Oaxaca.-labor jurisdiccional del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha permitido el reconocimiento y la protección de la igualdad, como en los derechos de los indígenas, afirmó la presidenta de esta institución,
Janine M. Otálora Malassis, al hablar de una sentencia reciente en la que se crearon 13 curules en la Cámara de Diputados exclusivamente para ciudadanos indígenas.
Al hacer la presentación de Armin von Bogdandy, director ejecutivo del Instituto Max Planck para el Derecho Público Comparado y el Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania, quien dictó la Conferencia Magistral “El papel de la ciudadanía y la democracia en la agenda del
Ius Constitucionales Commune: América Latina y Europa”, Otálora Malassis destacó que las constituciones de nuestro continente se reconocen cada vez más en naciones pluriculturales.
La magistrada presidenta refirió que América Latina apuesta a un constitucionalismo regional de derechos con garantías supranacionales que está formado por tres elementos: derechos humanos, democracia y estado de derecho.
“El desarrollo de este derecho constitucional común se debe a la historia propia de la región que ha tenido una herencia de regímenes autoritarios y un legado de instituciones débiles, cuyo fortalecimiento seguimos moldeando por diversas vías”, señaló.
“Desde la perspectiva apuntada, el desarrollo del derecho constitucional común en nuestra región se debe, en gran medida, a la debilidad de las instituciones. A raíz de la inestabilidad institucional, la sociedad civil ha tenido que acudir a organismos internacionales de protección de derechos humanos, lo cual ha aumentado su papel de relevancia en el continente como fuerzas transformadoras”, subrayó la magistrada presidenta.
La lucha de la ciudadanía, desde distintos frentes, dijo, ha impulsado la agenda
Ius Constitucionale Communae, ya sea a través del activismo legal o incidiendo directamente en reformas estructurales y, consecuentemente, en políticas públicas, lo que llevó a la gran reforma constitucional del artículo primero constitucional.
Al moderar la mesa “El paradigma del
Ius Constitutionale Commune: Elementos constitutivos para la integración de una agenda latinoamericana”, el magistrado de la Sala Superior,
Felipe de la Mata Pizaña, señaló que el tema del paradigma del derecho constitucional común en la región Latinoamericana es de central importancia para todo estado de derecho.
Al respecto, dijo que nuestro país nunca había contado con un orden jurídico tan conscientemente abierto al derecho internacional y al derecho comparado, como el que tiene en la actualidad. “Decididamente visible desde la reforma constitucional de junio de 2011, el derecho constitucional común tiene sentido en México, porque se trata de un país que ha tomado la decisión soberana de pertenecer a los sistemas universal y regional de los derechos humanos”.
El magistrado De la Mata agregó que la conformación del derecho constitucional común para México considera el proceso de formación de estándares que se construyen a partir de la jurisprudencia interamericana, en el mismo sentido que sucede para todos los países que han reconocido la jurisdicción de esa Corte supranacional.
En la mesa participaron José Luis Caballero Ochoa, de la Universidad Iberoamericana; Mariela Morales Antoniazzi, de Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht y José María Serna de la Garza, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México– International Association of Constitutional Law.
Al moderar la mesa “Los órganos internacionales e interamericanos en los procesos de democratización de América Latina”, el magistrado de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón, subrayó que el Derecho tiene que usar la herramienta del diálogo, junto a otras disciplinas, no sólo para comprender fenómenos como la corrupción, de desconfianza y una cultura política de baja calidad, sino para construir soluciones e instituciones, “y eso no aleja a los jueces o a la función judicial, más bien los acerca y compromete”.
La mesa estuvo integrada por Raúl Ávila Ortiz, académico y consultor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Salvador Romero Ballivián, del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos; y Christian Courtis, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sede Nueva York.
