Oaxaca..-La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la principal responsable de todas las irregularidades que provocaron que se abriera el socavón en el Paso Exprés en Cuernavaca, determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El organismo presentó la Recomendación 34/2018 sobre la construcción del libramiento de la Autopista México-Cuernavaca, conocido como Paso Exprés, en donde murieron cuatro personas, dos de ellos cuando se abrió un socavón. En el documento se sugiere imponer sanciones ejemplares para que este tipo de casos no vuelvan a ocurrir.

En la recomendación se plantea a las autoridades responsables reparar el daño a las víctimas directas e indirectas de las personas que perdieron la vida, que incluya compensación y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas. Además de ofrecer una disculpa pública a las víctimas y a sus familiares.

Enrique Guadarrama López, segundo visitador General de la CNDH, explicó que la recomendación se emite luego de las investigaciones y pruebas periciales exhaustivas realizadas en el lugar. “El socavón no fue un accidente, fue resultado de una cadena de ineptitudes de varias autoridades”, dijo.

El documento contiene 29 puntos recomendatorios dirigidos a la SCT, al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como al gobierno de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca.

“Respecto a la responsabilidad institucional, la CNDH concluyó que la SCT fue la principal responsable de las irregularidades derivadas de la planeación y ejecución de la obra del paso exprés, que en conjunto produjeron los elementos necesarios para que se abriera el socavón”, afirmó.

Indicó que durante la investigación se detectaron anomalías, como la falta de planeación e irregularidades en el diseño, licitación, contratación de empresas, así como un posible esquema reiterado de alteración administrativa durante la construcción.

La CNDH observó irregularidades en la ejecución de la obra, en el proceso de licitación y la contratación con las empresas, que generaron alza de 67.94% en el costo previsto de mil 134 millones 215 mil 941 pesos y aumento de siete meses en el tiempo de ejecución, sin la autorización de la Función Pública.

La investigación también determinó que la vialidad no contaba con los estudios ni permisos necesarios en materia medio ambiental e hidráulica al momento de ampliarse a 10 carriles y no 8 como originalmente se había previsto.

Laura Treviño, directora del Programa Empresas y Derechos Humanos de la CNDH, indicó que el organismo analizó la posibilidad que hubo de salvar con vida a las personas que cayeron en el socavón y aunque detectaron falta de coordinación entre las diversas autoridades,  aseguró que “ante las características de riesgo presentadas en la zona, la posibilidad de rescate de las víctimas era mínima”.

Guadarrama López apuntó que actualmente sólo nueve servidores públicos han sido sancionados y no se ha impuesto ninguna a las empresas, por lo que instó a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva del hecho y a reparar el daño a todos los afectados.

Los resultados de la investigación serán enviados a la PGR; mientras que solicitarán a la Secretaría de la Función Pública (SFP) se investigue el caso de manera integral y no dispersa.