Mineras responsables de 22 violaciones a derechos de comunidades

Oaxaca .- Veintidós casos de violaciones a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas fueron presentados en el ‘Juicio Popular Comunitario en contra del Estado y las Empresas Mineras’ que se llevó a cabo el 11 y 12 de octubre en Oaxaca.

El Juicio Popular hizo posible que los pueblos y comunidades ejercieran su derecho a la protesta, la libre determinación y autonomía en un espacio seguro, lo que les permitió denunciar abusos y violaciones a derechos fundamentales, ante la incapacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones e impartir justicia.

Estuvieron presentes autoridades y miembros de los pueblos Chatino, Chontal, Cuicateco Ikoots, Mixe, Mixteco, Zapoteco y mestizo, en representación de 52 comunidades de regiones de Valles Centrales, Sierra Norte, Sierra Sur, Istmo, Mixteca y Cuicateca. Las y los representantes de los pueblos presentaron evidencias para denunciar proyectos mineros que se implementan con engaños o condicionamientos -incluyendo la criminalización y la represión- violentando el derecho a la vida de las personas y el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.

Las denuncias fueron presentadas a un jurado integrado por expertas y expertos internacionales, dando cuenta de la forma en que los proyectos mineros debilitan las instancias de organización como las asambleas comunitarias, atacan e incluso desaparecen o asesinan a personas defensoras, contaminan el agua y destruyen las zonas de siembra, ante la omisión o complicidad del estado. Actualmente se encuentran activos en Oaxaca, 41 proyectos mineros que pertenecen empresas registradas en Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México. La Secretaría de Economía ha otorgado 322 concesiones mineras de 2002 a 2016 en el estado de Oaxaca. Estas concesiones abarcan una superficie total de 462 mil 974 hectáreas.

Además, los proyectos mineros han violado derechos fundamentales de pueblos y comunidades indígenas como: el derecho al territorio y al acceso preferente a los recursos naturales, derecho al desarrollo propio, derecho a la identidad cultural y derecho a la información técnica y culturalmente adecuada.

Uno de los testimonios de mayores afectaciones al tejido comunitario fue presentado por habitantes de San José del Progreso, comunidad donde la mina Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines trabaja en la explotación de oro y plata desde 2011.

“Nos han dañado las parcelas en las que sembramos cerca de la empresa, nos han encarcelado y han asesinado a Bernardo Vázquez Sánchez y a Bernardo Méndez. Exigimos la cancelación de la minera Cuzcatlán y de todas las empresas en el estado de Oaxaca y castigo a los culpables por los asesinatos”, exigió Ignacio Francisco Vázquez Sánchez, presidente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO).

Habitantes del municipio de Magdalena Ocotlán, por su parte, denunciaron el reciente desbordamiento de la presa de jales de la empresa Fortuna Silver Mines, que contaminó el Río del Coyote. “La gente está alarmada porque el Río del Coyote se pintó de blanco. A escasos 10 metros del río está el pozo de agua que abastece a mi pueblo, a mi gente; y la autoridad municipal ya avisó a la gente que no consuma el agua del pozo, ¡pero dicen los mineros que no contaminan!”, reclamó uno de los representantes de esa comunidad.

Los casos fueron presentados ante un jurado conformado por Blanca Chancosa, Vicepresidenta de la Ecuarunari de Ecuador; Jakeline Romero Epiayu, integrante de la organización Fuerza de Mujeres Wayuu y Premio Nacional de Derechos Humanos de Colombia; Daniel Cerqueira, abogado brasileño experto en Derechos Indígenas de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF); Ignacio Henriquez, maestro en administración pública con experiencia en cooperación de Oxfam en El Salvador; Miguel Álvarez, presidente de SERAPAZ y Premio Nacional de Derechos Humanos de México; Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de México; Beatriz Gutiérrez, defensora comunitaria del Pueblo Ikoots de San Mateo del Mar, Oaxaca; Carmen Herrera García, de Abogados y Abogadas por la Justicia de los Derechos Humanos A.C; Francisco López Bárcenas, abogado mixteco, experto en derechos indígenas.

El jurado contó con el apoyo de los peritos, Ana de Ita, directora del Centro de Estudios para el Cambio del Campo Mexicano (CECCAM); Saul Rosado Zaidi del Colectivo Multidisciplinario por las Alternativas Locales (COMAL) y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) y Saúl Aquino, ciudadano de Capulálpam de Méndez.

