Feminicidio de Ecatepec: consecuencia de 25 años de impunidad

Por: Anayeli García Martínez/Cimacnoticias

Oaxaca.-Como si fuera un hecho aislado, el pasado 8 de octubre la Procuraduría General de Justicia del Estado de México comenzó a deshilar la historia de Juan Carlos “N”, un presunto “enfermo mental” y asesino serial confeso; pero omitió contar cómo este caso, sólo es uno de los tantos que todos los días ocurren en esa entidad, donde las mujeres y niñas son interceptadas, retenidas, violadas y asesinadas por otros hombres.

La historia de este asesino, retomada y replicada por los medios de comunicación, convirtió de repente al municipio Ecatepec, en el Estado de México, en el epicentro del feminicidio, tal como hace 25 años lo fue Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.

Como sucedió en 1993 en Ciudad Juárez, cuando los crímenes contra las mujeres se atribuyeron a un asesino serial, a sectas religiosas o a traficantes de órganos, hoy se vuelve a dejar de lado la posibilidad de que las mujeres sean asesinadas por hombres que tienen el permiso de un Estado omiso que no investigó ni sancionó los primeros crímenes.

Desde hace 25 años, México vive un incremento de la violencia contra mujeres que ahora se extiende a niñas: desapariciones y asesinatos que al día, cobra la vida de 8 en todo el territorio nacional. En Ciudad Juárez, que parecía estar alejada de la radiografía del país, se advertía desde las organizaciones civiles, académicas y estudiosas del tema, que esta violencia podría extenderse a toda la República Mexicana si no se hacía algo al respecto.

Hoy la realidad nos alcanzó y casi la mitad del país se encuentra en Alerta de Violencia de Género, resultado de la impunidad e inacción del Estado mexicano para detener la violencia de género, aún cuando cuenta con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por feminicidio que lo obligó a establecer acciones que garantizaran que a las mexicanas no las siguieran matando.

EL ESTADO DE MÉXICO

Mientras el fiscal general del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez afirmó que no hay antecedentes de “esa violencia” en la entidad (refiriéndose al supuesto asesino serial), las cifras demuestran lo contrario.

Las estadísticas de defunciones por homicidios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indican que en 2017 cada día, en promedio, se arrancó la vida a una mujer. El año pasado 462 mujeres fueron asesinadas en territorio mexiquense. Según estos datos, en Ecatepec fueron 65; en Nezahualcóyotl 30, en Chimalhuacán 23 y en Tlalnepantla, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli 20, en cada municipio. 

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son más austeras, indican que de enero a agosto de 2018, en la entidad gobernada por el Partido Revolucionario Institucional, se registraron 64 presuntos delitos de feminicidio, lo que coloca al estado con la mayor cantidad, en comparación con el resto de las entidades.

Con todo y este diagnóstico sobre la violencia contra las mexiquenses y con los mecanismos y herramientas legales con los que cuenta, 20 mujeres tuvieron que ser asesinadas antes de que la policía estatal “tuviera un golpe de suerte” y capturara a dos presuntos responsables: un hombre y una mujer, quienes fueron detenidos con una carriola cuando se buscaba a un bebé desaparecido. 

Hasta ahora no ha sido suficiente contar con el tipo penal de feminicidio en el Código Penal, tener tres Centros de Justicia para las Mujeres (Cuautitlán Izcalli, Amecameca y Toluca) ni mantener medidas de prevención derivadas de la Alerta de Violencia de Género, activada en noviembre de 2015 en el Estado de México, para detener los asesinatos de mujeres.

Así como en 1993 en Ciudad Juárez los crímenes de mujeres se atribuyeron a asesinos seriales o sectas religiosas; ahora se responsabiliza a un hombre del fenómeno del feminicidio en un municipio; a quien además se le describe como “una persona enferma y con traumas” por el maltrato que vivió de su madre cuando era niño.

Como en su momento ocurrió en Juárez cuando nombraron a estos asesinatos por razón de género como “las muertas de Juárez”, los medios continúan convirtiendo la realidad en una novela de suspenso con algunos feminicidas “leyendas” dignas de contar, con traumas de su infancia, que sufrieron abusos sexuales o vivieron violencia por parte de sus madres.

Los medios de comunicación se han esforzado por usar las palabras precisas para describir cómo Juan Carlos “N” destruyó los cuerpos de las mujeres, por narrar la historia de vida del criminal y después contar las motivaciones de su cómplice, en síntesis, por hacer “pedagogía de la crueldad”, como le llama la antropóloga feminista Rita Segato al hecho de que los medios prácticamente hagan manuales para explicar cómo asesinar mujeres.

En 2004 la antropóloga feminista Marcela Lagarde, una de las impulsoras de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia y del tipo penal de feminicidio, afirmó que la información de los medios sobre la violencia de género era insuficiente y reflejaba el desconocimiento sobre el problema por lo que llamó a retomar los principios de la Declaración Plataforma y de Acción de Beijing, documento internacional firmado por el Estado mexicano en 1995, en el que se pide mostrar sensibilidad con las víctimas y sus familiares cuando se informa.

Dos años más tarde, Lagarde y de los Ríos ya como diputada federal, coordinó la investigación “Violencia Feminicida en la República mexicana”, donde explicó el contexto de la entidad mexiquense y formuló recomendaciones para atender la problemática.

