Comunidades de Oaxaca rechazan los parques eólicos de las multinacionales

Oaxaca.-“Es limpia, abundante y confiable, económica, de bajo impacto y crea empleos”. La Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) apunta que, a finales de 2017, la capacidad de energía obtenida del viento instalada en México sumaba 4.005 megavatios, de los que 2.360 correspondían al estado de Oaxaca. Las previsiones en 2018 se elevan a 5.891 megavatios en todo el país, y 2.756 en Oaxaca. Asimismo los principales fabricantes de aerogeneradores en México son las multinacionales Siemens Gamesa, Acciona y Vestas, según la página Web de la asociación, que cifra en 42 los parques eólicos operativos en el país. El Istmo de Tehuantepec es, por la fuerza de los vientos, los más intensos de México, una región estratégica para la producción de energía eólica. En el Istmo se sitúa el complejo Oaxaca II-III-IV, propiedad de Acciona: tres parques eólicos -con capacidad operativa de 306 megavatios- inaugurados en 2012 por el expresidente Felipe Calderón con el reclamo de ser “el mayor complejo eólico de América Latina”. En 2016 otro exmandatario, Enrique Peña Nieto, participó en el acto inaugural de la Central Eólica Sureste I (segunda fase), con una capacidad de 100 megavatios y una inversión de Enel Green Power de 157 millones de dólares. Se ubica en el municipio oaxaqueño de Asunción Ixtaltepec.                 En un comunicado de junio, la Secretaría de Energía (SENER) del Gobierno de México señalaba un crecimiento de la energía eólica en Oaxaca del 600% en los últimos seis años. La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de Oaxaca contabiliza en su página Web 22 parques eólicos y 1.633 aerogeneradores operativos, propiedad de Iberdrola, Acciona, la estatal Électricité de France, la compañía pública italiana Enel, Renovalia, Mitsui (Japón), Gas Natural Fenosa, Industrias Peñoles (México) y ZUMA Energía (México), entre otras empresas. Asimismo el Gobierno de México promueve una línea de transmisión eléctrica de 1.220 kilómetros, que permitirá transportar 3.000 megavatios desde Ixtepec (Oaxaca) hasta Yautepec (Morelos). Con una inversión prevista de 1.200 millones de dólares, la nueva infraestructura –actualmente en fase de licitación- hará posible según la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “desahogar” la energía eólica que se genera en el Istmo de Tehuantepec. “He sufrido amenazas, agresiones e intentos de asesinato, por lo que he tenido que salir de la comunidad tres veces; también estuve en la cárcel y mi esposo ha recibido la visita de sicarios; en 2012 viví un proceso penal de cuatro años del que me absolvieron”, comenta Lucila Bettina Cruz Velázquez en el Centre Social Terra de Valencia. La Policía Federal capturó a la activista en febrero de 2012, cuando participaba en el movimiento contra el alza de las tarifas impuestas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en la lucha por los derechos sobre la tierra en la comunidad de Unión Hidalgo (Oaxaca), donde la empresa mexicana DEMEX, filial de la española Renovalia (a su vez comprada en 2016 por el fondo de capital riesgo Cerberus) construyó el parque eólico “Piedra Larga”; las dos fases del complejo fueron inauguradas en 2012 y 2014, pero las reivindicaciones han continuado: arrendadores de tierras a DEMEX bloquearon el acceso a los parques eólicos el pasado 23 de marzo para pedir una revisión de los contratos. El pasado cuatro de enero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a Lucila Bettina Cruz y su núcleo familiar. Miembro de la comunidad indígena zapoteca de Juchitán de Zaragoza (Oaxaca), es coordinadora de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño (APOYO) y portavoz de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT). La decisión de la CIDH está relacionada con la lucha comunitaria contra el proyecto “Eólica del Sur”, un parque de 132 aerogeneradores -con una capacidad total de 396 megavatios- en los municipios de Juchitán de Zaragoza y El Espinal. El Gobierno de Oaxaca ha anunciado una inversión de 1.200 millones de dólares en este complejo eólico promovido por Mitsubishi. En enero de 2015 el Gobierno de México otorgó el permiso para que “Eólica del Sur” pudiera generar energía eléctrica en 5.332 hectáreas de los dos municipios. Unos meses después, más de mil indígenas zapotecas presentaron una demanda de amparo ante el Juzgado de Distrito para que se anularan los permisos, “por violar el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada” según establece el Convenio 169 de la OIT; entonces los activistas ya denunciaron persecuciones e intimidaciones por parte de sujetos armados, empleados de una constructora que operaba para la empresa Energía Eólica del Sur. En diciembre de 2015 el juez decidió la suspensión del proyecto como medida precautoria; sin embargo, en junio de 2016 El Juzgado de Distrito negó el amparo a la comunidad. Presentado el recurso de revisión, el caso volvió a virar a favor de los indígenas en enero de 2018, ya que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) atrajo para su resolución el amparo sobre la consulta previa. Mientras, el Gobierno de Oaxaca, Energía Eólica del Sur y Mitsubishi escenifican ante los medios informativos la colocación de la “primera piedra” de las obras (noviembre de 2017), los avances en la construcción y el volumen de las inversiones.                   “La lucha comenzó hace más de una década; las empresas han llegado engañando a la gente, se ha producido un despojo de las tierras y formas de subsistencia”, explica Lucila Bettina Cruz. Électricité de France (EDF) proyecta el parque eólico de 252 megavatios “Gunna Sicarú” en Unión Hidalgo. Este parque –el cuarto que EDF desarrolla en Oaxaca- ocupará un área de cerca de 4.400 hectáreas de tierra arrendada y turbinas suministradas por Siemens Gamesa, según la página Web de EDF; en mayo el Juzgado de Distrito suspendió la construcción y puesta en marcha de la central eólica, tras el amparo interpuesto por las comunidades zapotecas con el acompañamiento de la ONG Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); el juez suspendió asimismo la consulta promovida por las autoridades federales y estatales. En septiembre de 2017 cerca de 500 personas se manifestaron en Comunidad Hidalgo contra el complejo eólico; el pasado siete de junio la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió una Alerta Temprana, dirigida a las autoridades, por los riesgos que afronta el Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo. El organismo público argumenta que el Comité acompaña a los propietarios de tierras en los que se plantea la instalación de “Gunna Sicarú”, ya que se muestran “inconformes con el proceso por el que la empresa consiguió el permiso para operar en sus terrenos”. Lucila Bettina Cruz aclara que las plantas eólicas no son las únicas amenazas al territorio. Así, comunidades zapotecas del municipio de San Blas Atempa realizaron en abril de 2017 un bloqueo de carreteras y una acción de retirada de maquinaria contra la explotación del Cerro Iguú; denunciaron que la extracción de materiales en este centro ceremonial y ancestral indígena se desarrolla “sin la autorización de la asamblea general de comuneros ni la consulta a las comunidades”; además rechazan la construcción de una subestación eléctrica vinculada al parque eólico de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), cuyo objetivo es el autoabastecimiento de la base aérea militar de Ixtepec. Otra iniciativa oficial de “desarrollo” en Oaxaca es la Zona Económica Especial (ZEE) de Salina Cruz, declarada por el expresidente Peña Nieto en diciembre de 2017 para la atracción de inversiones mediante ventajas fiscales; uno de los primeros anuncios en relación con la ZEE es el de Southwest Energy: 460 millones de dólares en una planta para la producción de parafinas y lubricantes sintéticos. Asimismo está previsto el gasoducto de 247 kilómetros entre Salina Cruz y Jáltipan (Veracruz). Y la conclusión de dos “supercarreteras”: los 104 kilómetros finales de la autopista Oaxaca-Puerto Escondido, que comunica la capital oaxaqueña con la costa del Pacífico y de cuya construcción se hace cargo actualmente el Gobierno Federal; y la autovía Mitla-Tehuantepec, que conectará Oaxaca con el Istmo y concluirá el grupo Carso presidido por el multimillonario Carlos Slim. Pero hay otra realidad menos luminosa. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) ha registrado 391 ataques a defensores de los Derechos Humanos en el país durante el periodo 2010-2017, la mayoría relacionados con la minería, el despojo de tierras y los proyectos de infraestructuras; entre julio de 2016 y finales de 2017, la ONG ha contabilizado 88 ataques contra activistas, principalmente en Estado de México, Oaxaca y Puebla. “El Estado mexicano, en sus tres niveles, continúa siendo el principal agresor”, concluye el informe de 2017 del CEMDA. El informe ciudadano “Bajo ataque. Los derechos humanos en Oaxaca” señala al menos seis asesinatos en 2017 contra defensores, en algunos casos mientras se hallaban en cárceles municipales o con protección estatal vía medidas cautelares. Por otra parte, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras ha denunciado el “patrón sistemático” de ataques que la organización civil feminista Consorcio Oaxaca ha sufrido en los últimos siete años, que incluyen allanamientos, robos y campañas de intimidación. El 22 de julio fue asesinado por la espalda en la Colonia de Álvaro Obregón (municipio de Juchitán de Zaragoza) Rolando Crispín López, miembro de la APIITDTT, la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco y policía comunitario; Álvaro Obregón fue una de las comunidades que en 2012 comenzó la resistencia contra el proyecto eólico de 132 aerogeneradores “Barra Santa Teresa”, impulsado por Mareña Renovables. En abril de 2017 la víctima mortal fue Alberto Toledo Villalobos, asesinado en el municipio oaxaqueño de San Pedro Tapanatepec; formaba parte del movimiento contra las altas tarifas eléctricas en la localidad de Chauites y contra las mineras que planean instalarse en la zona oriental del Istmo. Unos meses antes Rodrigo Flores Loza, de la articulación APOYO y la APIITDTT, recibió amenazas y sufrió un asalto con arma de fuego cuando salía del centro de trabajo. El mapa de la represión y los ataques podría continuar en el municipio de San Dionisio del Mar, que también se ha significado en la batalla contra los megaproyectos eólicos; cinco integrantes de la Asamblea General del Pueblo resultaron heridos por los disparos de pistoleros, el pasado 29 de marzo, durante la celebración de las festividades del Judío.

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