Las consideraciones del veredicto final del jurado, fueron:

1. Adoptar medidas y políticas que garanticen de manera plena y efectiva el ejercicio de la libre determinación, autonomía, formas de gobierno y relación con sus territorios, lagunas, ríos, montañas y mares; así como estricto respeto de sus Sistemas normativos.
2. Declarar el estado de Oaxaca como un territorio libre de proyectos mineros.
3. Cancelar las concesiones y asignaciones mineras vigentes por haberse otorgado en completa violación de los derechos de los Pueblos indígenas y campesinos;
4. Suspensión inmediata de la entrega de títulos mineros en tanto no se elabore un nuevo marco jurídico que respete de manera plena y efectiva de los derechos de los pueblos indígenas;
5. Derogación de la actual Ley Minera y otras que guardan relación con esta industria; y la aprobación de una nueva ley en el marco de respeto de los derechos de los Pueblos indígenas y campesinos, protectora y tendiente a reparar integralmente las violaciones a derechos humanos hasta hoy ocasionadas.
6. Garantizar a quienes defienden los territorios indígenas frente a los impactos de las industrias extractivas, el ejercicio del derecho a defender sus derechos en condiciones de libertad y seguridad. Asimismo, se lleve a cabo la ratificación por parte del Senado de la República, del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
7. Detener la política de criminalización de la protesta social, castigar a los responsables de asesinatos y presentación con vida de manera inmediata, de las personas desaparecidas defensoras del territorio así como suspender las órdenes de aprehensión por las mismas razones, así como las amenazas individuales y colectivas.
8. Creación de un mecanismo efectivo y culturalmente adecuado para garantizar el acceso a información oportuna para los Pueblos indígenas, relacionada con planes y proyectos que pudieran afectar sus territorios y bienes comunes.

1. Cumplir con las recomendaciones formuladas al Estado mexicano por los mecanismos internacionales de Derechos Humanos, en particular de las Relatorías Especiales de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos.El veredicto se entregará a autoridades comunitarias, estatales, nacionales e instancias de derechos humanos a nivel nacional e internacional.

Comunidades y organizaciones participantes

Comunidades

Sierra Sur: San Pedro Tepalcatepec, San José Chiltepec, San Miguel Chongos, Santa Lucía Mecaltepec, Santa María Zapotitlán, Santa Ana Tavela, Miahuatlán, Santo Domingo Teojomulco, San Pedro Quiatoni, San Miguel Panixtlahuaca, Santos Reyes Nopala.

Valles Centrales: San José del Progreso, Magdalena Ocotlán, Ocotlán de Morelos, San Antonino Castillo Velasco, San Juan Guelavía, Magdalena Teitipac, Tlacolula de Matamoros, Maguey Largo, Villa Díaz Ordáz, Ejutla de Crespo, Los Ocotes Ejutla, Sebastián Tutla, San Juan Chilateca, Santa Catarina Minas, San Felipe Apostol, Xaaga-Mitla, San Martín de los Cansecos, Oaxaca de Juárez, Reyes Etla, Villa de Etla.

Sierra Norte: San Miguel Cajonos, Tanetze de Zaragoza, Santa Catarina Lachatao, Santa Catarina Yahuio, Santiago Teotlaxco, San Pedro Yaneri, Capulálpam de Méndez, San Pedro Cajonos, San Juan Tepanzacoalco, San Juan Chicomezuchil, San Juan Juquila Vijanos, Villa Hidalgo Yalalag.

Istmo: Santo Domingo Zanatepec, La Ventosa, Niltepec, San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar.

Mixteca: Tejocotes, agencia de San Juan Mixtepec, Tlaxiaco.

Cañada: San Juan Tepeuxila

Organizaciones

Asamblea Regional de los Valles Centrales contra la Minería; Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO),Tequio Jurídico A.C., Oxfam México, CDI Flor y Canto A.C., SERvicios del Pueblo Mixe A.C, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca S.C. (UNOSJO), Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) A.C, Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca (SURCO) A.C., Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), Radio Aire Zapoteco, Geocomunes, UCIZONI A.C., Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas (COOA), Guardianes del Mar, CDH Tepeyac, PRAXIS, Sección XXII CNTE-SNTE, Comuna Oaxaca, Consorcio Oaxaca, Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), EPOCA, FPR Miahuatlán, Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI), Enlace Comunicación A.C., Centro de Estudios de la Región Cuicateca (CEREC), Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Pobladores A.C., Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM), Unión Campesina Indígena de Oaxaca – Emiliano Zapata (UCIO-EZ); Coordinadora Indígena Popular Autónoma (CINPA), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (BARCA – DH), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), American Jewish World Service (AJW), Fundacíón Appleton, Oxfam IBIS, Pan para el Mundo. Instituciones de Investigación: CIIDIR, BUAP, UABJO, FLACSO, UNAM.

Observadores: Brigadas por la Paz (PBI), Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), Partner Südmexiko e.V., Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

Convocatoria y materiales del Juicio:

http://endefensadelosterritorios.org/category/juicio-popular-vs-mineria/