Oaxaca.-El Poder Judicial sancionó a por lo menos 132 jueces y magistrados a nivel federal y local, entre 2012 y 2018.

Esta cantidad equivale al 6.2 por ciento del total de funcionarios públicos con sanciones administrativas y penales “definitivas” (2 mil 139) durante el periodo, según cifras desconcentradas del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de la Procuraduría General de la República (PGR).

De la cantidad de jueces y magistrados sancionados, 58 recibieron una advertencia, 50 fueron suspendidos (de manera temporal o definitiva), 13 recibieron una sanción (administrativa, penal, privada o económica) y 11 más fueron destituidos.

Los 62 casos restantes de presunta corrupción, aunque están “fundados”, permanecen en proceso de resolución e incluyen probables “procedimientos disciplinarios de oficio”.

Los datos de la PGR también refieren que, de 2014 a 2016, hubo 526 denuncias en contra de funcionarios públicos, de las cuales, el 45 por ciento (236 casos) fue por “delitos cometidos”, 42 por ciento (220) por la comisión de “ejercicios indebidos” y 13 por ciento (70) por “coalición de servidores públicos”.

Las cifras del Ministerio Público federal refieren que los delitos penales cometidos por funcionarios públicos fueron al alza en 24 por ciento real, entre 2013 y 2016 (al pasar de 3 mil 755 a 4 mil 575 casos).

Sin embargo, a lo largo de casi todo el sexenio (2012-2017) del expresidente Enrique Peña Nieto, el registro de delitos penales de funcionarios públicos tuvo un decremento real de 4.1 por ciento (al pasar de 3 mil 755 a 3 mil 601 casos).

A estas cifras habrían de añadirse aquellos funcionarios públicos y jueces y magistrados de Coahuila y Nayarit que, en la última semana, fueron vinculados a una red de corrupción y fraude hipotecarios, en detrimento de miles de derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Las acusaciones de corrupción y de presuntos lazos de jueces y magistrados con integrantes del crimen organizado han sido, por lo menos en los últimos nueve años, una mancha indeleble que demerita la confianza en el Poder Judicial de la Federación.

En noviembre pasado, el ex Procurador General de la República (por suplencia) Alberto Elías Beltrán, reconoció que en la actualidad la ciudadanía tiene un bajo nivel de confianza en las instituciones públicas, sobre todo en aquellas en materia de procuración de justicia.

Inclusive, el 11 de diciembre de este año, el coordinador de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, solicitó a la PGR un informe pormenorizado –a reserva de la información delicada o confidencial– de las investigaciones por actos de corrupción en contra de jueces y magistrados.

Con dicha medida –en el marco de una crisis de procuración de justicia y lucha contra la impunidad– los senadores pretenden dar mayor atención a la corrupción que “permea” en los órganos jurisdiccionales de nuestro país, ya que la falta de información disponible “limita las posibilidades de materializar la anhelada transformación del Estado mexicano”, explicó Monreal.