CIDH admite caso de feminicidio de Nadia Muciño

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de Nadia Alejandra Muciño Márquez, víctima de feminicidio por su entonces pareja y por su cuñado, quienes la asesinaron en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, en febrero de 2004. El pasado 24 de agosto de 2018 la CIDH emitió el Informe de Admisibilidad número 94/18 sobre el caso de Nadia Muciño, donde determinó que analizará de manera integral las violaciones cometidas por el Estado, entre ellas las actuaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) al investigar el feminicidio. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODDI), organizaciones civiles que representan legalmente a la familia de Nadia Muciño, celebraron en un comunicado que a 14 años de búsqueda de justicia este sea el primer caso de feminicidio perpetrado en el Estado de México que atrae la CIDH. Es el segundo después de un expediente de tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurridos en 2001. Tras agotar los recursos internos en el país sin la posibilidad de garantizar justicia para Nadia Muciño, la madre de la víctima, Antonia Márquez y las abogadas de la CMDPDH que la representan presentaron el 5 de octubre de 2010 la petición de admisibilidad del caso ante la CIDH (petición P-1402-10). Nadia Muciño fue asesinada el 12 de febrero de 2004 por su esposo Bernardo López Gutiérrez en contubernio con su hermano, Isidro López, alias “El Matute”. El crimen lo cometieron enfrente de los hijos de Nadia de entonces cinco, cuatro y dos años de edad. Después de asesinarla colocaron el cuerpo de Nadia en el baño de su casa con una soga en el cuello fingiendo que se quitó la vida. De inmediato la PGJEM actuó bajo el supuesto de un suicidio a pesar de conocer la violencia de pareja de la que fue víctima Nadia, asimismo las autoridades omitieron resguardar el lugar el crimen perdiendo material probatorio del asesinato, como la soga con que ataron a Nadia y ropa con muestras de sangre. Fue la persistencia de Antonia Márquez por encontrar justicia para su hija y nietos que se logró que en 2005 se investigara a los hermanos López por este crimen. Sin embargo, después de ser detenidos, en 2010 Isidro López obtuvo su libertad gracias a la decisión de un Tribunal que lo absolución del crimen por considerar inválidos los testimonios de los hijos de Nadia, quienes reconocieron a su tío como uno de los asesinos de su madre. Los magistrados concluyeron que por su edad los niños “eran incapaces de diferenciar entre una fantasía y un hecho real”. [caption id="attachment_376985" align="aligncenter" width="478"] CIMACFoto: César Martínez López[/caption] En octubre de 2017, después de 13 años del crimen Bernardo López recibió finalmente una sentencia de 42 años de prisión por el delito de “homicidio agravado”, ya que cuando Nadia fue asesinada el delito de feminicidio aún no se tipificaba en el Estado de México. CIDH DA RAZÓN A VÍCTIMAS En el proceso de admisión, la CIDH requirió al Estado mexicano información sobre la situación del caso de Nadia Muciño. En sus informes de respuesta –que fueron entregados con retraso- el gobierno mexicano alegó que no cometió ninguna violación a los Derechos Humanos de la familia de Nadia y había realizado todas las diligencias para corroborar el asesinato, de manera que solicitó a la Comisión Interamericana no aceptar el caso. Tras contrastar los elementos que proporcionaron las víctimas y el Estado, la CIDH aceptó el caso por lo que ahora continua un proceso de análisis de violaciones a los DH en los que incurrió el Estado y el gobierno mexiquense a lo largo de la investigación de este feminicidio. Con ello la CIDH emitiría un informe de fondo y dará recomendaciones que el Estado mexicano debe cumplir. Las organizaciones que representan a la familia de Nadia manifestaron en el comunicado que esperan las recomendaciones del organismo interamericano porque no sólo impactaran al caso de Nadia Muciño, sino también permitirán el acceso a la justicia para otras víctimas de feminicidio en todo el país, sobre todo en el Estado de México, que ha sido visibilizado desde hace varios por años por las organizaciones civiles como una de las entidades más violentas para las mujeres en el país. Para la CMDPDD el caso de Nadia Muciño es emblemático porque representa el extenso camino de impunidad, negligencias en las investigaciones, corrupción e insensibilidad de las autoridades encargadas de impartir justicia frente a los casos de feminicidio en el Estado de México, que de 2005 a 2010 ha cobrado la vida de 992 mexiquenses de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), por ello en 2015 se activó la Alerta de Violencia de Género en 11 de sus municipios. Entre los derechos que fueron violentados a Nadia Muciño y a su familia y fueron presentados en la petición ante la CIDH se encuentra el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad y la seguridad personal; por el acceso a la justicia están el derecho a las debidas garantías judiciales, el debido proceso y el derecho a la protección judicial, todos ellos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujeres (“Convención Belém do Pará”). También se reconocen los derechos violentados de los tres hijos de Nadia, quienes fueron testigos del feminicidio de su madre, quienes tienen derecho al interés superior de la niñez y la protección familiar, por ello la ODDI es la organización que ha luchado porque se repare el daño a los tres hijos de Nadia que quedaron en la orfandad y ahora cuida a cuestas su abuela Antonia Márquez. Cabe recordar que en noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sentenció al Estado mexicano por su responsabilidad en el feminicidio de tres jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua, caso conocido como Campo Algodonero.