Oaxaca.-Es urgente generar nuevas prácticas jurídicas para la protección de los derechos humanos en el estado, pues cada vez es más apremiante la necesidad de construir una verdadera sociedad de derechos, manifestó el consejero ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca Bernardo Rodríguez Alamilla, durante la ceremonia de clausura del diplomado “Clínica de Casos para la Alta Formación en Derechos Humanos” llevada a cabo el 10 de agosto en la Biblioteca “Francisco de Burgoa” de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. En las instalaciones de la Biblioteca “Burgoa” también estuvieron presentes durante la clausura del diplomado – concluido dentro del programa Laboratorio de Cohesión Social II que realiza la Defensoría con la Unión Europea– el rector de la UABJO, Eduardo Bautista Martínez, la defensora de los Derechos Universitarios de esa institución, Yarib Hernández García, así como la directora de la Unidad de Acción de Derechos Humanos para la Cohesión Social, Sylvia Bustamante. En su intervención, el consejero ciudadano Rodríguez Alamilla señaló que los aprendizajes construidos a lo largo del diplomado serán fructíferas herramientas para las capacidades y competencias de las personas que participaron, pero también para las instituciones y organizaciones, a fin de que respondan a la necesidad cada vez más apremiante de defender las prerrogativas fundamentales de la ciudadanía. El consejero ciudadano Rodríguez Alamilla explicó que la paradigmática reforma constitucional de junio de 2011 plantea poner en el centro de las políticas públicas el respeto a la dignidad de las personas, más allá del evidente bloque de derechos que constituyen la nueva realidad del sistema jurídico mexicano. Lo central de esta reforma, añadió el representante de la Defensoría, implica la necesidad de construir una nueva relación entre el Estado y sus ciudadanos, basada en la igualdad, la no discriminación y el respeto absoluto a los derechos humanos. Agregó que es necesario un replanteamiento de la ingeniería institucional y de las prácticas de sus operadores jurídicos para promover entre ellos acciones que protejan, garanticen y promuevan los derechos humanos, tarea que aún está en ciernes, especialmente en los organismos públicos de derechos humanos, las fiscalías estatales y el Poder Judicial, pues implica replantear las formas jurídicas que las y los servidores públicos han aprendido en las universidades. Rodríguez Alamilla insistió en que el modelo tradicional bajo el cual se ha enseñado el derecho en México se ha centrado en el estudio de normas y doctrinas en forma abstracta, con poco o nulo cuestionamiento de cómo aplicarlas en los hechos para resolver problemas. Por ello, prosiguió, es necesario que en el trabajo los operadores jurídicos tengan una lógica de derechos humanos, que les permita cuestionar el sistema jurídico y generar opciones cuando éste no responda a las necesidades de las personas, pues es la única forma en la que su acción podrá abonar a la trasformación social y avanzar hacia un paradigma de respeto pleno a los derechos humanos. El también integrante de la organización civil Iniciativa Ciudadana Oaxaca destacó que México y Oaxaca requieren de un nuevo modelo educativo en materia legal, pues la realidad actual exige que dicho modelo sea menos teórico y más práctico, dinámico, que permita enfrentar los cambios sociales, especialmente las formas de organización. Rodríguez Alamilla insistió en que para que exista una nueva relación entre el Estado y los ciudadanos, y para aplicar ampliamente la reforma de junio 2011, es fundamental cambiar las prácticas jurídicas. A esto contribuyen las actividades como el diplomado de Alta Formación, pues favorecen la creación de un nuevo modelo de trabajo legal en el que la creatividad e innovación se incentiven, así como la argumentación y la capacidad de crítica del derecho y el sistema mismo para lograr una protección más amplia a los derechos y la dignidad de las personas, enfatizó el defensor de derechos humanos. Celebró la realización del diplomado como un proceso académico importante, al ser impulsado por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la UABJO, la Universidad de Tlaxcala y la Unión Europea, porque la colaboración de instituciones permitió plantear un nuevo modelo metodológico más acorde a la realidad de los problemas que vive nuestra sociedad y ofrecer soluciones distintas a problemas distintos. Por su parte, el rector Eduardo Bautista Martínez, al intervenir en la ceremonia de clausura del diplomado, sostuvo que la realización de esta actividad es parte del compromiso de la UABJO por promover nuevas formas de aprendizaje que permitan que ofrecer a la sociedad personas con una preparación académica de avanzada, y sus estudiantes dotarlos de herramientas que les ayuden a enfrentar la realidad social actual. Al intervenir, la Defensora de los Derechos Universitarios Yarib Hernández García agradeció a la Defensoría y la Unión Europea, así como al Instituto Interamericano de Derechos Humanos su interés y esfuerzo para poder hacer de este diplomado una realidad. Por su parte, la directora de la Unidad de la Acción Derechos Humanos para la Cohesión Social, Sylvia Bustamante, reconoció la voluntad de la Unión Europea, la Agencia Mexicana para la Cooperación y el Desarrollo, la Universidad de Tlaxcala, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la UABJO, que se comprometieron con este proyecto, que no sólo da elementos teóricos respecto a la defensa de derechos humanos, sino también prácticos, permitiendo el estudio de enfoques y abordajes específicos. Finalmente, el doctor en Ciencias Penales y representante de la Universidad de Tlaxcala, Luis González Plascencia, expresó su beneplácito porque este proyecto permitió ensayar una metodología innovadora en la defensa de derechos humanos, además de que la sinergia de instituciones como la UABJO junto con la Defensoría del Pueblo de Oaxaca permitió lograr el interés de organismos como la Unión Europea y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, lo que permite seguir avanzando en la generación de buenas prácticas para proteger y promover derechos humanos.