Comunicado
•El caso muestra que la PGR no tiene ni la capacidad ni la voluntad política de investigar hasta las últimas consecuencias.
Oaxaca.-Hace ya ocho meses, 11 periodistas, activistas y defensores de derechos humanos acudimos a la Procuraduría General de la República (PGR) para denunciar el espionaje cometido en nuestra contra con el malware Pegasus. El día de hoy, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y The New York Times han publicado nueva información relevante sobre el caso.
Desde la presentación de la denuncia advertimos de nuestra desconfianza en que la PGR fuera capaz de investigarse a sí misma, ya que existen evidencias de que fue esa dependencia quien adquirió el malware, más aún cuando el propio jefe del Ejecutivo condenó al fracaso la investigación amenazando a los denunciantes y concluyendo de manera anticipada que los señalamientos eran falsos.
Esto nos hizo insistir en la necesidad de la conformación de un panel de expertas y expertos independientes que pueda dar garantías a quienes fueron espiados y a la sociedad en general de que la investigación será exhaustiva, imparcial y profesional. Sin embargo, el gobierno mexicano ha rechazado esta exigencia.
Tal y como lo revela la nota periodística publicada por The New York Times el día de hoy, y como los denunciantes hemos constatado en el expediente, la PGR no tiene ni la capacidad ni la voluntad política de investigar un caso tan grave hasta las últimas consecuencias. Los indicios más relevantes de esto son:
•En el expediente, la Agencia de Investigación Criminal de la PGR ha aceptado que adquirió las licencias de uso de Pegasus y que el equipo desde el cual se opera dicho software se encuentra ubicado en sus oficinas de la Ciudad de México. Sin embargo, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), a cargo del caso, no ha realizado ningún acto de investigación respecto de la AIC a pesar de estos elementos y de reiteradas solicitudes de parte de los denunciantes y de recomendaciones de peritos expertos en la investigación, como Citizen Lab.
•No se han identificado y entrevistado a los agentes entrenados para operar Pegasus.
•No se han hecho visitas a las instalaciones en las que es operado el software.
•No se han revisado las cámaras de vigilancia, registros, bitácoras o medidas de seguridad implementadas en torno al uso del sistema.
•No se ha solicitado el contrato y anexo técnico por el que adquirió Pegasus a pesar de que éste ya se ha hecho público por la prensa.
•La Fiscalía no ha solicitado documentos adicionales ni realizado práctica forense alguna en los servidores y equipos utilizados para operar Pegasus y parece satisfecha con la inverosímil aseve ración de la agencia de que “no existe base de datos en la que se registre los números y personas” espiadas con Pegasus. Es decir, no sabe contra quién ha usado Pegasus.
•Como lo han señalado a The New York Times expertos forenses y la propia empresa fabricante del malware, NSO Group, un análisis forense de los servidores y equipos desde los que se opera el sistema Pegasus debe encontrar un registro de las infecciones realizadas con ese sistema. No obstante, la Fiscalía se ha negado a hacer cualquier acto de investigación al respecto.
•Por el contrario, la investigación se ha centrado en diligencias inútiles como búsquedas en Google, en páginas como “quienhabla.mx” y “pipl.com”, en perfiles de redes sociales de los denunciantes o solicitudes de información a más de 2000 municipios en el país.
•Las solicitudes de colaboración a instituciones como el FBI no han arrojado ningún resultado; al respecto The New York Times reveló que una fuente del FBI confirmó que no participarían en una investigación que amenaza con ser una “simulación”. En este sentido, la nota publicada el día hoy muestra que la PGR pudo haber usado dolosamente el nombre de instituciones como esta para afirmar, sin elementos para ello, que intervendrían en la investigación, en un intento de aparentar una apertura al escrutinio que no ocurrió.
•En ocho meses, la PGR no ha investigado la trama de corrupción que podría estar detrás del uso ilegal de Pegasus. En este sentido, ha avanzado más ágilmente la investigación periodística realizada por instancias como MCCI. Dicha organización develó el día de hoy cómo un funcionario de la propia PGR estuvo vinculado a una de las compañías ligadas al grupo empresarial que vendió, en 32 millones de dólares, el malware a la propia PGR, en un esquema de asignación directa en el que invocó el concepto de “Seguridad Nacional”, pese a que la empresa en cuestión carecía de experiencia en este campo. Sobre este particular, ante esta nueva revelación hemos solicitado formalmente a la PGR que realice 17 diligencias vinculadas con el esclarecimiento de esta línea de investigación y que amplíe la indagatoria respecto de los posibles delitos de corrupción cometidos.
En vista de las graves omisiones en la investigación, tanto los denunciantes como nuestros represen- tantes hemos solicitado de manera recurrente la realización de múltiples diligencias buscando siempre colaborar con la indagatoria. Sin embargo, la FEADLE primero se mantuvo en silencio ante tales peticio- nes, por lo que fue necesario interponer una demanda de amparo, luego de lo cual la Fiscalía tuvo que responder “que las acordará en el momento que lo considere oportuno”. Como esto no ha ocurrido, hemos ampliado la demanda dentro del juicio de amparo interpuesto, solicitando el Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México que ordene la realización de los actos de investigación solicitados.
Por todo lo anterior exigimos:
Reiteramos la exigencia de que se establezca un mecanismo extraordinario para asegurar garan- tías de independencia en la investigación, tales como la intervención de un panel de expertos y expertas independientes, que incluya la participación de mecanismos internacionales de derechos humanos.
Se investigue a fondo el uso brindado al sistema de espionaje Pegasus por parte de la Agencia de Investigación Criminal, entrevistando al personal encargado de su operación; realizando interven- ciones forenses por parte de peritos independientes a los servidores y equipos desde los que se opera el sistema Pegasus; e indagando en torno a los procesos de decisión y las medidas de segu- ridad existentes para la operación de este sistema.
Ante la evidencia de la incapacidad de la PGR y la nula voluntad del gobierno federal de llevar a cabo una investigación seria, imparcial y exhaustiva, exigimos a los candidatos presidenciales hacer un pronunciamiento público sobre la necesidad de crear un panel de expertas y expertos in- dependientes que investigue a fondo el caso; así como reformar el Artículo 102 de la Constitución para construir una Fiscalía que pueda investigar a fondo casos como el arriba mencionado.