De esta investigación se desprendió que en 2004, 89 mujeres y niñas fueron asesinadas en la entidad. En ese entonces se tenían 14 agencias  del Ministerio Público Especializadas en Atención a la Violencia Intrafamiliar y Social, el Centro Estatal de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia (CEPAMYF) y la Comisión de Derechos Humanos estatal tenía la Unidad de Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia (Uafamin). 

Tras analizar el contexto, la legisladora Lagarde recomendó -en 2004- cambiar el enfoque de las políticas públicas que entonces estaban diseñadas desde la concepción de violencia intrafamiliar, por una visión sobre la violencia contra las mujeres, para poder ejecutar acciones, programas y políticas con la finalidad de erradicar este problema.

Las recomendaciones fueron claras: esclarecer todos los homicidios de niñas y mujeres en la entidad y promover que los funcionarios que tuvieran a su cargo el diseño de políticas públicas y la atención a las mujeres recibieran formación en Derechos Humanos de las mujeres y perspectiva de género, entre otras.

Aunque sencillas, estas encomiendas pasaron inadvertidas y como resultado siguieron los hallazgos de cuerpos de mujeres que fueron arrojados al Río de los Remedios, un canal de aguas negras que cruza tres municipios mexiquenses; a lotes baldíos que quedan en medio de unidades habitacionales despobladas durante el día; o en calles rodeadas de fábricas o basureros.

En ese contexto, las y los vecinos de cada municipio fueron registrando en la memoria lo crímenes cometidos por desconocidos y en algunas ocasiones por personas cercanas y parejas de las víctimas. Así lo hizo la señora Emerenciana López Martínez, una mujer que sin saber de procesos penales y denuncias aprendió a recorrer Fiscalías y dedicó parte de su vida a acompañar a víctimas de violencia y exigir justicia en casos de feminicidio.

Doña Mere fue una de las vecinas que se dedicó a denunciar que el feminicidio era tan común que para las autoridades era normalizado.

En medio de esa impunidad de los primeros asesinatos, continuaron muchos más, como el de Nadia Alejandra Muciño Márquez, asesinada el 12 de febrero de 2004  por su pareja Bernardo López Gutiérrez, quien la golpeó y la asesinó con ayuda de Isidro, su hermano. El crimen se ejecutó en presencia de los tres hijos de la pareja, de entonces 5, 4 y 2 años de edad, en la casa de ella, en Cuautitlán Izcalli.

Los agresores simularon que Nadia se había suicidado con una cuerda y a pesar del testimonio de los niños el caso se investigó como suicidio. Después de 6 años y la insistencia de la madre de Nadia, la investigación tomó un giró y ella logró que los agresores fueran condenados, pero uno fue liberado por un Juez y el otro sigue el proceso con apelaciones.

La falta de acceso a la justicia hizo que en 2010 la familia de Nadia pidiera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conocer el caso, expediente recién admitido en agosto de este año.

No hubo gobernador ni procurador que detuviera la impunidad. En 2010 Mariana Lima Buendía fue asesinada por su entonces pareja, el policía judicial Julio Cesar Ballinas. Aunque se trató de un caso de feminicidio, la autoridad judicial le dio “carpetazo” al asegurar que se trataba de un “suicidio”.

El 29 de junio de 2010, Mariana fue hallada sin vida en su casa, en el municipio de Chimalhuacán. La madre de la joven, Irinea Buendía, denunció que el esposo de su hija amenazó varias veces con asesinarla, pese a ello el caso se investigó como suicidio. La familia logró llevar el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2015  ordenó a la Procuraduría General de Justicia estatal volver a investigar el asesinato de la joven con perspectiva de género.

En la resolución la Suprema Corte también dictó lineamientos específicos para la investigación de los asesinatos de mujeres como la obligación de recolectar y salvaguardar la evidencia para determinar si la víctima sufrió de violencia sexual o si ésta vivía en un contexto de violencia y evitar y en su caso sancionar la revictimización y discriminación de las víctimas.

Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, entre 2005 y 2010 se registraron 922 homicidios dolosos contra mujeres. En 56.72 por ciento de ellos las autoridades desconocen quién es el homicida, situación que hizo que el 8 de diciembre la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio presentaran una solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género.

En medio de un proceso burocrático y de acusaciones del uso político de los crímenes, en 2011 la solicitud se declaró improcedente, lo que llevó a las organizaciones a interponer recursos legales y que se aceptara en 2014. Fue en julio de 2015 cuando se declaró la Alerta para once municipios mexiquenses, incluyendo el de Ecatepec.

El Estado de México tiene tipificado el feminicidio en el artículo 242 bis de su Código Penal y la obligación de investigar los casos como lo dejó claro la resolución del caso Mariana Lima en la Suprema Corte y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el feminicidio de tres mujeres en Ciudad Juárez, conocido como Campo Algodonero, dictada en 2009.

Con todos estos instrumentos y recomendaciones, la sociedad civil aún debe hacer presión para que el Estado haga uso de ellos y termine con la impunidad, mientras que a los medios de comunicación les exigen respetar los derechos de las víctimas y sus familias y dejen de hacer “pedagogía de la violencia de género”.