí advierten que ha perdido su esencia, “El carácter de urgencia se les ha dicho una y otra vez, estás tomando conciencia de lo que estás haciendo mal y tienes que modificar. Es corregir lo que está impidiendo que se investigue el feminicidio, se prevengan o atiendan los casos de violencia familiar”, explicó Luz Estrada.

Para la coordinadora del OCNF las medidas que realmente atienden situaciones de gravedad son revisar los expedientes de feminicidio, volver a indagar los calificados como homicidio, formar policías expertas en género, generar mesas de trabajo con las víctimas o hacer modificaciones a los marcos legales. El alumbrado, patrullajes son necesarios pero no resolverán la situación.

FALTA DE MONITOREO

Lo que falta a estas alturas, dicen las expertas, es un análisis profundo sobre dónde las AVG han surtido efectos, y donde no porque si bien la Conavim se encarga de declarar la activación de las alertas y dar seguimiento a las medidas de urgencia, en los hechos no revisa que las acciones se implementen y no hay metodologías de evaluación de impacto.

Como en el Estado de México, donde la AVG está activa desde hace tres años pero no hay un dictamen que indique qué hizo el gobierno, qué pasó, por qué no se obtuvo un resultado favorable. Por el contrario, dijo la peticionaria Luz Estrada, “seguimos teniendo casos de feminicidio y se volvió a solicitar este año otra AVG por desapariciones de niñas y mujeres en 8 de sus municipios”.  

Si bien esto parece un fracaso del mecanismo de Alerta, la consultora Andrea Medina Rosas opina que muchas veces, la solicitud de AVG se ha convertido en una forma efectiva de exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones, ya inscritas en la ley.

“Si la única medida para evaluar la efectividad de las Alertas es la disminución de los feminicidios, nos vamos a quedar muy cortos. Hay muchos otros elementos”, dijo. Consideró un logro que se estén declarando cada vez más AVG, a pesar de la resistencia de autoridades de reconocer la violencia de género en su jurisdicción.

Araceli González Saavedra, por su parte, centró la reflexión en el papel de la sociedad civil y señaló que las recomendaciones de las Alertas son útiles cuando hay un equipo de organizaciones que conocen la problemática y no tienen conflictos de interés para dar seguimiento y exigir que las medidas se implementen.

Aunque desde el año pasado el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) vienen planeando una reforma al Reglamento de la AVG para modificar los obstáculos o vacíos que tiene, hasta ahora no ha sucedido,  por lo que las expertas insisten que es necesaria para continuar con el monitoreo y seguimiento de este mecanismo.