Por violencia renuncian a aspiraciones políticas

En total 225 mujeres que alzaron la mano para participar en estas elecciones finalmente desistieron de sus pretensiones y aunque no hay certeza de cuáles fueron los motivos, el contexto de violencia puede ser una de las causas. Los datos obtenidos de la Comisión temporal para el fortalecimiento de la igualdad de género y no discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE) muestran que hubo renuncias de candidatas de todos los partidos políticos que buscaban ser legisladoras federales. La estadística del INE indica que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue la agrupación política con más bajas, en total 42 mujeres renunciaron. De ellas 13 candidatas iban por una senaduría y 29 por una diputación federal. En ambos casos ya sea por voto directo o por la vía plurinominal. El partido que le siguió en número de renuncias fue Nueva Alianza (Panal) donde 31 mujeres abandonaron la candidatura, de ellas 8 fueron postuladas para llegar al Senado y 23 para ser diputadas y también se trató de candidatas que pretendían competir por el principio de mayoría relativa o por la vía plurinominal. En tercer lugar están las renuncias de las candidatas de la coalición “Por México al frente”, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), con una candidata a senadora y 29 a diputaciones federales, registradas por la vía de mayoría relativa. A esta coalición le siguió la alianza de los partidos “Todos por México”, conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), PVEM y Panal, que juntos sumaron 25 renuncias de mujeres: 20 de candidatas a diputadas y 5 a senadoras. De acuerdo con la consejera electoral del INE, Dania Paola Ravel Cuevas, en el organismo no realizan encuestas o análisis sobre los motivos de renuncia de las y los candidatos y por tanto no se tiene certeza de las razones para dejar la postulación. El 17 de mayo la entonces candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, presentó su renuncia a la candidatura ante el Instituto Nacional Electoral (INE) después de que constató que las preferencias electorales no la favorecían. Zavala no fue la única. A lo largo de este proceso electoral, en el que se elegirá Presidente, 8 gubernaturas y una Jefatura de Gobierno, Congresos locales, ayuntamientos, juntas municipales y alcaldías, hubo otras mujeres que también desistieron. El 13 de junio Gabriela Olvera Marcial, candidata a diputada federal por la coalición Por Oaxaca al Frente, anunció su renuncia ante la violencia política y de género por parte del candidato de la misma coalición al Senado, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva. En varios casos más, las candidatas que hablaron públicamente de sus renuncias atribuyeron su decisión a la falta de apoyo de sus partidos o al contexto de violencia en el país. Por ejemplo, el 14 de junio Martha Alejandra Caballero Sánchez, candidata del PRD a la alcaldía de Tequisquiapan, en el estado de Querétaro, anunció en redes sociales su renuncia a su candidatura a la presidencia municipal por motivos personales, pero también por falta de apoyo de su partido. El 13 de abril de este año Dulce Alegría Navarrete Vadillo, renunció a la candidatura de la coalición “Todos por México” a la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas, en el estado de Quintana Roo, al asegurar que existían prácticas antidemocráticas de sus compañeros candidatos y ante la falta de garantías de su seguridad. Los casos de mujeres que fueron obligadas a bajarse de la contienda empezaron desde al año pasado; por ejemplo, en noviembre del 2017 la sonorense Célida Teresa López Cárdenas, aspirante el Senado acusó al secretario general del PAN de negarle la candidatura al Senado y renunció a sus pretensiones y a su partido. El nivel de violencia en estas elecciones sumó campañas de desprestigio, amenazas, atentados y asesinatos. En junio el INE informó que tenía un registro de 19 asesinatos, 13 de hombres y 6 de mujeres que eran precandidatos o candidatos a un cargo de elección. Los crímenes hicieron que ciudadanas y políticas se sumaran a la campaña #AltoALaViolenciaPolítica, #NoEsElCosto y #YaBasta para condenar los crímenes y exigir justicia con el objetivo de que las mujeres puedan participar en los procesos electorales en libertad. “Una  sola muerte es suficiente para indignarse y ser rechazada, una sola muerte empaña el buen desarrollo de unas elecciones. Todas esas muertes, sean de mujeres u hombres son absolutamente reprobables y lamentables”, dijo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello. Días después, el director del Centro de Información de la ONU en México, Giancarlo Summa, dijo que entre los desafíos y retos de estas elecciones estaba la violencia política electoral que alcanzó niveles jamás vistos, la implementación de la reforma política de 2014 –que entre otros cambios introdujo la paridad como principio constitucional- y en sí la magnitud de la elección por la cantidad de cargos a elegir. El sábado 2 de junio fueron asesinadas la regidora con licencia y aspirante del PRI a concejal del municipio de Juchitán, en el estado de Oaxaca, Pamela Terán Pineda, junto a su chofer Adelfo Guerra Jiménez y la fotógrafa María del Sol Cruz Jarquín. Ese mismo día pero en Puebla, fue asesinada la candidata a diputada local por el distrito de Huauchinango y abanderada por el PVEM, Juana Maldonado Infante, junto con la regidora del municipio poblano de Juan Galindo, Erika Cázares. A estos dos casos de candidatas se suma el homicidio de la candidata a diputada local en Michoacán por el PVEM, Maribel Barajas, quien el 11 de abril fue encontrada apuñalada y golpeada, aunque de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la candidata fue asesinada por una disputa personal. El 6 de mayo fue asesinada la candidata del PRD a regidora del municipio de Ignacio Zaragoza, en Chihuahua, Liliana García; el pasado 25 de febrero fue asesinada en el municipio de Chilapa, en Guerrero, la precandidata del PRI a diputada local en el distrito 25, Dulce María Rebaja Pedro; y el 21 de enero fue asesinada la exregidora del municipio de Chilapa y precandidata a una diputación local el PRD, Antonia Jaimes Moctezuma. Aunque la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, (Fepade) anunció que se sumó a la iniciativa ciudadana contra la violencia política de género, falta conocer cuántos casos investiga y en cuántos hay sanciones.